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Para Michael Bloomberg, los políticos en la Isla han tenido miedo de tomar decisiones difíciles. (AP)

Puerto Rico lleva demasiado tiempo atrapado en un limbo político y económico.

Los políticos han tenido miedo de tomar decisiones difíciles. Los votantes se han resistido a enfrentar la realidad. Los inversores no han estado dispuestos a transigir. Ahora, se presenta la oportunidad de salir de ese atolladero.

Por drástica que parezca, la decisión de Puerto Rico de solicitar una reestructuración de deuda mayor que la de cualquier otro estado o gobierno local estadounidense es sabia. Ofrece la mejor perspectiva de recuperación económica y una resolución ordenada de los más de $70,000 millones de deuda del territorio.

Sin embargo, este proceso arduo similar al de una quiebra es solo el primer paso, y de ningún modo el más difícil. Serán esenciales también reformas económicas de largo alcance y un apoyo federal condicional.

La economía del territorio no incorporado se contrajo un 14% en el último decenio. El desempleo es dos veces superior a la tasa nacional, el número de personas con empleo cayó casi un cuarto durante la última década y la participación en la fuerza de trabajo alcanza apenas un 40%.

Más del 40% de la población vive en la pobreza y depende de Medicaid (el seguro médico estatal para personas de bajos ingresos). Con obligaciones sin financiamiento por $50,000 millones, sus fondos de pensión están a punto de colapsar.

Como si todo esto no bastara, la Isla está lidiando con el virus del Zika, una emergencia de salud pública.

Muchos puertorriqueños han huido al continente, reduciendo la población de la Isla en un 10% en el último decenio. Cuando los bonistas en el exterior --la mayor parte de la deuda de la Isla es mantenida fuera del territorio no incorporado-- le piden al gobierno de Puerto Rico que destine más dinero a pagar deuda, le están pidiendo que inflija más sufrimiento a los que se quedan.

El plan fiscal de 10 años certificado recientemente por una junta de supervisión federal impone recortes en la nómina de empleados públicos, los subsidios, el gasto en salud y las pensiones.

Sin lugar a dudas, muchos tendrían que haberse realizado antes. Por ejemplo, en el último decenio Puerto Rico perdió estudiantes, pero ganó docentes. La Isla tiene menos presos, pero no menos cárceles.

Sin embargo, los pronósticos del plan, que por ley no podría asumir respaldo federal adicional, no esperan de todos modos una reanudación del crecimiento hasta el 2022. Es un golpe duro tanto para los puertorriqueños como para los bonistas.

Washington está en posición de ofrecer más ayuda. Podría llevar el financiamiento de Medicaid en Puerto Rico a una paridad con los estados, lo cual también frenaría el éxodo de médicos.

Ampliar un Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo respaldado a nivel nacional haría ingresar a más puertorriqueños en la fuerza de trabajo, del mismo modo que lo haría permitir a los puertorriqueños reclamar el Crédito Tributario por Hijos en las mismas condiciones que los habitantes del territorio continental.

Autorizar a Puerto Rico a fijar su propio salario mínimo (más bajo) integraría más trabajadores jóvenes a la economía formal. Una exención de la Ley Jones, que obliga a Puerto Rico a utilizar costosos barcos estadounidenses para el comercio con el continente, rebajaría los costos de los alimentos y la energía.

Es importantísimo lo que debe hacer Puerto Rico. La lista es larga y a esta altura conocida --todo, desde reunir estadísticas confiables e introducir controles financieros efectivos hasta eliminar la carga regulatoria que pesa sobre la actividad empresarial. (El Banco Mundial clasifica a los Estados Unidos en el octavo puesto mundial en cuanto a facilidad para hacer negocios. Puerto Rico está en puesto 55).

La Junta de Supervisión Fiscal tiene que emplear su influencia y sus facultades para garantizar que el territorio no incorporado cumpla, analizando detalladamente los presupuestos anuales subsiguientes para justificar su implementación. 

El Congreso, que ha creado un grupo de trabajo para promover el crecimiento económico en la Isla, debería prometer más apoyo cuando la Isla lleve a cabo las reformas económicas, pero no antes.

La sola reestructuración integral de la deuda no funcionará. Tampoco serán suficientes deudas sostenibles sumadas a un grado adicional de apoyo federal: la recuperación de Puerto Rico dependerá primero y ante todo del empeño que pongan sus líderes y el pueblo en aprovechar al máximo su segunda oportunidad.


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