Radicación de quiebra (horizontal-x3)
La acción levantó un revuelo entre los abogados que postulan en el Tribunal de Quiebras.(Archivo / GFR Media)

Los dos casos sellados que se registraron esta semana en el Tribunal federal de Quiebras en San Juan, y que este diario reportó, corresponden a las peticiones del Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA,  en inglés) para el Gobierno y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

La radicación de casos totalmente cerrados nunca antes se había dado en Puerto Rico, por lo que tal acción levantó un revuelo entre los abogados que postulan en el Tribunal de Quiebras, quienes cuestionaban si sería una “nueva estrategia” para presentar los casos.

La Junta de Supervisión Fiscal presentó la solicitud de quiebra el miércoles, 3 de mayo, ante el Tribunal de Distrito federal en Puerto Rico para que se reestructuren las deudas del gobierno. Con ello, se logró la paralización de litigios, por al menos, 120 días adicionales.

Esta semana, la jueza asignada al caso, Laura Taylor Swain, ordenó el traspaso de ambas peticiones del Tribunal de Distrito federal al Tribunal de Quiebras de San Juan. Los números reservados en el Tribunal de Quiebras para ambos son el 2017-03283 y el 2017-03284.

La Junta, entidad que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, al presentar el caso judicial de reestructuración, busca reajustar cerca de $12,000 millones en obligaciones generales del gobierno puertorriqueño. 

En total, el ente fiscal aspira a reestructurar cerca de $49,000 millones de una deuda, que ronda los $69,000 millones.


💬Ver 0 comentarios