Industriales trazan una ruta para la AEE (horizontal-x3)
Tomás Torres, coordinador del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, y Rodrigo Mases, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. (Suministrada)

Si bien el sector industrial de Puerto Rico ve con buenos ojos las enmiendas solicitadas al plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que buscan asegurar una reducción en el costo del kilovatio hora (kWh), el gremio insiste en la necesidad de mantener vigente a una entidad robusta que regule sus tarifas, al tiempo que ve las privatizaciones como uno de los caminos inevitables para asegurar la calidad e infraestructura del servicio energético.

A grandes rasgos, estos fueron los puntos esbozados por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) y la Asociación de Industriales (AIPR), quienes celebraron ayer que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigiera a la AEE ajustar su plan fiscal para ser capaz de entregar energía a un costo promedio de 21 centavos por kWh para 2023.

“Tenemos la voluntad optimista de que, de aquí en adelante, vamos a tener un kilovatio hora que Puerto Rico va a poder pagar, con esfuerzo, con sacrificio, pero va a poder pagar”, comentó Rodrigo Masses, presidente de la AIPR.

A pesar de la lejanía de la fecha y de que la corporación pública encara serias dificultades para revitalizar su decaída infraestructura, diversificar las fuentes de energía y reestructurarse fiscal y operacionalmente, Masses consideró la exigencia de la JSF como un adelanto. Esto responde a que el ente fiscal de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), proyectaba el kilovatio hora a 30 centavos.

Además, Masses destacó que con el plan fiscal enmendado y la información que ha trascendido, “PREPA (siglas en inglés de la AEE) tiene los recursos para cumplir con la compra de combustible y el pago de todo su proyecto, aún en una situación donde no hay deuda nueva”.

El director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, indicó a El Nuevo Día el viernes pasado que el costo promedio actual de la electricidad ronda los 23 centavos por kilovatio hora.

En concreto, la resolución aprobada por la JSF en pleno, y que fue presentada por su directora ejecutiva Natalie Jaresko en la reunión del 28 de abril efectuada en Nueva York, estableció que “a base de la revisión y el análisis del propuesto plan fiscal, los precios de la energía en comparación con jurisdicciones competidoras, y las mejores proyecciones disponibles, la junta considera que el plan fiscal de la AEE debe enmendarse para incluir cambios alcanzables, creíbles y necesarios para entregar energía a un promedio de 21 centavos de dólar por kilovatio en el 2023”.

La JSF también dio a la corporación pública un término de 15 días para volver a someter el plan con enmiendas, además de hacer los arreglos pertinentes para que las revisiones de tarifas se finiquiten en un término de 60 días. Tales revisiones se hacen, por ley, en consulta con el ente regulador, la Comisión de Energía.

Por su parte, Tomás Torres, coordinador del ICSE, reiteró que este grupo de análisis y activismo a favor de la competitividad energética continuará trabajando con la AIPR para que la AEE cumpla con los requerimientos de la JSF y los lineamientos de la Ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

“Lo importante es que la AEE no puede ser un ente autorregulado, porque eso fue lo que nos llevó a donde estamos”, manifestó Torres. “Ese ente lo tenemos ahora y ese ente se debe defender y mantener” , subrayó sobre la Comisión de Energía, que a la fecha está acéfala luego de que Agustín Carbó renunciara el 22 de abril para aceptar la presidencia del ClimaTHINK Institute for Climate Law and Policy.

Durante la reunión de la JSF trascendió además que ese cuerpo favorece una fórmula de privatización de toda su generación de electricidad.

Acoge la privatización

Masses dejó claro que los industriales, “en efecto, entendemos que la privatización es una opción totalmente viable. Desde privatizar el sistema hasta lograr una serie de combinaciones”, precisó.

La meta de la AIPR es que el sector industrial tenga acceso a energía a un costo no mayor de 15 centavos por kWh y un costo promedio de todos los sectores de 18 centavos por kWh.

Por su parte, Torres explicó que el paradigma de tener generación centralizada está cambiando en Puerto Rico, como lo ha hecho en muchos otros lugares.

Esa realidad continuará ganando terreno, en especial a medida que aumente y se facilite la generación de energía de fuentes renovables. Esa diversificación creará, a su vez, “situaciones para dirimir” respecto a las condiciones de la red, las tarifas y otros asuntos, en los que deberá intervenir la Comisión de Energía.

Masses recordó que en las jurisdicciones de Estados Unidos operan hace un siglo reguladores afines a la Comisión de Energía de Puerto Rico y que se trata de un modelo probado. “El ente regulador es importante en todos los escenarios”, añadió.


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