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La integrante de la Junta de Supervisión Fiscal, Ana Matosantos. (Angel M. Rivera / STAFF)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha solicitado a la firma Ernst & Young (EY) que efectúe un análisis de todas las emisiones de deuda que serán objeto de renegociación, dijo este martes la directiva, Ana Matosantos.

De acuerdo con Matosantos, luego de que EY completara un análisis que permitiera proyectar los estimados de ingresos y gastos con el último estado financiero auditado del Gobierno, la firma de contabilidad y auditoría comenzará a analizar las condiciones bajo las que Puerto Rico emitió deuda.

“Se van a evaluar todas las emisiones, cuándo se hicieron, para qué se utilizó lo que se tomó prestado. Ese análisis se está haciendo. Cuando ese análisis se termine, estará disponible”, dijo Matosantos, quien se trasladó a Puerto Rico un día después de haber avalado junto a sus homólogos el plan del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, haciendo varias enmiendas sustanciales al programa de impuestos y recortes que se pondrá en vigor para cuadrar el presupuesto.

A preguntas de la prensa en torno al proceso de negociación de la deuda, Matosantos indicó que el plan aprobado establece un promedio de $800 millones que se utilizará para el pago anual a los bonistas, una cifra sustancialmente más baja que el servicio anual de la deuda de Puerto Rico y que sin un proceso de ajuste, ronda entre $3,000 millones y $4,000 millones al año.

Matosantos sostuvo que en una próxima etapa, o sea, en el proceso de renegociación, quedará por decidirse cómo esa partida quedaría distribuida entre los distintos tipos de bonistas que tiene Puerto Rico.

La exdirectora de Finanzas para el estado de California recordó que cualquier negociación que entable el gobierno requerirá la aprobación de la JSF y explicó que habrá algunas acreencias que podrán negociarse de manera voluntaria, a través del título VI de la ley federal PROMESA, mientras las controversias con otros créditos -como podría ser el litigio incoado por el grupo de Obligaciones Generales y que pide la suspensión de pagos a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina)- podrían acabar dilucidándose en un tribunal.

Matosantos no especificó qué uso dará la JSF al análisis que se pidió a EY, pero subrayó que el organismo federal no es un juez y que la encomienda de la JSF se centra en procurar el balance fiscal, restructurar la deuda teniendo como objetivo acuerdos consensuados y ver cómo mejorar la economía para que el Gobierno preste servicios esenciales de una manera que sea sostenible.

La investigación que realiza EY para la JSF surge al tiempo en que diversos sectores cívicos y sindicales han pedido al Gobierno que se audite la deuda de la Isla para identificar aquella que pueda ser ilícita antes de sentarse a negociar con los bonistas. Un proceso a esos fines, había comenzado con la Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública, pero la iniciativa fue desarticulada por la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Ello, porque en caso de que se concluya la existencia de emisiones efectuadas de manera contraria a la ley, el resultado de ese proceso de auditoría de la deuda, no tendría fuerza jurídica, a menos que un tribunal confirme tales hallazgos.


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