Puerto Rico pide protección judicial (semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló defendió su decisión de invocar la quiebra por la gravedad del déficit. (Xavier J. Araújo Berríos)

Tras recibir un pedido de auxilio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó ayer ante la corte de distrito federal de Puerto Rico una petición bajo el Título III de la ley federal PROMESA con la expectativa de detener 22 demandas en contra del Gobierno y entablar una negociación con los bonistas que ponga fin a una década de estrechez fiscal y contracción económica.

Ayer, a eso de las 11:32 de la mañana, el asesor legal general de la JSF, Jaime El Khoury, presentó la petición que convirtió a Puerto Rico en la primera jurisdicción estatal y territorial en la historia de Estados Unidos en acudir a la corte para renegociar la deuda emitida por la jerarquía de gobierno más alta, un poder que no poseen los estados y que tampoco tenían los territorios hasta la creación de PROMESA.

La solicitud ante la corte federal tuvo el efecto de reactivar la suspensión automática en litigios que protegía a la Isla de demandas de acreedores hasta el pasado 1 de mayo. El pedido que tendrá que ser ratificado por un juez, sin embargo, se radicó unas 36 horas después del vencimiento del llamado “stay”, lo que abrió la puerta para que el Gobierno o sus corporaciones públicas recibieran cinco demandas de la veintena que encara la Isla. Tres de esas cinco demandas las radicó la aseguradora municipal Ambac Assurance Corp.

Según el gobernador de Puerto Rico, su administración no tuvo otro remedio que pedir la aplicación del Título III, pues los acreedores con los que todavía negociaba su equipo fiscal decidieron demandar a la Isla para solicitar que le pague.

“Hemos llegado a esta decisión porque entendemos que así se defienden los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, dijo el mandatario, al indicar que intentaron convencer a los acreedores de aceptar un recorte por las buenas.

Ayer, Rosselló Nevares y el representante de Puerto Rico ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte, en una conferencia de prensa en el teatrito de La Fortaleza, se apresuraron a decir que el gobierno se acogió a la bancarrota por hechura de quienes antes administraron la Isla y también repitieron el discurso del exgobernador Alejandro García Padilla, quien en el ocaso de su incumbencia aseguró que los servicios a la gente iban delante de los bonistas.

De igual forma, Rosselló explicó por qué acabó invocando la bancarrota cuando pasó casi dos años de campaña política asegurando que podía pagarse a los bonistas.

Rosselló Nevares indicó que, en lugar del déficit de $3,000 millones que anticipaba, encontraron una insifuciencia de $7,500 millones.

“¿Qué significa este cambio? Significa un cambio dramático”, dijo Rosselló Nevares.

Heredado o no el caos fiscal, pues el partido que representa Rosselló Nevares ha gobernado la Isla por casi igual tiempo que el Partido Popular Democrático, la petición radicada por la JSF se produjo con el respaldo unánime de los integrantes de ese cuerpo  y fue acompañada de una declaración de 23 páginas que detalla que la crisis que ha vivido Puerto Rico crecerá “exponencialmente” ante la falta de efectivo en caja y el fin de los fondos federales en salud.

“De los ingresos actuales, el Gobierno y sus dependencias no pueden satisfacer su carga de deuda colectiva de $74,000 millones y $49,000 millones de su carga en pensiones y pagar sus gastos operacionales”, reza la declaración de la JSF, en la que recuerda que los tres principales planes de pensiones de la Isla se quedarán sin dinero a partir de diciembre de este año.

En ruta Cofina y otras más. Según la JSF, el cuadro financiero no deja otro camino que el Título III para intentar renegociar unos $49,000 millones de la deuda pública de la Isla,  utilizando como hoja de ruta el Plan Fiscal para Puerto Rico.

El asunto es tan grave que ayer, desde Washington, en un foro del American Enterprise Institute, el presidente de la JSF, José Carrión, sostuvo que el ente federal ha tomado  “esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”.

Y acto seguido, Carrión indicó que, aunque no todas las corporaciones irán a Título III, ese será el caso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

La coyuntura que ahora vive Puerto Rico supone un curso de acción tan complejo que ayer, el exconsejero del Tesoro, Antonio Weiss, durante el mismo foro, describió como “un período largo” la etapa que ahora comienza.

“Ese freno en la litigación ha permitido ya suspender $2,000 millones en el pago de la deuda”, dijo Weiss  al agregar que, sin la reactivación del “stay”, los servicios básicos del gobierno de Puerto Rico estarían en riesgo.

Antes, los bonistas, ahora todos. Sin embargo, para evitar un disloque en los servicios públicos al invocar el Título III, el ansiado recorte ahora se convertirá en un ajuste de cuentas para los bonistas, pero también para la gente.

“A todos tiene que importarle el Título III, porque ahora todo está verdaderamente sobre la mesa”, dijo el economista Antonio Fernós Sagebién.

De acuerdo con Fernós Sagebién, junto con los bonos que quieren recortarse, estarán los reintegros de Hacienda, las sentencias contra el estado y las cuentas por cobrar que tenga cualquier suplidor o contratista.

El fin de los mitos

La lista divulgada por la JSF con los primeros 20 acreedores de Puerto Rico demuestra que el ajuste tocará desde a las empresas que imprimen los libros del Departamento de Educación, a las organizaciones sin fines de lucro que luchan por rescartar a quienes no terminan la escuela, hasta las aseguradoras y droguerías contratadas en MiSalud. Solo a los bonistas y ese pequeño grupo de suplidores se le deben sobre $12,300 millones.

Fernós Sagebién señaló que ahora tocará a un juez decidir lo que la JSF, la administración de Alejandro García Padilla y tampoco la de Rosselló Nevares hicieron: determinar qué servicios son esenciales y cuáles no.

Y en ese sentido, Fernós Sagebién dijo que Puerto Rico ha perdido un año y ha pagado una millonada en asesores para acabar en las manos de jueces.

“El problema de eso es cuántos contratistas locales, que mueven dinero en la economía todos los días, se verán afectados según los términos del Título III”, dijo, por su parte, el abogado Iván Rivera.

Según se afecten esas acreencias, toda proyección de crecimiento económico hecha por el Gobierno terminará haciéndose sal y agua. “Esa vía puede cancelar las proyecciones contenidas en el mismo plan, y no habrá un dinero que, de alguna forma, pudo reinsertarse en la economía”, dijo Rivera.

“Las pensiones serán una cosa neurálgica”, agregó el portavoz de la organización Transparencia en las Finanzas Gubernamentales.

Aunque las pensiones no necesariamente serían modificadas, los pensionados no se librarían de otro ajuste como la pérdida de la aportación al plan médico, por ejemplo.

“Ya no estamos hablando de llegar a acuerdos con bonistas. Ahora, si dejas a merced de un juez qué son los servicios esenciales, y que será nombrado por el juez presidente de la Corte Suprema, habrá más decisiones en una hoja de Excel (cálculo) que basadas en la sensibilidad que ofrece la administración de gobierno”, dijo Rivera al señalar que, en el agregado, Puerto Rico podría perder más por el Título III de lo que se pensaba.


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