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La iniciativa es el primer logro concreto del grupo Bonistas del Patio. (Teresa Canino)

Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, se comprometieron el jueves a radicar legislación para que los bonistas locales puedan mitigar el impacto que les dejará la renegociación de la deuda pública.

De igual forma, Rivera Schatz y Méndez dieron su respaldo expreso a la estructura legal de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), convirtiéndose así en los primeros funcionarios de la nueva administración de Gobierno en adoptar una postura concreta ante la disputa que libran los bonistas de Cofina y varios fondos de inversión que integran el grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales (GOs, en inglés).

“La palabra se hizo para cumplirse”, dijo Méndez al tiempo que reveló que ya trabaja en un proyecto de ley para crear un crédito contributivo que se otorgará a los bonistas locales que experimenten pérdidas, una vez el Gobierno modifique los términos de la deuda pública o logre un recorte de principal de parte de los acreedores.

A preguntas de El Nuevo Día acerca de la otorgación de más créditos contributivos, en momentos en que el Departamento de Hacienda necesita fortalecer sus recaudos y proteger su liquidez, Méndez explicó que el crédito que se otorgará a los bonistas solo servirá para complementar las pérdidas en que incurra el inversionista local y este se aprobará en el contexto de la reforma contributiva que radicará el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el verano. En ese proceso, dijo Méndez, se eliminarán varios créditos contributivos vigentes -aunque no mencionó cuáles- y se ampliará la base contributiva en ciertos impuestos, por lo que el auxilio que se daría a los bonistas no perjudicará el fisco.

Por su parte, Rivera Schatz sostuvo que el otorgamiento del crédito contributivo para que los bonistas “logren reponer sus pérdidas” es una de varias alternativas que se están contemplando.

“Lo primero que hay que hacer es terminar los estados financieros”, dijo Rivera Schatz al indicar que una vez certificadas las finanzas públicas, la administración procurará restaurar la credibilidad adoptando una postura de “transparencia total”.

La creación de un crédito contributivo para los bonistas locales es una propuesta por la que ciertos grupos de inversionistas cabildearon intensamente el año pasado y el expresidente de la comisión de Hacienda en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, llegó a acoger aunque no se concretó en su totalidad.

La lógica detrás del crédito es que la persona que lo reciba pueda venderlo y de esa forma, obtener dinero por este. Sin embargo, fuentes de El Nuevo Día, señalan que el mecanismo no necesariamente sería eficiente porque el mercado local se inundaría de créditos para los que no hay suficientes compradores. El exceso de oferta bajaría el valor de los créditos y los recaudos al fisco podrían menguar. Esto, a medida que empresas e individuos que ahora pagan impuestos, no tengan que hacerlo reclamando el crédito que compren al bonista local.

Aunque la iniciativa podría ser controversial, el compromiso hecho por Méndez y Rivera Schatz puede describirse como el primer logro concreto del grupo Bonistas del Patio, la organización sin fines de lucro que preside el empresario Rafael Rojo y quien junto al director ejecutivo de la entidad, Jorge Irizarry, ha llevado una campaña de concienciación acerca de los efectos nocivos que podría tener una renegociación arbitraria de la deuda de la Isla. Esto, porque muchos de los bonos del Gobierno con menores protecciones de ley están en manos de puertorriqueños. El grupo tuvo su segunda reunión anual el pasado jueves en el Centro de Convenciones.

“Los bonistas de Puerto Rico son tan vulnerables como los pensionados (del Gobierno)”, dijo Rojo al recordar que muchos de los dueños de estos valores en la Isla prestaron al Gobierno los ahorros que acumularon trabajando en la empresa privada y hasta en el sector público.

Respaldo contundente a Cofina

Tras ganarse varios aplausos, por asegurar que la nueva administración hará todo lo posible por pagarles, tanto Rivera Schatz como Méndez establecieron que Cofina es una estructura legítima.

“(Cofina) fue creada de manera legal, gozó del apoyo de todos los partidos, fue aprobada casi por unanimidad”, dijo Méndez al destacar que ese instrumento allegó dinero a la Isla y que su estructura ha sido clave para múltiples jurisdicciones como Nassau y la ciudad del estado de Nueva York.

“Es una ley”, agregó Rivera Schatz.

“Cofina sigue siendo parte de la solución”, indicó por su parte, Matt Rodrigue, ejecutivo de Miller Buckfire y asesor de un grupo organizado de bonistas principales de Cofina.

Rodrígue catalogó como “una mentira” la campaña organizada por el grupo Ad Hoc GOs y subrayó que una parte sustancial de los bonos Cofina fueron vendidos en Puerto Rico.

“Quienes están atacando la estructura de Cofina no viven en Puerto Rico”, dijo Rodrigue al destacar que si Puerto Rico altera la estructura de titulización que representa Cofina, afectará considerablemente sus posibilidades para regresar a los mercados.


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