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Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (horizontal-x3)
José González, José Carrión y Ana Matosantos, miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

A partir de esta semana, Puerto Rico podrá tener una idea de lo que le depara el 2017, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) afine el proceso de análisis de lo que será el nuevo borrador del Plan Fiscal y de Crecimiento Económico (PFCE).

Sin mucho ruido (aunque el gobernador saliente, Alejandro García Padilla, indicó que no trabajaría en un nuevo plan fiscal y el gobernador entrante, Ricardo Rosselló Nevares, rehusó unirse al primero para trabajar en un plan conjunto) economistas, abogados, personal de la Autoridad para la Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (AAFAF), asesores financieros del Gobierno, así como personal del Tesoro federal que labora con la JSF, llevan semanas reuniéndose -tanto en la ciudad de Nueva York como en Puerto Rico- para sacar los números que servirán de mapa a la JSF a partir de febrero de 2017.

Aunque es prematuro conocer cifras exactas, fuentes de Negocios, aseguran que el cuadro que servirá de referencia para enderezar las finanzas de Puerto Rico lucirá un tanto más adverso -en la medida en que no contará con asignaciones de fondos adicionales como los que esperaban en el programa de salud- y reflejará previsiones económicas menos favorables.

Como resultado, la inacción que ha prevalecido en la clase política de Puerto Rico y el consecuente y apretado calendario impuesto por la ley federal PROMESA, parece empujar, a toda prisa, a la JSF y con ella a toda la sociedad puertorriqueña, por un camino que será igualmente escabroso para la gente y los bonistas.

Negocios conversó con diversos entrevistados acerca de las alternativas que la JSF podría emplear, en el contexto de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA), ante la difícil situación de liquidez y de insolvencia que encara el Gobierno.

Según los entrevistados, la precaria posición fiscal, así como la contratación de asesores legales con pericia en casos de reestructuración y bancarrota, parecen colocar a Puerto Rico en una senda de renegociación forzosa e incluso, en ausencia de un acuerdo voluntario, en una batalla legal con los acreedores de la Isla.

En tanto, de acuerdo con los entrevistados, a la gente de a pie, los pensionados, los empleados públicos y los trabajadores y empresarios en el sector privado que han permanecido en el territorio estadounidense a pesar de 11 años de contracción económica, les espera vivir y pagar el ajuste que se ha postergado por décadas.

Tarea casi imposible

“Antes de las directrices de la Junta, la situación fiscal y económica de Puerto Rico era muy difícil. Ahora, con los nuevos eventos es posible que haya que cambiar el nombre de PROMESA a misión imposible”, dijo el economista Juan Lara. “Los mensajes que hemos recibido en las pasadas semanas, tanto de la Junta como del Tesoro y la Reserva Federal lo que revelan es que Puerto Rico tendrá que solucionar su situación prácticamente solo”, prosiguió el catedrático de Economía en la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Río Piedras.

Lara hacía referencia a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, William C. Dudley y aquellas de Antonio Weiss, consejero del secretario del Tesoro federal.

Hace unas semanas, Dudley indicó que el regreso de Puerto Rico a los mercados dependerá del plan fiscal que se apruebe, así como de que se actúe con urgencia ante el vencimiento cercano de varias fechas críticas dispuestas en PROMESA.

Weiss, por su parte, aseveró en un discurso en Washington que la JSF debía apretar el paso, debido a la cercana expiración del período de suspensión de litigios otorgado bajo PROMESA.

Para Lara, el cuadro de mensajes adversos para Puerto Rico lo completó la propia JSF en noviembre pasado. Entonces, al concluir su primera reunión pública en la Isla, la JSF descartó el PFCE y pidió hacer un nuevo plan que excluya partidas de recaudos para las que no hay certeza.

Además, el pasado 30 de noviembre, el directivo David Skeel, en una columna publicda en El Nuevo Día, indicó que entre los criterios principales para aprobar el PFCE figura financiar adecuadamente los planes de pensiones y asegurar los servicios públicos esenciales.

