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Antes de llegar a la OCIF, Rafael Blanco laboró en Educación. (Archivo / GFR Media)

Luego de casi cinco años como principal regulador del sistema financiero de Puerto Rico, Rafael Blanco Latorre dejará la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) al concluir este mes.

Blanco Latorre notificó su intención de dejar la OCIF al gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares a principios de mes, lo que ayer confirmó el funcionario saliente a este diario.

“Han sido siete años en el servicio público, un tiempo que excedió por bastante más lo que eran mis expectativas”, dijo Blanco Latorre.

Al igual que su predecesor, Blanco Latorre es uno de los pocos funcionarios que han trabajado para dos administraciones de gobierno pertenecientes a partidos distintos. Su designación a la OCIF, a principios de 2012, se produjo con el respaldo unánime del Senado. Antes, Blanco Latorre colaboró dos años en el Departamento de Educación, donde tuvo a su cargo ciertos procesos presupuestarios y financieros de la agencia.

El abogado indicó que pondera reintegrarse al sector privado, aunque no reveló planes específicos.

Bajo la dirección de Blanco Latorre, la OCIF quedó al centro de varias controversias, como el examen de solvencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), ejercicio que reveló la descapitalización del banco, y la investigación a las operaciones de UBS Financial Services y UBS Bank, por el otorgamiento de líneas de crédito en la Isla sin tener licencia para esos fines en Puerto Rico.

Aunque en el caso de UBS, abogados de valores criticaron la gestión de la OCIF, la imposición de multas y restituciones por tales hechos fue la más alta en la historia del regulador.

“Fuimos los primeros en actuar, la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés) actuó después y sus señalamientos fueron muy parecidos a los nuestros”, dijo Blanco Latorre.

Al pasar revista de los logros, el funcionario destacó los avances de la OCIF en materia estadística y haber prevalecido en una disputa legal en la que abogados de valores pedían a la entidad hacer públicos los informes de sus investigaciones.

Las auditorías a aseguradoras en Puerto Rico son públicas, pero no los exámenes a bancos, casas de corretaje o fondos de inversión. A juicio de la OCIF, divulgar los exámenes a entidades financieras dejaría a la luz las técnicas investigativas del regulador.

“Aunque cerró Doral y eso fue un proceso muy difícil, se pudo dividir ese negocio sin que ningún cliente sufriera menoscabo”, agregó el funcionario en referencia a la institución que cerró operaciones en 2015.

Blanco Latorre y la OCIF también entraron en controversias cuando se objetó una regla contable para que las cooperativas dieran un trato especial a los bonos del Gobierno y se avaló un intercambio de acciones en la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec).

“Me hubiera gustado ayudar en el tema de la junta de directores de Cossec. Siempre tuve mis reservas en torno a la participación de la OCIF en esa junta, pero a medida que uno profundiza, se puede reconocer el valor de ese sector. Por eso sigo pensando que la composición de esa junta se debe revisitar. Por el bienestar del sector, Cossec es un ente público, una cosa es que las cooperativas tengan representación y otra que sean los regulados los que dicten al regulador lo que tiene que hacer”, concluyó.


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