El Banco Popular indicó que la entidad no tiene deberes fiduciarios con el Estado. (horizontal-x3)
El Banco Popular indicó que la entidad no tiene deberes fiduciarios con el Estado. (EFE)

Con la solicitud de invocar las protecciones del Título III de PROMESA el pasado miércoles, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió una lista de acreedores, aparte de los bonistas, con los cuales el gobierno puede también renegociar la deuda. Las mismas incluyen varias empresas puertorriqueñas o filiales de multinacionales radicadas en suelo boricua.

El listado de los 20 acreedores más grandes del gobierno central está encabezado por el Banco Popular, a quien el gobierno alegadamente le debe la friolera de unos $12,000 millones.  La próxima entidad listada, en términos de dinero adeudado, es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, con una reclamación de $212 millones.

Sin embargo, el banco con sede en San Juan no tardó tiempo en aclarar el asunto, indicando que la entidad no tiene deberes fiduciarios con el Estado, y que solamente funge como “un agente de transferencias y pagador de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado”.

El licenciado en leyes Javier Ferrer indicó, en representación del banco, que su inclusión en la lista de la Junta se debió a un error. “Estamos incluidos incorrectamente en la lista de acreedores del Estado Libre Asociado. Pedimos que se corrigiera”, añadió.

El abogado además señaló que “la diferencia entre un ‘bond trustee’ y lo que hace el banco Popular es que nosotros, como agentes de transferencias y pagadores, simplemente seguimos las instrucciones que provee el Departamento de Hacienda sobre los pagos que hay que hacer sobre las obligaciones generales del ELA”.


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