Lara, quien figuró en la lista de candidatos a la JSF, sostuvo que si Puerto Rico no puede contar con ningún tipo de ayuda del gobierno federal para superar la precaria situación fiscal y económica de la Isla, no será posible que el ente que se creó para sacar al territorio estadounidense de su peor crisis en una centuria cumpla con el mandato dual de imponer disciplina presupuestaria y facilitar el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital a precios razonables.

“La única forma de mantener servicios y balancear el presupuesto y tener financiamiento adecuado para ello, sin el soporte federal, sería suspender totalmente el servicio de la deuda y no creo que eso sea una posición aceptable para arrancar un proceso de renegociación de la deuda”, sostuvo Lara.

A juicio del economista, a la JSF no le quedará otro remedio que solicitar un respiro adicional a los acreedores, lo que permitiría que las partes puedan llegar a algún acuerdo beneficioso y que, en el mejor de los casos, resultaría en un ahorro “significativo” en lo que adeuda Puerto Rico.

“La junta puede trabajar esas fechas límites”, dijo la abogada Sonia Colón, estudiosa de temas de bancarrota y socia del bufete Ferraiuoli, con oficinas en el estado de la Florida.

“La prisa nos puede llevar a un capítulo III”, agregó la abogada haciendo referencia al título de la ley federal PROMESA.

El capítulo III de PROMESA provee, entre otras cosas, para reorganizar las obligaciones de Puerto Rico principalmente a través de un plan de ajuste de cuentas que se dirimiría en un proceso autorizado por la corte. Este remedio es el que impulsa la administración García Padilla, en buena parte, por la crisis de efectivo que encararía el Gobierno, cuando en febrero próximo expire la suspensión de litigios que ha evitado acciones de cobro contra la Isla, aunque no aplica a reclamos de asuntos procesales y de derecho por parte de los bonistas.

“El gobierno saliente perdió mucha credibilidad y me parece que al gobierno entrante se le debe dar la oportunidad de completar un análisis y trabajar en un plan basado en información fidedigna. Hay que pensar a largo plazo”, dijo la abogada.

Según Colón, aunque PROMESA supone “un mundo nuevo” en el cosmos de la deuda municipal, si se reflexiona acerca de las reestructuraciones de deudas corporativas, aquellas que resultaron exitosas se dieron después de un proceso de análisis cuidadoso.

“Las quiebras más exitosas son aquellas estratégicas que llevan tiempo trabajándose y donde se llegaron a acuerdos con acreedores antes de acudir al tribunal”, manifestó Colón.

En el mundo de la bancarrota, las reestructuraciones donde el deudor y los acreedores trabajan en un plan de ajuste se identifican como prehechas o “prepackaged”.

“Cuando no ha habido conversaciones o divulgaciones amplias y no hay estrategia de salida para el acreedor y para el deudor, esas quiebras, a veces, las desestiman o acaban en un capítulo 7”, explicó Colón al subrayar que en el caso de PROMESA y en el Código de Quiebras no existe una alternativa para liquidar los activos de un gobierno.

Así las cosas, si bien hay presión por la falta de efectivo en el erario, es primordial que la estrategia que utilice Puerto Rico para corregir sus finanzas, repercuta en el regreso del capital y la inversión a la Isla, condiciones que son necesarias para reactivar la economía y cumplir con los acreedores y la sociedad.

Entre el título III o el VI

Colón explicó que si se opta por recurrir a la corte con un plan de ajuste de deudas, sin un diálogo previo con los acreedores, ello implicará litigar todo tipo de argumentos con acreedores.

A manera de ejemplo, Colón sostuvo que en el caso de Detroit, el juez Stephen Rhodes tuvo que dedicar parte de su tiempo atendiendo el caso a deliberar si la ciudad mantuvo negociaciones de buena fe con sus bonistas antes de solicitar el auxilio del capítulo 9 del Código de Bancarrota.

Otro elemento que tendrá peso en la toma de decisiones de la JSF, serán las condiciones en que Puerto Rico pueda regresar a los mercados en el contexto de la renegociación que se impulse.

