La crisis también genera bonanza (vertical-x1)
A solo horas de que la crisis fiscal de la Isla quede en manos de los jueces por el fin de la suspensión automática en litigios, El Nuevo Día ofrece un vistazo a algunos de los protagonistas de la saga y los roles que han jugado o juegan en la actualidad.

Desde que el gobierno de Puerto Rico decidió renegociar la deuda pública hace unos dos años y ahora con la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la crisis fiscal que encara el territorio estadounidense se ha convertido en una bonanza para decenas de firmas y expertos en temas financieros, abogados y economistas, e incluso, para funcionarios de administraciones pasadas y políticos.

De acuerdo con un análisis efectuado por El Nuevo Día, a pesar de que el gobierno no ha completado ningún proceso de renegociación de deuda en casi dos años y ahora, podría quedar atrapado en una lluvia de demandas por la expiración de la suspensión automática de litigios provista en PROMESA, millones de dólares de los contribuyentes de la Isla se han presupuestado o gastado en asuntos vinculados con la deuda pública.

Los acreedores y aseguradores de Puerto Rico también han invertido millones de dólares para hacer frente al territorio estadounidense, sea en las cortes, desarrollando campañas publicitarias y de activismo político o pagando a cabilderos.

La crisis de deuda ha servido además para que algunos ejecutivos y firmas que antes fueron actores en la emisión de deuda en Puerto Rico ahora pasen por una puerta giratoria como representantes del Gobierno o de los acreedores en el proceso de renegociación de la deuda.

A solo horas de que la crisis fiscal de la Isla quede en manos de los jueces por el fin de la suspensión automática en litigios, El Nuevo Día ofrece un vistazo a algunos de los protagonistas de la saga y los roles que han jugado o juegan en la actualidad.

Proskauer Rose LLP

Un poderoso bufete de abogados con sede principal en Nueva York que prestó sus servicios a la administración de Alejandro García Padilla cuando esta determinaba renegociar su deuda. La firma jugó un papel clave en la redacción de la llamada ley de quiebra criolla que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Bajo la administración de AGP, Proskauer recibió contratos por $4.3 millones.

En la actualidad, es asesor principal de la JSF. Su contrato no establece una cantidad fija, más bien, se factura partiendo de una fórmula en la que combinan las horas de servicio y quién la presta. Si se trata de un socio de la firma, este podría cobrar $1,000 por hora; la hora de servicio de un paralegal se cobra en $250. La firma factura por todo tipo de incidentales siguiendo ciertas referencias, al igual que por viajes, alojamiento, comunicaciones, etc.

Citi

Por más de dos décadas, el banco de inversiones fungió como uno de los principales suscriptores y vendedores de la deuda de Puerto Rico.

Según datos del servicio especializado Bloomberg, Citi o sus filiales participaron en casi un centenar de transacciones de deuda del Gobierno. La paga al banco de inversiones es diversa, pues depende del rol que jugó en cada transacción, el tipo de valor emitido, las condiciones del mercado y su cuantía.

La firma fue seleccionada por la JSF como su asesor financiero y recibe una compensación mensual de $250,000. Una vez se reestructure la deuda de la Isla, este puede cobrar comisiones u otros honorarios según el tipo y cuantía de cada transacción.

Andrew Wolfe

El economista trabajó junto a la exnúmero dos del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, el informe al gobernador Alejandro García Padilla sobre la crisis fiscal y deuda pública que dramatizó la insolvencia de la deuda pública. Estos economistas habrían sido subcontratados por el entonces asesor legal del Gobierno, Cleary Gottlieb, por lo que se desconoce la compensación que recibió.

Ahora hace análisis macroeconómico para la JSF, como por ejemplo el trabajo que desarrolló de cara al plan fiscal certificado a mediados de marzo. Por esos servicios y otros similares, habría devengado un máximo de $87,500 entre el 17 de noviembre y el 28 de febrero. Para los meses de marzo y abril, se le contrató por otros $50,000, es decir $25,000 al mes.

