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La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain presidirá hoy la primera audiencia de los casos bajo el Título III de la Ley PROMESA. (Archivo / GFR Media)

Con la expectativa de frenar varios de los pedidos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) o para que avalen sus propuestas, los abogados de unos 14 grupos de acreedores han solicitado a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que se les escuche durante la primera audiencia de los casos Título III del Gobierno central y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

La audiencia, que se efectúa hoy en el edificio de la corte de distrito federal de Puerto Rico en Hato Rey, tendrá como objetivo determinar cómo se conducirán los trabajos de los dos pedidos de Título III radicados a la fecha a nombre de Puerto Rico y cuyos protagonistas -en su mayoría abogados- pasarán a la historia por ser parte del caso de quiebra municipal más grande en la historia de los Estados Unidos, mientras ganarán millones de dólares en honorarios, que pagarán los contribuyentes puertorriqueños.

Para la audiencia, la corte federal ha separado tres salas en el edificio Clemente Ruiz Nazario para acomodar abogados, miembros de la prensa y ciudadanos que interesen observar los procesos mediante circuito cerrado. Los miembros de la prensa, según se informó ayer, no podrán utilizar portátiles o electrónicos en sala.

Según la agenda que Taylor Swain solicitó a los abogados de la JSF, y que se presentó ayer, el ente federal discutirá un posible calendario para presentar los planes de ajustes de deudas. Este será el documento final que tendría que avalar Taylor Swaine, en el cual se consignará la renegociación de la deuda pública y cualquier otra obligación del gobierno. También se discutirá la posibilidad de canalizar las negociaciones entre las partes en un proceso de mediación.

De igual forma, los síndicos asignados al caso deben explicar a la jueza cuánto tiempo tomaría formar los distintos comités de acreedores que se establecerán.

Ayer, luego de que el lunes concluyera el período de presentación de objeciones establecido por Taylor Swain, tres de las seis mociones presentadas por el ente federal con poderes por encima del gobierno electo de Puerto Rico no fueron rebatidas. Por ende, estas podrían ser aprobadas por la jueza de manera inmediata. Estas son: el proceso de aviso del comienzo de los casos Título III mediante anuncios en prensa, la utilización la firma Prime Clark, la que pidió un adelanto de $100,000 para servir como agente de reclamaciones y ofrecer trabajos secretariales, y el período de 120 días para que el gobierno presente su lista de acreedores a la corte.


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