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En la primera audiencia de los casos títulos III, la jueza Laura Taylor Swain aceptó manejar de manera conjunta los casos del gobierno y Cofina. (Gerald López Cepero)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y varios grupos de bonistas y aseguradores de Puerto Rico acordaron hoy que antes de que el gobierno mueva dinero de alguna cuenta bancaria o los desvíe de algún fondo ya establecido, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) tendrá que notificar a los acreedores con 30 días de anticipación esa decisión.

El acuerdo para negociar la forma y razones para que el gobierno disponga de ciertos fondos hizo posible que la jueza federal de distrito Laura Taylor Swain aprobara, con diversos cambios, todas las mociones de tipo procesal que la JSF presentó a la corte para manejar y administrar los casos de Título III del gobierno central y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

En la primera audiencia de los casos Títulos III, proceso que se lleva a cabo en la corte de distrito de Puerto Rico en Hato Rey, Taylor Swain aceptó manejar de manera conjunta los casos del gobierno y Cofina, pero solo después de que el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, reiteró en múltiples ocasiones que el ente federal no ha tomado postura alguna en la controversia entre los bonistas de Obligación General y Cofina y que la moción para consolidar el trámite procesal de los casos solo era para efectos administrativos.

De igual forma, Taylor Swain pareció avalar que las instituciones bancarias que ahora prestan servicios al gobierno continúen honrando tales transacciones, luego de que las partes aceptaran que trabajarán en un lenguaje específico del tema.

El acuerdo surgió una vez que la representación legal de la Coalición de Bonistas Cofina y aquella del Grupo de Fondos Mutuos y de las aseguradoras Ambac y Assured dijeran a la corte que en realidad, la JSF había tomado una decisión en la controversia GO-Cofina, una vez se insertaron los fondos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) dentro de la base de ingresos totales del plan fiscal certificado.

Asimismo, los abogados de los bonistas Cofina insistieron en que con tal decisión y con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, estos tenían que asegurarse de que los ingresos pertenecientes al pago de esa deuda no se utilicen para otro propósito.

Tras casi una hora de objeciones y tras los acuerdos entre las partes, Taylor Swain denegó los planteamientos de los bonistas opositores, dio paso a la administración conjunta de los casos y también aprobó los procedimientos que tendrán que seguir las partes para presentar mociones y para celebrar audiencias, las que la jueza sostuvo se llevarán aproximadamente cada seis semanas.

La jueza Taylor Swain decretó un receso de 45 minutos y en la tarde, atenderá el pedido de Bank of New York Mellon, fiduciario de Cofina, entidad que le pidió anoche autorización para pagar a esos bonistas en el mes de junio, así como atender una moción de la AAFAF que solicita continuar pagando a los suplidores de utilidades del gobierno para evitar una interrupción de los servicios públicos.


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