No descartan evasión contributiva

Las acciones del representante José Luis Rivera Guerra en torno a su residencia en Aguadilla podrían implicar delitos de evasión contributiva, según conocedores entrevistados.

De acuerdo con el informe de la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara -que investigó las irregularidades con las casas de Rivera Guerra en Aguadilla y Moca- el legislador tenía deudas con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) al menos desde el 29 de septiembre de 2011, fecha en que este prepara una escritura de donación y segregación de su residencia de Aguadilla.

No fue sino hasta el pasado 20 de diciembre -cuando ya se investigaba la primera querella ética en su contra- que Rivera Guerra por primera vez acudió con un documento al CRIM con relación a esta casa, que él ha reportado como su residencia principal desde el 2008.

En esa fecha llevó al CRIM la escritura de segregación de septiembre de 2011. El 11 de enero de 2012 -hace dos semanas- fue que se saldó la deuda con la agencia por esa estructura.

Los delitos de Rivera Guerra serían por evadir contribuciones bajo la ley orgánica del CRIM o el Código de Rentas Internas de 1994. En el caso del CRIM se trataría de un delito menos grave y según el Código sería un delito grave de tercer grado.

El profesor de derecho Carlos Díaz Olivo explicó que los delitos podrían no ser atribuidos del legislador, sino al familiar que es dueño del terreno donde enclava la residencia del político.

Díaz Olivo explicó que el estado de derecho actual impone que las residencias deben reportarse al CRIM, y que esa responsabilidad le corresponde al dueño del terreno, en caso de que no esté segregado.

“El tío, la abuela o el familiar que sea, o Rivera Guerra privaron al Estado del cobro de una contribución por un tiempo. Son cómplices de que durante un tiempo nadie pagó la contribución”, manifestó Díaz Olivo.

Mientras, un abogado miembro de la comisión de derecho contributivo del Colegio de Abogados que pidió no ser identificado dijo que hay evasión, aunque podría determinarse que no fue el legislador, sino un pariente.

“Se supone que la persona que construyó vaya y lo notifique, y eso fue lo que aquí no ocurrió”, señaló el abogado. “Ahí tú tienes la intención de evadir el pago”, indicó.

Sin embargo, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Carlos J. Nieves, no ve que se pueda probar delito contra Rivera Guerra porque, según se alegó, el representante se comunicó con el CRIM sobre la casa de Aguadilla desde el 2006, pero esa dependencia no actuó.