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Integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media/Archivo)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha radicado este viernes una petición para aplicar el Título III de PROMESA a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

El ente federal con poderes por encima del gobierno de Puerto Rico, presentó la petición del título III para Cofina junto a la resolución que también aprobaron de manera unánime sus integrantes y en la que se señala que la corporación pública “ha hecho esfuerzos de buena fe para alcanzar una renegociación consensuada con los acreedores”.

A pesar de que Cofina adeuda unos $17,880 millones en bonos principales y subordinados, la petición radicada por la JSF solo indica que la corporación pública interesa renegociar unos $221 millones en deudas. Sin embargo, esas obligaciones son no aseguradas.

En ese sentido, la petición de la JSF a nombre de Cofina, confirma que el ente federal identifica los bonos de esa corporación pública como deuda asegurada, aunque ello no implica que no estaría sujeta a negociación.

La radicación bajo el Título III, agregó la JSF, precluiría dichos litigios para que las negociaciones consensuales continúen.

La JSF radicó la petición a eso de las seis de la tarde ante la corte federal de distrito de Puerto Rico.

Hace unos minutos, la JSF indicó en declaraciones escritas, que sus integrantes avalaron certificar el pedido de un título III para Cofina, pues la expiración, el lunes por la noche de la suspensión de litigios dispuesta en PROMESA hace a COFINA “vulnerable” a reclamos judiciales por parte de sus acreedores.

Durante los pasados meses, y en alegatos en corte, varios bonistas de Obligaciones Generales que han demandado a la Isla, han planteado que la estructura de Cofina es ilícita y que esta se apropió de los fondos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), recaudos que pertenecen al Fondo General.

A la fecha, mientras los dueños de la deuda constitucional no han cobrado un centavo en un año, los bonistas de Cofina continúan cobrando por tratarse de una estructura asegurada, es decir con una fuente de repago específica como colateral, cosa que ahora quedará ante la consideración de la juez de distrito asignada al caso de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.


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