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Integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal ante una vista del Congreso. (GFR Media/Archivo)

La próxima semana, cuando Laura Taylor Swain tenga la primera audiencia para atender la petición de Título III del gobierno central de Puerto Rico, la jueza federal de distrito determinará si acepta las propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para atender uno de los casos de bancarrota municipal más complejos en la historia estadounidense.

Según las mociones presentadas por la Junta, el ente federal persigue, en algunas instancias, impartir celeridad en el trámite del caso. En otras, la JSF parece pedir más tiempo para cumplir con la presentación de documentos necesarios para que la jueza tome una decisión.

Aquí un resumen de los remedios más significativos solicitados por la Junta y que se decidirían el próximo 17 de mayo en la corte de distrito federal en San Juan.

Consolidación “administrativa”

El organismo federal que ahora asume el rol de deudor, en nombre del gobierno puertorriqueño, cree que para facilitar el proceso judicial y lograr economías a la corte y a la JSF, la jueza debe ordenar la administración conjunta de los casos de título III que se radiquen. Específicamente, el pedido se efectuó para la petición del Gobierno central y aquella de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“La administración conjunta de los casos Título III le ahorrará a los deudores tiempo sustancial y gasto porque removerá la necesidad de preparar, replicar, archivar y presentar notificaciones, solicitudes y órdenes duplicadas en cada uno de los casos del deudor”, indica la moción del ente federal.

Avisos públicos para informar el comienzo del caso

Ante la gran cantidad de acreedores que posee el Gobierno, la JSF pidió a la jueza que se le autorice a informar formalmente el inicio del caso publicándolo en la prensa.

Para ello, la JSF publicará un “Aviso de Título III” en dos periódicos en Puerto Rico y uno en Estados Unidos (The Bond Buyer), dirigido a la comunidad de bonistas y manejadores de estos valores. El mecanismo también se aplicó en la bancarrota de Detroit y también en aquella de Jefferson County en Alabama, según otra de las mociones presentadas.

Vistas tipo ómnibus

“Estos casos Título III -los primeros en su tipo- son, y serán, complejos. Los deudores estiman que la cartera potencial de acreedores únicamente estará en las decenas de miles, con miles de otras partes también teniendo interés en estos casos”, reza una tercera moción ante la jueza Taylor Swain.

Ante esa realidad, la Junta pidió a la corte que adopte las reglas de bancarrota aplicables en el distrito de Puerto Rico, las que aplicarían en conjunto con las reglas de bancarrota federal, y que establezca los procedimientos que se seguirán para el manejo de estos casos.

En términos generales, versa el documento, las reglas proveen los períodos de tiempo en que las partes presentarán sus notificaciones, mociones u otros recursos, mientras también proveen para la realización de vistas o audiencias periódicas tipo “ómnibus”, donde las partes tendrían la oportunidad de discutir los distintos recursos o mociones que se han presentado en el caso.

“Esto maximizará la eficiencia y la administración ordenada de los casos Título III, mientras al mismo tiempo asegura que se provean las notificaciones de manera apropiada”, reza la moción anota en el expediente como el documento número 43.

Dos meses para saber a quién le debe el Gobierno

A pesar de que desde el año pasado, diversos grupos, el Tesoro estadounidense y el exgobernador Alejandro García Padilla instó al Gobierno a invocar el Título III y el recurso parecía inevitable ante la falta de un acuerdo con los bonistas, la JSF le dijo a la jueza Taylor Swain que necesita casi dos meses para determinar a qué personas o entidades le debe Puerto Rico.

La lista de acreedores y/o la lista que se identifica en inglés como “creditor matrix” estaría lista para el 30 de junio próximo, según la JSF.

De acuerdo con la moción del tema, el número de acreedores del gobierno es tan “abrumador” que los deudores necesitan “tiempo extra” para presentar la información a la corte.

Sin embargo, la lista de acreedores -que es un documento clave para poder determinar cuánto debe el Gobierno a fin de reducir tales deudas- estaría sujeta a correcciones por otros dos meses. 

Es decir, Puerto Rico no tendría un cuadro claro de cuánto, por qué concepto y a quién debe lo que debe hasta el 30 de agosto de 2017. Ello, si la jueza Taylor Swain concede tal pedido.

De acuerdo con las reglas locales de bancarrota, en especial la regla 1007-1, un pedido de protección de la corte podría desestimarse si el deudor no presenta una lista de acreedores en un plazo de dos días tras la radicación de la solicitud. La JSF pide que se le exima de cumplir con ese requisito de la corte.

Un adelanto de $100,000

Para efectuar los trabajos secretariales del caso, mantener los libros o listas de acreedores y tareas administrativas relacionadas, la JSF contrató los servicios de una firma especializada de nombre Prime Clerk.

“Los deudores anticipan que estos casos Título III requerirán decenas de miles de personas y entidades a ser notificadas. En vista de este gran número, los deudores presentan que el empleoun agende de solicitudes, notificaciones y reclamaciones es en los mejores intereses de los deudores y sus acreedores”, reza una de las mociones de la JSF. “Aliviados de las cargas relacionadas a servicios, los deudores podrán dedicar toda su atención y recursos a facilitar la administración ordenada de estos casos título III”.

La firma, según la moción, ha desempeñado las tareas de agente de reclamaciones y asuntos relacionados en decenas de casos de bancarrota. Entre ellos, Aeropostale, Radio Shack y la unidad de Bioenergía de la europea Abengoa en Estados Unidos.

Según la moción de la JSF, los trabajos a realizarse son tan complejos que, como parte del contrato, la JSF le pidió permiso a la corte para pagar a Prime Clerk un “adelanto” de $100,000.


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