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El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, estimó que recaudarán 60% de los $350 millones que necesitan. (GFR Media/Archivo)

Una lluvia de medidas de austeridad se avecina en los 78 municipios del País, lo que trastocará la forma en que se perciben y se manejan los ayuntamientos puesto que habrá, entre otras cosas, cobro o privatización de servicios, reducción de jornada laboral, eliminación de ayudas y alianzas entre pueblos.

Estas son algunas de las herramientas de las que echarán mano los alcaldes el próximo año, aunque algunos ya han empezado para poder lidiar con  pérdida de ingresos, mayores tareas, baja en fondos federales y eliminación de transferencias  del gobierno central.

Y aunque se dijo hace escasamente una semana que la reingeniería del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) desvanecía un posible el alza en la tasa de impuesto a la propiedad mueble e inmueble, un grupo, de los más de 30 alcaldes  entrevistados por este diario, aseguró que eso no será suficiente para sustituir los $350 millones que perderán  y continúa en  la búsqueda de más  opciones.

El presidente de la Federación de Alcaldes,  Carlos Molina, estimó que recaudarán 60% de los $350 millones que necesitan. “El resto lo estamos buscando en otras alternativas”, dijo Molina, quien adelantó que se reunirán la semana que viene.

Se espera una reducción de fondos federales de la administración de Donald Trump. Ya se contempla la desaparición del Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés), lo que implica un recorte de cerca de $3,000 millones en Estados Unidos y sus jurisdicciones. No se descartan reducciones adicionales o eliminación de otros programas. Previamente, ya a los municipios se les quitó el .5% de Impuesto de Ventas y Uso, y -mediante leyes especiales- se les impuso una aportación adicional al sistema de Retiro para subsanar su moribunda situación. 

A esto se une  la eliminación de los $350 millones en subsidios a los municipios a partir del próximo año fiscal (2017-18) y hasta el siguiente (2018-19), según se estableció en el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Por lo tanto, los municipios, tanto rojos como azules, se preparan para operar bajo la completa estrechez.   “Veo la situación de los municipios muy difícil, muy complicada, y todos los 78 municipios se van a ver afectados. No es cuestión de si hay uno más grande, mediano o pequeño.

Todos van a recibir un golpe claro”, sostuvo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.  

“Debe haber, por lo menos, 30 municipios que ya tomaron medidas difíciles. Por ejemplo, yo sé de municipios como Ponce, Cabo Rojo, Toa Baja y Toa Alta, que trabajan a media jornada”, abundó el alcalde, quien aunque recortó gastos, no descarta, si es necesario, reducir el bono de Navidad.    

Precisamente, en Guayama, reducirán el bono de Navidad y se solicitó ala legislatura municipal que reduzca las dietas y el salario de los empleados de confianza. El del alcalde, Eduardo Cintrón, sufrirá una baja del 10%. “Tengo que tomar medidas de austeridad dramáticas en el municipio para poder seguir operando: cancelar contratos, eliminar algunos por renta de edificios, eliminamos el bono de verano.

Por segundo año administrativo, no pagaremos el exceso de vacaciones, sino que tienen que agotarlo. Los empleados transitorios de 7.5 horas, los vamos a reducir a 6 horas de trabajo diario, además de eliminarle otros beneficios”, precisó Cintrón.

Sus homólogos de Aibonito y de Arroyo, William Alicea Pérez y Eric Enrique Bachier Román, respectivamente, también reducirán, a partir del 1 de julio, una hora de trabajo a todos los empleados, incluyendo los de confianza y los de contrato. “Esto no ha sido de mucho agrado. Ellos están ahora asimilando la noticias”, aseveró Bachier Román.  

Dijo que le preocupa que esto pueda impactar servicios esenciales como el recogido de la basura, lo que puede desembocar en un problema de salud. “Tendríamos que hacer ajustes para poder terminar las rutas a tiempo”, afirmó.

