La Corte Suprema evalúa candidatos para atender la petición de la Junta (horizontal-x3)
Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (Archivo/GFR Media)

El juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John G. Roberts Jr., podrá nombrar en cualquier momento al juez que atenderá la petición de protección bajo el Título III de PROMESA que la Junta de Supervisión Fiscal radicó a nombre de Puerto Rico ayer.

Según fuentes de este diario, el alto foro judicial estadounidense lleva algunas semanas evaluando candidatos para presidir el caso de Puerto Rico, mientras el tribunal del distrito federal de Puerto Rico, de manera discreta, ha comenzado a modificar algunos de sus procesos internos para atender lo que podría ser uno de los procesos de bancarrota municipal más complejos en la jurisprudencia estadounidense.

Ayer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se limitó a confirmar a El Nuevo Día que en efecto, el juez presidente Roberts designará un juez de distrito para atender el caso, según establece PROMESA en su sección 308.

La semana pasada, el portavoz de prensa del tribunal del distrito federal de Puerto Rico, Jorge Soltero, indicó a este diario que analizaban diversos escenarios de medidas para atender los casos que se radiquen bajo PROMESA en ese foro, pero no ofreció más detalles.

A la fecha, el tribunal de distrito en la Isla ha tomado algunas medidas para trabajar con los casos bajo PROMESA. 

Por ejemplo, el juez federal Francisco A. Besosa propuso enmendar las reglas de procedimiento civil a fin de tramitar la radicación de casos a través del Título VI de PROMESA, una propuesta que la secretaría del tribunal comunicó a los abogados admitidos a ese foro. Esto para que ofrezcan sus comentarios en o antes del próximo 12 de mayo.

Según PROMESA, para atender los casos bajo ese estatuto, es posible, que el tribunal de distrito federal reasigne recursos de la corte para brindar apoyo al juez que atienda los recursos ante su consideración.

De otra parte, el sistema digital de documentos del tribunal fue modificado incluyendo entre las categorías de clasificación términos como “PROMESA” y “Título III”.

Sin embargo, según el exjuez de bancarrota Gerardo Carlo-Altieri, el juez presidente Roberts tendrá amplia discresión para determinar si el pedido de bancarrota radicado por el Gobierno y otro puñado de peticiones que se radicarán en los próximos días serán atendidos en Puerto Rico.

De acuerdo con Carlo-Altieri, lo “más correcto” sería que designe un juez de distrito que podría ser de Puerto Rico, pero también dentro de la región judicial a la que pertenece la Isla. Es decir, la región cobijada por el Primer Circuito de Apelaciones.

“El caso se radicó en Puerto Rico, pero él (el juez presidente Roberts) puede llevar el caso a un terreno neutral”, dijo Carlo-Altieri, lo que podría significar dilucidar la situación de Puerto Rico en el distrito de Nueva York o Washington, D.C., por ejemplo.


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Según PROMESA, Roberts tendría que nombrar al juez presidente para la petición de título III correspondiente al gobierno central.

Pero en el caso de peticiones de corporaciones públicas, si estas se radican por separado, PROMESA dispone que tocará al juez presidente del Circuito de Apelaciones designar al magistrado que atenderá esos pedidos.

El caso de Aurelius

De acuerdo con Carlo-Altieri, la petición del Título III para el Gobierno central tiene el efecto de suspender toda acción judicial contra este a menos que ello se revoque judicialmente y según PROMESA, los litigios en el tema deben dirimirse en el foro federal. Sin embargo, el exjuez sostuvo que ello no necesariamente pasaría con la demanda de Aurelius y sobre una decena de fondos de cobertura de riesgo.

El martes, aprovechando el fin de la expiración de la suspensión automática de litigios contra Puerto Rico, los dueños de apenas el 12% de toda la deuda de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) acudieron a la corte estatal de Nueva York y allí demandaron a Puerto Rico, exigiendo el pago de unos $245 millones, aunque eso requiera utilizar todos los fondos que hay en la caja del secretario de Hacienda.

“El 98% de los de bonos de Obligación General está sujeto a las leyes de Puerto Rico, pero esa emisión de bonos de 2014, se hizo bajo las leyes del estado de Nueva York”, explicó Carlo-Altieri.

Como resultado, según el experto, la JSF podría pedir la transferencia del caso al tribunal de distrito de Nueva York, pero también podría ser posible que el juez asignado a esa disputa atienda la controversia o la paralice en ese foro. Ayer, el sistema judicial de Nueva York asignó el caso de Aurelius al juez Anil Singh.


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