Estudios Técnicos

Una de las principales firmas de análisis económico y social de la Isla, ha servido al Gobierno en múltiples instancias a lo largo de los años. La firma ofrece inteligencia económica y asesoría en asuntos muy especializados como planificación, manejo de fondos federales y cumplimiento regulatorio y ambiental. Tuvo acuerdos que superaron $1 millón durante el pasado gobierno en agencias y departamentos como Estado, Educación, Asuntos Municipales, y Gerencia y Presupuesto. A finales del año pasado, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) le contrató para analizar las posibilidades de restaurar su operación y solvencia. Para esa fecha, la firma recibió un contrato de unos $245,000.

De cara a la elaboración del plan fiscal, la JSF le contrató por $55,000.

José Coleman Tió

Fue asesor legal de la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo y luego, la JSF le contrató, por medio de su empresa RCT.

Por sus servicios al ente federal, se le pagaron unos $37,000 en los meses de diciembre y enero. Coleman Tió llegó a ser mencionado como candidato a director ejecutivo de la Junta.

O’Neill & Borges

Entre los años 2007 al 2016, el bufete de abogados local ha tenido contratos por $5.2 millones con el Gobierno, casi la mitad de estos con el BGF. La firma ha sido asesor legal en múltiples emisiones de bonos de la Isla. En 2014, el bufete fue uno de cuatro que prestaron asesoría legal en la emisión de $3,500 millones en Obligaciones Generales. Esta se vendió sin la publicación de estados financieros y en ella, se cedió la jurisdicción de Puerto Rico a Nueva York. Alegatos en corte señalan que la emisión se hizo en violación del margen constitucional.

La firma es elasesorlegal principal de la JSF en Puerto Rico. Según su contrato, esta facturaría en principio $250,000 y luego daría un descuento de 10% por sus servicios facturados, pero no precisa su costo por hora. La firma indicó que los abogados que trabajan directamente con la JSF son Hermann Bauer y Julio Pietrantoni.

Pedro Pierluisi

El ex comisionado residente en Washington fue primero un duro crítico de la imposición de una junta federal de control fiscal. Pero, en medio de la presión del Tesoro, terminó apoyando la idea, tras considerar que la legislación se había suavizado al eliminar la figura del principal oficial financiero, que hubiese  tenido poder para tomar decisiones directas al interior de las agencias del gobierno de Puerto Rico. El presidente de la JSF, José Carrión III, es su cuñado. Durante la campaña eleccionaria, el ala del PNP que llevó a la presidencia y a la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares cuestionó que dos clientes de su esposa supuestamente le cabildearan en torno a su proyecto de ley para incluir a las corporaciones públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 del Código federal de Quiebras. Aunque no esté a cargo del contraro con la junta, desde  enero pasado, Pierluisi volvió a ser socio del  bufete O’Neill y Borges.

Emiliano Trigo Fritz

Como asesor en Asuntos Federales  del gobernador Alejandro García Padilla, fue enlace  con el Tesoro, incluso en  lo relacionado a PROMESA. “(Trigo Fritz) fue, de facto, el jefe de PRFAA”, dijo un ex funcionario del gobierno de García Padilla. El abogado ahora trabaja para O’Neill & Borges, que asesora a la junta. 

Jayson Padilla Morales

El ex secretario adjunto del Departamento de Hacienda del gobierno de García Padilla tuvo a su cargo trabajar con los informes financieros del gobierno de Puerto Rico.

Ahora provee a la JSF los análisis sobre ingresos y gastos públicos que presenta la administración de Rosselló Nevares. Padilla Morales devengará unos $12,500 por mes entre los meses de enero a de junio de 2017, hasta un tope de $80,000.