Alicea Pérez, por su parte, destacó que los ciudadanos deberán acostumbrarse a otro tipo de funcionamiento de los municipios que posiblemente trastoque los servicios, porque hay reducción en áreas en que la gente espera ayuda, como donativos y actividades recreativas. Por ejemplo,  Cidra congeló las becas que otorgaba a estudiantes talentosos y no hay fiestas. Cayey eliminó las fiestas patronales y evalúa quitar el tercer turno de empleados del hospital que administra. San Juan redujo el recogido de basura de siete a cinco veces a la semana y no descarta cobrar por servicios como vaciar pozos sépticos. 

 El alcalde de Ciales, Luis “Rolan” Maldonado, se redujo mensualmente el salario en $300 y a los empleados de confianza, en  $150 mensuales. También eliminó plazas vacantes de empleados regulares y transitorios. “Los empleados regulares están a 5.5 horas diarias”, dijo.

 Se mostró preocupado por el impacto que a eliminación de los $350 millones en subsidios tendrá en su municipio así como en otros pequeños. “El 79% de mi presupuesto viene de ese fondo. Hay 40  municipios que dependen del subsidio, como Florida, que es el 98% de su presupuesto”, sostuvo.

 Para el 1 de julio, el municipio deja de recibir $640,000 de un presupuesto de $10 millones. Al próximo año fiscal, la reducción es mayor: $3.3 millones.

Por eso, no dudó en arremeter contra la Federación de Alcaldes, a la que dijo, renunció. “La Federación tiene que ser más proactiva, reunirnos en este momento que todos estamos haciendo presupuesto y pedirle al gobierno central que diga cuánto y cómo nos va a conseguir el dinero que se nos quita.

Primero se habló que se iba a aumentar (la tasa de impuestos) del CRIM, después se cambió la versión para dejar que los alcaldes buscaran alternativas. Pero el gobierno siempre nos habló de que se nos quitaría ese dinero, pero se iba a buscar la manera de reponerlo. Entiendo que hay que cumplir y se habla mucho de la (Junta), pero nos tienen que dar algo a cambio. Nos vemos con la soga al cuello”, dijo.

  En esa línea, los alcaldes de Aibonito y Bayamón deploraron que, aunque en múltiples ocasiones asuman tareas del Estado, como mantenimiento de áreas recreativas y carreteras, transporte escolar y mantenimiento de escuelas públicas, no se les pague. Por lo tanto, no descartaron regresarlas al gobierno central.

   Rivera Cruz, Alicea Pérez y el alcalde de Comerío,   Josean Santiago, creen que, ante un panorama de frugalidad y con lo imperioso que es facilitar servicios a un menor costo, la ruta de los municipios es la regionalización o las alianzas municipales. 

  A modo de ejemplo, Barranquitas, Comerío y Aibonito comparten oficina para el otorgamiento de permisos, cuyo funcionamiento es de $200,000 anuales, el mismo presupuesto que necesitaría una municipal, destacó Santiago, quien recortó en 10% todas las partidas del presupuesto.

El recogido de desperdicios sólidos es uno de esos servicios que algunos alcaldes —los de Arecibo, Cabo Rojo y Adjuntas— ven como su salvación para recaudar algo de dinero o librarse de un alto costo.

Arecibo paga $3.5 millones anuales por ese servicio y Cabo Rojo  cobrará por las bolsas para disponer de la basura regular, pero el reciclaje será gratis, dijo el alcalde, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz. Adjuntas buscará cobrar este servicio a las escuelas públicas  y los comercios. “Educación le da a las escuelas un presupuesto para esto y se lo han economizado”, dijo el alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea, quien subrayó que hay municipios con déficit  que usarán la crisis fiscal para justificarse. 

 Otros municipios ven en las empresas municipales la esperanza para allegar fondos. Ese es el caso de Ponce y Toa Alta. Este último ha creado seis empresas municipales, entre estas una  para proveer servicio de seguridad y otra para vaciado de pozos sépticos, dijo el alcalde Clemente “Chito” Agosto.


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