Colón explicó que la ciudad de Detroit tuvo el respaldo de la Michigan Finance Authority y la ciudad de Nueva York tuvo el respaldo del gobierno estatal. En el último caso, la ciudad tardó 10 años en regresar al mercado de capital municipal por sí sola.

En el caso de Puerto Rico, PROMESA no provee esas alternativas.

A juicio de la abogada, emplear el marco provisto a través del título VI de PROMESA, podría dar mayor flexibilidad al proceso de negociación, pero ello dependerá de muchos factores y en especial, de cuanta credibilidad pueda proyectar el Gobierno.

En términos simples y entre otras cosas, el título VI de PROMESA permite reestructurar los términos de una deuda contraída por un emisor si una mayoría de los bonistas, agrupados en carteras o “pools” consienten la modificación. Lo pactado entre el deudor y los acreedores que mayoritariamente lo aprueben aplicará al resto de la clase.

En una entrevista reciente con este medio, Edward Calvesbert, uno de los integrantes del grupo de plataforma de Rosselló Nevares, indicó el interés de la administración entrante de buscar acuerdos con los acreedores, empleando los mecanismos del título VI, con el interés de respetar los derechos adquiridos por los acreedores.

Esa aseveración, empero, quedó matizada hace unas tres semanas, cuando el representante de Rosselló Nevares ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte, indicó a El Nuevo Día que renegociar con los bonistas requerirá un recorte de principal.

“Muchos acreedores se quisieron sentar a negociar con la administración saliente, pero no sucedió porque faltó credibilidad. PROMESA fue resultado de eso, de la falta de credibilidad. Creo que con el nuevo ambiente y lo dicho hasta ahora, eso puede ser conducente a que hayan negociaciones con los acreedores. Pero eso tiene que ir a la par con abrir los libros y tener información clara que sea confiable. Por eso creo que se debe dar espacio a la siguiente administración”, comentó Colón.

No obstante, el vencimiento de $1,318 millones en pagos de servicio a la deuda, lo que dejaría al erario sin dinero para continuar operando a partir de febrero de 2017 y el tiempo que resta antes del fin de la paralización de litigios que provee PROMESA, ejerce una presión significativa en el proceso decisional.

Semanas críticas

Al presente, Puerto Rico y la JSF funcionan en lo que podría describirse como un período especial, plagado de fechas críticas, algunas autoimpuestas y otras que el ente supervisor no controla. En parte, el período especial fue validado por el juez federal Francisco A. Besosa, quien mantuvo la suspensión de litigios en siete demandas contra el estado, advirtiendo a Puerto Rico que se siente a negociar a la brevedad con sus bonistas.

A juicio de la JSF, la suspensión de litigios expira el 15 de febrero de 2017. Teniendo esa fecha de trasfondo, la JSF estableció un calendario expedito y que podría describirse como una cuenta regresiva.

Esta semana, la JSF debe completar el análisis prospectivo, a 10 años, de la economía de la Isla y ya habría completado el marco de referencia que servirá al nuevo PFCE.

Antes de que concluya este año, la JSF divulgaría el PFCE revisado con la expectativa de iniciar un proceso de negociación “de buena fe” con los acreedores de Puerto Rico.

En enero de 2017, la JSF se propone discutir el PFCE ampliamente con los distintos sectores sociales y empresariales de Puerto Rico, a fin de que el documento sea certificado no más tarde del 31 de enero.

Expirada la suspensión de litigios, Puerto Rico vendría obligado a honrar el servicio a la deuda, con la que ha incumplido desde abril pasado, cuando García Padilla dio paso a la Ley de Moratoria de Emergencia, que expira también el 31 de enero de 2017.

Clave el nuevo equipo fiscal

A juicio de Ignacio Canto, el plan de la JSF de entablar un diálogo con los bonistas en apenas una semana, apunta a dos posibles cursos de acción.

Por un lado, según Canto, es innegable que Puerto Rico necesita un financiamiento de emergencia y entablar un diálogo temprano con los acreedores podría hacer factible esa realidad.

