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A juicio de Cabral Corrada, la deuda emitida por entidades insolventes debe reestructurarse de manera ordenada. (Archivo / GFR Media)

El dicho popular “el lugar correcto en el momento correcto” podría aplicarle como anillo al dedo a Julio Cabral Corrada.

Hace unos dos años, con poco menos de 25 años, este analista de inversiones, se encontró en el centro de una vorágine impensable: el gobierno del territorio estadounidense -que por décadas, tomó prestado utilizando como atractivos la triple exención contributiva y la prioridad de pago a los bonistas- se cantaba sin dinero para pagar la deuda pública.

“No había necesidad de entrar en un impago porque los acreedores han estado en la mesa siempre”, dijo Cabral Corrada en entrevista con la Negocios de El Nuevo Día.

El analista de inversiones desarrolló su interés por los asuntos fiscales de Puerto Rico mientras estudió un semestre en la reputada Escuela de Economía de Londres.

El interés por los temas fiscales se convirtió en pasión cuando Cabral Corrada decidió pasar sus veranos alejado de “su Isla”, para emplearse como analista institucional en el banco de inversiones Morgan Stanley.

“Entraba a las 5:26 de la mañana porque mi jefe entraba a las 5:28. Una vez entras, es una dinámica que no se rompe como hasta las 7:00 de la noche”, relató Cabral Corrada.

“Wall Street es una escuela porque uno tiene que atender temas sociales, culturales, políticos, económicos. Tienes que entender esos temas para entender su impacto en los mercados, sean las tasas de intereses, el crudo, el oro”, comentó el analista de inversiones para quien no existe una barrera entre el mundo financiero -demonizado con frecuencia en la discusión pública- y aquel que a raíz de la crisis financiera de 2008 se bautizó como “Main Street”, en referencia a la vida cotidiana de la gente.

“Wall Street y Main Street son mundos totalmente interrelacionados”, indicó. “Los países y las corporaciones del mundo siempre van a necesitar del acceso al capital para desarrollar su economía, por eso, están intrínsecamente unidos. Esa relación es lo que permite ofrecer servicios esenciales o invertir en proyectos de infraestructura”.

Diploma en mano, Cabral Corrada dedicaba sus días a traficar acciones de Canadá, Estados Unidos y América Latina, cuando Stone Lion Capital le ofreció integrarse a la firma.

Trasbastidores

“Me uní a Stone Lion porque la firma quería invertir en Latinoamérica y el Caribe, que son los temas que me gustan y una de las jurisdicciones en las que me tocó invertir fue Puerto Rico”, relató Cabral Corrada, quien se desempeña como vicepresidente de Inversiones de la firma.

De inmediato, Cabral Corrada trazó la raya al indicar que sus expresiones son a título personal, que es integrante de un equipo de trabajo muy comprometido con lo que hace y que son los directivos de la firma quienes tienen la última palabra en cualquier decisión de inversión o estrategia que se adopte.

Empero, Cabral Corrada explicó que aceptó unirse a Stone Lion porque la firma se caracteriza por efectuar inversiones puntales y estratégicas y en el caso de Puerto Rico, la firma está enfocada en el largo plazo. Aparte de poseer bonos del Gobierno puertorriqueño, Stone Lion ha hecho inversiones significativas en la Isla en los nichos de bienes raíces y turismo.

Lo que Cabral Corrada no imaginó es que a raíz de la crisis fiscal en Puerto Rico, invertiría buena parte de sus días, intentando servir de enlace entre la administración saliente de Alejandro García Padilla y las distintas firmas de inversión que poseen deuda del territorio estadounidense. 

“Estoy convencido de que las cosas ocurren como Dios quiere. Estoy bien claro en cómo quiero contribuir y no importa dónde esté o qué haga, siempre velaré por la tierra que me vio nacer, donde vive mi familia y a donde pienso regresar”, dijo Cabral Corrada, quien es directivo del movimiento Yo No Me Quito.

En los pasados dos años, mientras la administración García Padilla establecía como política pública renegociar la deuda, Cabral Corrada se convertía en protagonista silente de la crisis fiscal, ayudando a disectar el presupuesto puertorriqueño y transmitiendo al Gobierno el deseo de los bonistas de entablar un diálogo con la administración.

El verano pasado, justo cuando García Padilla se aprestaba a declarar un impago en la deuda pública, Cabral Corrada llegaba a la Isla acompañado por ejecutivos de las principales firmas de bonistas de la Isla en un último intento para evitar que Puerto Rico incumpliera con sus acreedores.

A preguntas de Negocios, Cabral Corrada reconoció que el Gobierno de Puerto Rico necesita una infusión de efectivo y lograr cierto alivio en lo que dedica al pago de la deuda pública. Pero acto seguido, subraya que a la hora de analizar las finanzas de la Isla, es errado hablar de la deuda como un todo.

