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Se puso un fin definitivo al proceso de negociación que el gobierno de Puerto Rico habría puesto en marcha en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal.(Shuttterstock)

Los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) que mantuvieron conversaciones hasta el último minuto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para llegar a un acuerdo, estaban dispuestos a aceptar un recorte de 10 centavos de dólar y conceder una moratoria de 10 años en el pago de la deuda constitucional.

La contraoferta que supondría una diferencia de unos 30 centavos en relación a la propuesta inicial que hizo Puerto Rico no habría sido aceptable para llegar a un acuerdo, poniendo fin definitivo al proceso de negociación que el gobierno de Puerto Rico habría puesto en marcha en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El intento fallido, según fuentes de El Nuevo Día, parece quedar en evidencia en un reporte que la AAFAF presentó ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés) esta mañana, cuando la agencia responsable de renegociar la deuda pública de la Isla divulgó la contraoferta del grupo Ad-Hoc GO sin anejar a esta detalle alguno acerca de las negociaciones o una hoja de términos, un documento que suele ser incorporarse en los procesos de negociación y papeles contractuales que describen las condiciones establecidas entre las partes.

Hasta hace unos minutos El Nuevo Día no había podido confirmar por más tres fuentes separadas, si la AAFAF y el grupo Ad-GO lograron encontrar terreno común y de ser el caso, si el acuerdo fue consultado con la JSF y descartado por el ente federal.

De haberse encontrado terreno, los acreedores estarían dispuestos a firmar un acuerdo de indulgencia, frenando cualquier acción en los tribunales.

Sin embargo, el ánimo en el proceso de negociación entre las partes, según fuentes de El Nuevo Día, pareció cambiar de curso, pues en medio de las conversaciones, el grupo Ad Hoc-GO que posee unos $1,400 millones en GOs emitidos en 2014, demandó a Puerto Rico en la corte estatal de Nueva York. 

Allí le pidió a un juez que ordene el pago de lo adeudado por Puerto Rico, aunque ello requiera utilizar “todos” los recaudos del erario.

Según la contraoferta de los GOs, el grupo aceptaría en principio intercambiar su actual acreencia según la estructura que propuso Puerto Rico. El grupo aceptaría bonos senior con un recorte de 30 centavos de dólar, y tendría la oportunidad de recuperar otro 20% en el bono de flujo de efectivo principal (CFB).

Sin embargo, la propuesta planteaba que habría que litigar el futuro de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) o llegar a un acuerdo con estos para distribuirse entre las partes el servicio a la deuda que se determinó en el plan fiscal certificado.

El Ad Hoc GO y los bonistas principales de Cofina se acusan mutuamente de poseer deuda ilegal de Puerto Rico.

Desde que Puerto Rico fue demandado por ambas partes, la JSF ha rehusado inclinarse hacia un grupo de acreedores sobre otro, por lo que el acuerdo pudo haber sido rechazado por el ente federal. 

El Gobierno, en cambio, pareció alinearse con el grupo Ad Hoc-GO, una vez pidió a la corte que resolviera la controversia de manera expedita. Para los bonistas de Cofina, que también demandaron a Puerto Rico, el Gobierno ha incumplido con estos por no defender la estructura que se creó mediante ley imponiendo responsabilidades fiduciarias a los funcionarios que representan Cofina.

La falta de un acuerdo entre las partes se da a conocer en el segundo día desde el fin de la protección contra litigios que a través de la ley federal PROMESA, Puerto Rico disfrutó hasta el lunes 1 de mayo.


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