El perito Gerardo Carlo ve posibles violaciones a la ley federal (horizontal-x3)
Mencionó, además, que los gobiernos adoptaron la práctica de emitir deuda para pagar gastos operacionales, lo que estaría impedido por la Constitución.

El exjuez puertorriqueño especializado en bancarrota Gerardo A. Carlo-Altieri sostuvo que es tiempo de que el Congreso estadounidense investigue las emisiones de deuda de Puerto Rico, ante posibles violaciones a la ley federal de valores y a conflictos de interés.

Terminada la suspensión automática de litigios provista en la ley PROMESA, lo que da pie a múltiples batallas legales contra la Isla, Carlo-Altieri indicó que el Congreso, que le dio a Puerto Rico un remedio de bancarrota sin comparable en suelo estadounidense y creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), también debe indagar la deuda de Puerto Rico.

“No sé por qué no se ha estudiado a plenitud si se puede encontrar a alguien culpable, pero sí hay compañías de seguro que aseguraban a algunos de los bufetes que emitieron opiniones. Estos alegan que se basaban en la opinión del secretario de Justicia, pero son asuntos que tendrían que litigarse”, dijo Carlo-Altieri cuando se le preguntó si el juez que tenga a su cargo resolver la renegociación de la deuda pública de Puerto Rico podrá solicitar una auditoría de la deuda para impartir justicia.

De acuerdo con Carlo-Altieri, más allá de que se invalide alguna parte de la deuda, investigar el asunto también serviría para “limpiar el aire” ante los señalamientos de conflictos de interés y acciones impropias que han tocado desde integrantes de la JSF hasta los bancos de inversiones que han estructurado la deuda de la Isla.

La sección 411 de PROMESA instruye a la Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés) a preparar un informe sobre la deuda de Puerto Rico y enviarlo al Congreso, pero no establece ninguna encomienda investigativa en el tema.

Para Carlo-Altieri, quien durante su carrera presidió el tribunal federal de quiebras en Puerto Rico e integró el panel de bancarrota en el Primer Circuito de Apelaciones, hay demasiados cuestionamientos en torno a la confiabilidad de las cifras del gobierno y la forma en la que se emitió deuda, que urge indagar en el asunto.

A manera de ejemplo, Carlo-Altieri recordó que las casas acreditadoras emitieron una clasificación crediticia a Puerto Rico en el 2014 para emitir cerca de $3,500 millones en ausencia de estados financieros, lo que sería contrario a la reglamentación de valores federal.

Mencionó, además, que los gobiernos adoptaron la práctica de emitir deuda para pagar gastos operacionales, lo que estaría impedido por la Constitución.

“El desbarajuste que existe en Puerto Rico con las cifras y los números es impresionante”, agregó Carlo-Altieri.

Cambio de sillas

De otra parte, el exjuez señaló que la JSF ha impartido instrucciones de recortes a las operaciones del gobierno y la Universidad de Puerto Rico sin que existan estados financieros auditados, mientras se “inventó” el concepto de “un informe puente” que utiliza como base números “fatulos” de los años fiscales 2012 al 2014 para justificar las acciones que se tomarán.

Sobre todo, Carlo Altieri dijo que tras la aprobación de PROMESA, ahora participan en la reestructuración de la deuda los que ayudaron a crearla.

“Tenemos profesionales con conflicto. Los que están aprobando las negociaciones han sido participantes en muchas de las emisiones”, dijo Carlo-Altieri, al señalar que con PROMESA no están aplicando las reglamentaciones de conflicto de interés que aplican en procesos de bancarrota.

Todos esos asuntos cobran un matiz particular desde la medianoche, cuando Puerto Rico perdió la protección que le dio PROMESA y que por los pasados ocho meses impidió que múltiples bonistas reclamaran sus acreencias al gobierno ante un juez.

El Nuevo Día reportó el domingo que ante la falta de un acuerdo sustantivo entre Puerto Rico y sus abogados, el futuro financiero y económico de la Isla quedará en manos del sistema judicial federal. Esta situación resultará en una avalancha de demandas contra la Isla o la posibilidad de que un gobierno estatal solicite un remedio parecido a los procesos de quiebra que reclaman personas, empresas o gobiernos municipales cuando no pueden pagar sus deudas. En el ámbito de los gobiernos, empero, se aplica lo dispuesto en el capítulo 9 del Código de Quiebras federal, pero este solo aplica a gobiernos municipales o corporaciones públicas. En ese sentido, el Congreso estadounidense dio a Puerto Rico un tratamiento único al conceder al gobierno central la oportunidad de buscar una quita entre los bonistas constitucionales.

Según el también vicepresidente académico del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal en España, en procesos de bancarrota, se recaba la participación de peritos para poder entender la situación y tomar las decisiones que procedan en derecho, pero acto seguido, destacó que las múltiples controversias en relación a las condiciones bajo las que Puerto Rico ha emitido deuda a través de los años hacen necesario que se tomen otras acciones regulatorias e investigativas.

Explicó que una posibilidad podría ser un comité para auditar la deuda. Dicho reclamo ciudadano, dijo el exjuez, surgió primero en Brasil, donde se intentó aprobar una ley que no llegó a nada luego de una década. En Ecuador, el proceso forzó a los acreedores a sentarse en la mesa de negociación.


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