A juicio de Cabral Corrada, la deuda emitida por entidades insolventes debe reestructurarse de manera ordenada.

“Aunque los recaudos en Puerto Rico no han caído como ocurrió en Detroit y Grecia, la verdad es que han surgido demasiadas obligaciones y tenemos que renegociar los términos y condiciones de la deuda que no pueda pagarse, según se contrajo”, explicó Cabral Corrada.

Sin embargo, aunque García Padilla planteó por meses que la falta de dinero en caja requería escoger entre servicios esenciales o los bonistas, para ejecutivos como Cabral Corrada, los números del Gobierno dicen lo contrario.

“Los números del propio Gobierno demostraban un superávit de más de $3,300 millones para poder cumplir con las obligaciones de Puerto Rico a partir del 2021”, indicó Cabral Corrada haciendo referencia al plan fiscal que presentó García Padilla. El plan contaba con fondos federales para la reforma de salud, la continuación del arbitrio a las empresas foráneas y una moratoria de cinco años en el pago de principal a los bonistas.

Según Cabral Corrada, hay agencias que recibieron más fondos en el presupuesto vigente que lo aprobado el año fiscal anterior. Explicó, por ejemplo, que el presupuesto consolidado vigente experimentó un alza en gastos operacionales de $950 millones. De igual forma, dijo que no todo lo presupuestado constituye un servicio esencial, en especial, si no se pagan obligaciones que poseen prioridad bajo el estado de derecho vigente como sería la deuda constitucional. 

Una estrategia que duele

Cabral Corrada recordó que con el impago, el Gobierno también dejó sin ingresos a los propios puertorriqueños que son bonistas y afectó la solidez de las cooperativas, un vehículo esencial de financiamiento para las familias pobres y de clase media en Puerto Rico.

En tanto, según Cabral Corrada, el Gobierno invirtió unos $300 millones en gastos de asesores, cabildeo y similares como parte de la estrategia de renegociación y de lograr la aprobación de la ley federal PROMESA.

“¿De qué sirvieron esos $300 millones? Los resultados parecen ser: un Gobierno fracturado, cero credibilidad, sin acceso a los mercados, comerciantes locales afectados, ahorros de miles de familias puertorriqueñas perdidos, una reputación internacional lacerada y miles de los nuestros yéndose de la patria”, dijo Cabral Corrada.

“Lo más importante es que alguien confíe en ti como deudor y la reputación internacional y la credibilidad de Puerto Rico ha sido lacerada drásticamente. Personalmente, me duele porque la estrategia que parece haberse utilizado le ha hecho mucho daño a Puerto Rico”, dijo Cabral Corrada.

Según Cabral Corrada, los acreedores “entienden” cuando una persona no puede pagarle, pero también esperan que el deudor haga ajustes para que cumpla sus obligaciones y en ese aspecto,

La Junta Fiscal

A los ojos de este graduado en Negocios y Gobierno de la Universidad de Cornell, cuya tesis académica se centró en la situación fiscal de Europa, el Gobierno y la economía puertorriqueña deben ser transformados en su totalidad, un ejercicio que ahora parece plausible ante la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Un Gobierno con 500 oficinas gubernamentales, 78 alcaldías y 131 agencias no es sostenible, indicó.

La lista de remiendos de Cabral Corrada empieza por el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). Solo maximizar esa fuente de recaudos para que su captación aumente de 64% a 83% pondría $630 millones en el fisco, mientras que establecer controles presupuestarios para evitar gastos en exceso de lo presupuestado allegaría otros $750 millones “que se pierden anualmente”.

“Los municipios tienen que cambiar, no pueden ser una fuente de contratación para amigos, construcción de parques acuáticos y pistas de patinaje de hielo si no se pueden costear”, agregó Cabral Corrada.

A preguntas de Negocios acerca de la ley federal PROMESA y su diseño, Cabral Corrada indicó que el estatuto busca balancear los distintos intereses en la deuda de la Isla.

“La letra de la ley requiere un plan de ajuste fiscal, el financiamiento para las pensiones de nuestros empleados públicos y la renegociación de buena fe bajo el título VI. La intención de la ley puede funcionar bien si todas las partes interesadas sacrifican un poco y actúan de buena fe”, agregó.

Cuestionado por la posibilidad de una batalla legal con los bonistas, Cabral Corrada indicó que los acreedores no tendrían que ejercer sus derechos contractuales si Puerto Rico respeta el estado de derecho vigente.

“Los acreedores están en la mesa esperando una contraparte seria y con credibilidad para finalmente sentarse a negociar de buena fe y llegar a una resolución consensual positiva”, subrayó.


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