De otro lado, de acuerdo con el experto en inversiones, la invitación temprana de la JSF a los bonistas también puede resultar en una estrategia para que estos, concientes de la precariedad del territorio estadounidense, inviertan recursos de cabildeo en la capital federal a favor de Puerto Rico.

“No puedo decir que el proceso que llevó a cabo la administración de García Padilla fue una negociación de buena fe y de parte de los bonistas, no hay nadie que diga que fue un proceso de buena fe”, dijo Canto. “Y si ese proceso de negociación se hubiera dado, habría sucedido con un plan fiscal que ya fue rechazado”.

A juicio de Canto, la JSF se moverá rápidamente y los efectos del PFCE comenzarán a aplicarse en la segunda mitad del 2017, en un nuevo presupuesto. Pero en última instancia, las acciones que tome la JSF también dependerán mucho de la profundidad que tenga el equipo fiscal y económico de Rosselló Nevares, dijo Canto.

“Se necesitará un grupo con vasta experiencia en los mercados. El rol que le va a tocar el grupo fiscal va a ser importantísimo porque la Junta buscará delegar la toma de decisiones en ese grupo”, manifestó.

La paralización de litigios

De acuerdo con Canto, antes de que la JSF pueda optar por cualquiera de las disposiciones para reconvenir la deuda pública de Puerto Rico con el aval de una corte, el ente que controla las finanzas públicas puertorriqueñas tendrá que cumplir múltiples requisitos en PROMESA, incluyendo demostrar que hubo esfuerzos genuinos para pactar con los acreedores extrajudicialmente y que posee un plan fiscal certificado.

“Creo que la Junta se va a mover a buscar un financiamiento de emergencia y eso va a ayudar al proceso de negociaciones voluntarias de buena fe, pero obviamente, es algo difícil por el poco tiempo que hay, por lo que muy probablemente, la paralización de litigios podría extenderse hasta mayo.

Empero, sin progresos sustantivos en el plan fiscal que se apruebe, extender la paralización de litigios hasta mayo de 2017 sería poco factible, en especial ante la posibilidad de una lluvia de demandas de los acreedores.

“Hay bonistas que se sienten inclinados a litigar bajo el título III porque creen que tendrán una mayor posibilidad de recuperar a valorpar o cerca de valor par que en un proceso de negociaciación voluntaria. Entre los bonistas de Puerto Rico, hay fondos de los que estuvieron en Argentina, que les gusta litigar y ellos salieron muy bien con Argentina”, dijo Canto.

Según Canto, la JSF podría invocar el título III y solicitar un financiamiento de emergencia o DIP, en inglés, pero allegar liquidez al Gobierno bajo ese remedio podría ser más difícil.

Tomar prestado contra qué

Uno de los escollos para allegar ese financiamiento de emergencia es identificar qué fuente de repago se utilizaría.

Con 18 emisores, Puerto Rico prácticamente ha puesto en garantía todas sus principales fuentes de recaudo, tanto las que llegan al Fondo General como las que reciben corporaciones públicas.

De otra parte, aquellas partidas que parecerían no estar comprometidas -como los ingresos de la Ley 154, por ejemplo- en realidad, podrían estarlo. Esto, porque los bonistas de Obligaciones Generales podrían reclamarlos, tal y como intenta hacer la disputa que libran estos y los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“No todo está pignorado, todavía queda espacio en GOs, en Cofina y en Cofim (la Corporación del Fondo Municipal) y hay tiempo para ponerse creativo. Se podría coordinar una estructura contra recaudos federales”, dijo Canto. “Pero eso solo podría hacerse en un proceso de negociación voluntaria”.

“Los bonistas ya saben, ya están preparados para tomar un recorte. Cuando tú ves un bono del BGF traficando en 23 centavos y los GOs en 64 centavos de dólar, es porque el bonista ya sabe lo que le espera. Quien todavía no lo sabe o no lo entiende es la gente”, dijo Canto.

