Los retirados buscan negociar en la corte federal (horizontal-x3)
17 organizaciones han creado un comité para que represente a los retirados y a los empleados, como participantes de los planes de pensiones públicos. (Archivo/GFR Media)

Sin haber transcurrido una semana desde que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó la petición del Título III de PROMESA para el gobierno puertorriqueño, dos entidades se han presentado ante la corte de distrito federal con la expectativa de defender los intereses de los empleados públicos y los pensionados en la modificación de deudas que persigue el ente federal.

De igual forma, casi una veintena de abogados ya han presentado sus credenciales para participar del caso que se cree que será el más grande en la historia de los procesos de quiebra municipal estadounidense.

Según el expediente del caso que está ahora en manos de la jueza federal para el distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFSCME) ha solicitado intervenir en el proceso que será similar a una petición de bancarrota.

La AFSCME, el gremio obrero que durante la década de 1990 jugó un papel clave para que el exgobernador Pedro Rosselló diera paso a la sindicación de los empleados públicos en la Isla, tendrá por representantes legales a sus propios abogados, a la firma Saul Ewing, ubicada en el estado de Nueva Jersey, y al estudio legal local Rodríguez Banchs.

En tanto, 17 organizaciones que agrupan a unos 91,000 pensionados del Gobierno central y de corporaciones públicas han creado un comité para que represente a los retirados y a los empleados, como participantes de los planes de pensiones públicos.

Según la moción, el Movimiento pro Pensionados de Puerto Rico (MPPR) se constituyó formalmente en enero de este año. El grupo cuenta con la participación de retirados que trabajaron en comedores escolares, la Universidad de Puerto Rico (UPR), educadores jubilados afiliados a la Asociación o la Federación de Maestros, policías, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado e, incluso, jubilados con beneficios de planes de pensiones públicos que residen fuera de la Isla.

Pedido para una clase aparte

En la moción del grupo de Pensionados, que busca que se le reconozca como el comité o figura principal que negociaría los temas vinculados a los beneficios de los empleados jubilados, se indica que sus líderes ya se reunieron con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, al tiempo que se destaca que, pese a dichos encuentros, no se les ha pedido que formen parte de la negociación.

De acuerdo con el grupo, las distintas organizaciones de jubilados que no se han integrado al esfuerzo ya muestran interés de unirse a la iniciativa.

“Los reclamos de estos retirados por beneficios de pensión, cuidado de salud y otros beneficios postempleo son complejos y completamente distintos de otros tipos de deudas no aseguradas”, reza la moción suscrita por los abogados A.J. Bennazar-Zequeira, de Bennazar, García & Millán, y Robert D. Gordon, deClark Hill.

Este último fue uno de los bufetes que trabajó de cerca los ajustes de pensiones durante la quiebra de la ciudad de Detroit. Allí, los beneficiarios de los planes de pensiones de la ciudad eran alrededor de 32,000.

“Aunque el gobernador Rosselló, la JSF y los bonistas han diferido en sus perspectivas acerca de cuál es el nivel apropiado de recortes en los beneficios de pensión, todos han contemplado esos recortes y el plan fiscal, ciertamente, vislumbra esos recortes”, reza la moción de MPPR.

De acuerdo con el documento, en Puerto Rico existen unos 160,000 jubilados del gobierno y sus corporaciones públicas, un número similar a la cantidad de empleados activos que contribuyen mensualmente a sus respectivos planes de pensión.

A esos efectos, la moción solicita crear como una clase separada dentro de los acreedores no asegurados a los retirados, pues, de lo contrario, sus intereses “probablemente irán en conflicto directo con aquellos acreedores financieros o comerciales en ese comité y cuyas reclamaciones también rondan miles de millones de dólares”.

La moción agrega que en los procesos de bancarrota de las ciudades de Stockton y Vallejo, en California, las cortes reconocieron a los retirados como una clase individual.

UPR y Retiro se anotan en la lista. De otra parte, la UPR y la Administración de los Sistemas de Retiro  (ASR) también han pedido participar del caso a través de su representante legal, José Alberto Sosa Llorens, socio de DLA Piper en la Isla.

En tanto, el abogado John Mudd también hizo constar su participación en el caso, en representación de la firma CMA Architects & Engineers, el primer acreedor empresarial que se integra en el caso.


💬Ver 0 comentarios