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En una escueta decisión divulgada casi al cierre de los trabajos de la corte, Francisco Besosa determinó que la suspensión de litigios provista en PROMESA no aplica a una demanda incoada por varios fondos de inversión que poseen Obligaciones Generales. (A

El Gobierno de Puerto Rico sufrió ayer su primer revés judicial desde que entró en vigor la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), luego  que el juez federal Francisco Besosa denegara una moción del Estado con la que se buscaba mantener la suspensión automática de litigios provista por el estatuto federal.

En una escueta decisión divulgada casi al cierre de los trabajos de la corte, Besosa determinó que la suspensión de litigios provista en PROMESA no aplica a una demanda incoada por varios fondos de inversión que poseen Obligaciones Generales (GOs en inglés) de Puerto Rico.

“Los demandantes solo buscan un remedio de interdicto y (de sentencia) declaratoria”, reza la orden de Besosa, al explicar por qué razón no aplicaría la suspensión de litigios provista por PROMESA en el caso incoado por Lex Claims, Jacana Holdings y otros fondos de inversión que son propiedad de fondos de cobertura de riesgo como Monarch Capital, Autonomous Capital, Aurelius Capital, FCO y Stone Lion Capital. Estos grupos, junto con fondos institucionales, integran el llamado grupo Ad Hoc GOs.

Tras la decisión de Besosa, la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, adelantó que el Gobierno no se quedará de brazos cruzados.

“Diferimos respetuosamente de la determinación del tribunal sobre esta importante herramienta. La paralización de litigios es fundamental para evitar una interrupción en los servicios esenciales”, indicó Santana en declaraciones escritas.

El pasado 20 de julio, luego  que el presidente Barack Obama convirtiera en ley a PROMESA, parte del grupo Ad Hoc GOs demandó al Gobierno puertorriqueño, señalando que este ha tomado acciones contrarias a la Constitución de Puerto Rico y en violación del estatuto federal que creó un cuerpo supervisor de las finanzas públicas y le otorgó poder para revocar leyes locales que no respeten el pago prioritario de la deuda.

Según los demandantes, Puerto Rico violó su propia Constitución al no respetar el orden de prioridad de pagos en la carta magna y al utilizar fondos bajo la cláusula de “claw back” para sufragar otros servicios públicos, cuando estos solo pueden utilizarse para el pago de la deuda.

Para frenar lo que sería “un daño irreversible”, Lex y los demás demandantes pidieron a la corte federal que emita un interdicto contra el Gobierno puertorriqueño; que tome medidas para proteger los activos que podrían utilizarse para el pago de la deuda pública y que declare inconstitucional la Ley de Moratoria de Emergencia de Puerto Rico.

Reclamos sin mérito

Sin embargo, ayer, Santana indicó que si bien el fallo de Besosa daría paso al litigio del grupo Ad Hoc GOs, “las reclamaciones que ahora continuarían para la evaluación del tribunal carecen de cualquier mérito”.

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico continuará defendiendo su capacidad de proveer servicios a la ciudadanía. Ningún acreedor recibirá un trato preferencial por demandar al Gobierno”, sostuvo Santana.

Aunque PROMESA frena la radicación de litigios contra Puerto Rico hasta febrero de 2017, la protección –parecida a lo que sucede en casos de bancarrota– no es absoluta, lo que este diario reportó en julio pasado.

Según el estatuto federal, las cortes podrían intervenir para dirimir asuntos de derecho, como sería determinar la constitucionalidad de una ley o para otorgar remedios judiciales, como sería un pedido de interdicto.

Una ristra de demandas

Así las cosas, la decisión de Besosa, de levantar la suspensión automática provista en PROMESA en el caso de Lex Claims, es significativa porque al presente existe otra docena de demandas contra Puerto Rico y varias instrumentalidades, como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

En el caso de Lex Claims, al no aplicar la suspensión de litigios, Besosa tendrá la responsabilidad de dirimir si las movidas del gobernador Alejandro García Padilla de anteponer el pago de salarios, aportaciones a planes de pensiones y hasta el presupuesto de la Oficina de la Primera Dama al pago de la deuda constitucional son acciones válidas o constituyen una violación a lo dispuesto en PROMESA.

Según el expediente del caso, Besosa consolidó la demanda de Lex Claims con otras dos demandas de bonistas y aseguradores municipales y determinó que realizaría una vista para dirimir la controversia para la semana del 19 de septiembre.

Esta semana, el cofundador de Fundamental Advisors, Héctor Negroni, durante un evento de la Cámara de Comercio, se mostró esperanzado en que con la vigencia de PROMESA y la designación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se respete el estado de derecho en Puerto Rico, el que establece que el pago de la deuda pública debe ser la primera prioridad del Estado. 


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