Y es que independientemente de cómo y cuándo, el Gobierno pueda allegar liquidez, el PFCE que aprobará la JSF procurará hacer cierto balance entre los bonistas y la gente, un ejercicio que, a la luz de los eventos recientes solo se traducirá en mayor precariedad para los puertorriqueños, incluyendo a aquellos que son bonistas.

Ajustes estructurales primero

“La Junta no tiene muchas alternativas. No puedes llegar a un acuerdo con todos los acreedores de aquí a febrero”, dijo por su parte el economista Orlando Sotomayor.

“El éxito de la Junta no se va a medir por cuánto de la deuda de Puerto Rico eventualmente se paga. La métrica de éxito de la Junta es si Puerto Rico sobrevive económica y fiscalmente hablando”, sostuvo el catedrático de Economía de la UPR en Mayagüez.

De acuerdo con Sotomayor, el rol de la JSF se centra en asegurar que las políticas sociales y económicas que implemente Puerto Rico redunden en estabilidad fiscal y crecimiento y no en determinar qué políticas específicas se adoptarán.

En ese sentido, según Sotomayor, es altamente probable que una vez se obtenga un plan fiscal certificado, y antes que se proceda con cualquier remedio de renegociación o busque liquidez temporal, la JSF impulse que Puerto Rico ponga en vigor algunas de las múltiples reformas que se necesitan.

“La Junta tiene que demostrar que Puerto Rico ha hecho lo posible por sí mismo, antes de acudir al Congreso. Tiene que demostrar cuál es la situación del país sin suponer ayuda adicional y ese es el punto de partida”, dijo Sotomayor.

Según Sotomayor, aunque los ajustes afectarán adversamente la economía, en el mismo momento en que Puerto Rico y su clase política, sindical o empresarial sepa que viene ayuda, “va a suceder lo de siempre”.

“La ayuda lo que permite es continuar negando los problemas de raíz. Cualquier ayuda que vaya a recibir Puerto Rico va a estar condicionada a que primero se implementen reformas”, agregó el economista.

De acuerdo con Sotomayor, los casos recientes en el mundo de deuda soberana -Grecia, por ejemplo- confirman que la asistencia financiera o los alivios que puedan producirse en la deuda pública son posteriores a la adopción de reformas que van desde mejorar los procesos financieros hasta cambios en el mercado de trabajo y los planes de pensiones.

Según Sotomayor, el área de pensiones es uno de los muchos frentes en que Puerto Rico tendrá que tomar acción en el contexto de la JSF.

“Eso (las pensiones) no es un problemita de liquidez. Ya no se resuelve con inyectar par de millones. De lo que estamos hablando ahora es de repartir esa cuenta, entre los jubilados presentes, los futuros y los contribuyentes. De eso es de lo que estamos hablando”, ejemplificó Sotomayor. “El país tiene que decidir”.

De acuerdo con el economista, el tiempo para la concertación y el consenso en Puerto Rico ya terminó y ahora lo que queda es una entidad que hará el ajuste que sea necesario, si el gobierno no impulsa las reformas necesarias.

“Puerto Rico tiene que demostrar que está dispuesto a actuar con seriedad para controlar su déficit fiscal y los puertorriqueños tenemos que estar dispuestos a absorber una cuota de ajuste significativa”, dijo por su parte Lara, al agregar que ello podría crear las condiciones para que el gobierno federal provea soporte a la Isla.

Según Lara, lo lamentable es que al cabo de 11 años de contracción económica y del patrón migratorio que exhibe Puerto Rico, hay poco espacio para amortiguar lo que será una reconfiguración drástica del gasto público y su consecuente efecto en la economía local.

“Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) brinda ayuda a un país, le dice que tiene tomar medidas correctivas y dice a los bonistas que tienen que aportar. Si viéramos a la Junta como el equivalente del FMI, la Junta podría decirle al Congreso que brinde apoyo porque si eso no ocurre, el proyecto para enderezar los asuntos fiscales y la economía puede fracasar”, apuntó Lara.


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