Luis G. Fortuño

Por medio de su firma de cabildeo Steptoe & Johnson – a la que su administración le otorgó más de $20 millones en contratos- el exgobernador es cabildero de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA).

En medio de la crisis fiscal, la organización ha llevado la pauta en la capital federal, abogando por un mejor acceso a programas federales de salud.

Pero, a la misma vez, Steptoe & Johnson ha sido cabildera de la aseguradora municipal Assured Guaranty. Esta aseguradora cabildeó activamente a favor del establecimiento de la JSF, es parte de las negociaciones en la AEE y las que ahora conduce el Gobierno. Según fuentes del gobierno de Puerto Rico, la aseguradora ha cabildeado en contra de la Isla cuando se trata de reclamar fondos adicionales para Puerto Rico.

VantageKnight

La firma de cabildeo propiedad de Manuel Ortiz, cercano a la familia Rosselló, recién fue contratada por la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), a un costo de $250,000, desde el 30 de marzo hasta el 30 de junio. En el pasado cuatrienio, Ortiz fue cabildero de la aseguradora Ambac Assurance, según el registro de cabilderos del Congreso. A razón de entre $5,000 y $10,000 en el trimestre, Ortiz abogó por Ambac ante el Congreso a través de la firma Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Durante el año pasado, también fue cabildero de Citigroup, gestión que supuso ingresos y gastos de hasta  $20,000. El banco figuró entre los acreedores de la AEE.

Ankura Consulting

Es una firma especializada en asesoría financiera, con pericia particular, en procesos de reorganización corporativa.

La firma fue contratada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en febrero pasado con una asignación presupuestaria de $1.4 millones. La AAFAF identifica a la firma entre los asesores de la AEE, aunque en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor no había registrado ningún otro acuerdo al cierre de esta edición.

La firma estableció operaciones en la Isla recientemente, pero sus ejecutivos son Jorge San Miguel y Juan Carlos Batlle.

San Miguel representó antes a la aseguradora municipal Ambac, mientras era parte del estudio legal Ferraiuoli LLC. El exprincipal oficial ejecutivo de Ambac, Nader Tavakoli y quien salió abruptamente del cargo el año pasado, fue un acérrimo crítico de la gestión de García Padilla.

Batlle fue expresidente del BGF en la segunda mitad del cuatrienio de Luis Fortuño y bajo su dirección se dieron los primeros pasos para reformar los procesos de compra de combustible en la AEE y las alianzas público privadas que transfirieron a manos privadas el aeropuerto Luis Muñoz Marín y la PR-22. Antes laboró para Grupo Santander y Santander Asset Management, una de las firmas que adquirió bonos de Puerto Rico

Jefferies & Co.

Con presencia irregular en Puerto Rico, el banco de inversiones ha sido parte de los sindicatos que han estructurado la deuda de la Isla en ciertas instancias. Durante la administración de Luis Fortuño, la firma ayudó a estructurar y vender bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Obligaciones Generales y las nuevas series de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), una vez se modificó la ley para asignar más recaudos del IVU como garantía de esa deuda.

La firma ahora forma parte del sindicato de bancos que tendrá a su cargo reestructurar la deuda de Puerto Rico. En la actualidad, el ejecutivo a cargo de la firma es el exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José R. Pérez-Riera.

También asesora a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

Bank of America – Merrill Lynch

Según datos del servicio especializado Bloomberg, por años,la firma ha sido parte de los sindicatos de bancos que han vendido la deuda de la Isla. Aunque rara vez, pudo figurar entre los principales suscriptores, participó en sobre una treintena de transacciones.

Para el año 2007, la firma procurar llevar a cabo la controversial emisión de los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés), pero recomendó al Gobierno no proceder con esta tras no encontrar suficientes compradores.

La firma mantenía un acuerdo de colaboración con Grupo Santander a la hora de gestionar las emisiones del gobierno puertorriqueño y ahora funge como el principal asesor financiero del Gobierno en el proceso de reestructuración.


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