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16 de febrero de 2014
Puerto Rico Hoy
 

“No estamos dispuestos a pagar un peso más”

Empresarios objetan que se les meta la mano en el bolsillo

 

Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

Enid Monge, líder del CUD, indicó que la empresa privada no aguanta más impuestos. (TERESA.CANINO@GFRMEDIA.COM)

Pese a las diferencias en estilo y en estrategias, los líderes del sector empresarial parecían llegar a consensos rápidos y claros en cuanto a lo que no estarán dispuestos a aceptar como remedio para la crisis económica y crediticia que afecta al país.

Comenzaron con lo más simple: no más impuestos. Desde el verano del año pasado, con la aprobación del presupuesto actual, el sector empresarial comenzó a cargar con $1,400 millones en tributos nuevos. Y todo ocurre en medio de una economía que no da señales claras de recuperación tras casi ocho años de decrecimiento.

“No podemos aceptar que para cuadrar la caja nos impongan más impuestos, reglamentaciones o medidas que al final lo que hacen es pagar la ineficiencia del gobierno”, dijo Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas durante una mesa redonda en El Nuevo Día.

Sector privado ofrece sus recomendaciones

“No estamos dispuestos a pagar un peso más”, reafirmó, por su parte, Jorge Cañellas, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Esta es una preocupación latente entre los empresarios, máxime ante la intención de la administración del gobernador Alejandro García Padilla de nuevamente alterar el Código de Rentas Internas. Los cambios en las contribuciones, hasta ahora, han sido la respuesta del gobierno ante las amenazas de degradación del crédito de Puerto Rico a chatarra, asunto que se concretó a inicios de este mes. En un lejano segundo plano quedó el desarrollo económico que podría revertir la recesión y, por consiguiente, generar los recaudos que necesita el gobierno para funcionar sin necesidad de pedir dinero prestado.

“Desde la degradación el gobierno se ha pronunciado sobre cómo controlará sus gastos y generará recaudos, pero no hemos escuchado de revivir la economía”, lamentó Jaime García, director ejecutivo de la Asociación de Industriales.

Según datos del Departamento de Hacienda, en el año fiscal 2013, los recaudos por concepto de los tributos de las corporaciones y las empresas foráneas representaron el 35% de los recaudos que alcanzaron los $8,502 millones. Si a esto se le suma el pago de arbitrios, la cifra llega a 63%.

El resentimiento es que ese dinero, en gran medida, va a pagar las ineficiencias del gobierno, los intereses partidistas y una burocracia que, lejos de facilitar los procesos de hacer negocios, lo que hacen es entorpecer. Además, los mismos criterios partidistas ocasionan que muchas de las iniciativas económicas no tengan continuidad cada vez que la administración del gobierno cambia de partido.

“Muchos de los problemas que tenemos para hacer negocios son consecuencia de legislación creada por presiones partidistas. Esas presiones hay que quitarlas de la ecuación porque, de lo contrario, no vamos a salir de esto nunca”, dijo Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales.

Según el líder de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Ferdysac Márquez Ruiz, a lo sumo podría aceptar alguna substitución de un tributo por otro que ayude a mejorar el flujo de dinero en las empresas. Mencionó, por ejemplo, que si se determina aumentar el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) se deben reducir las tasas de contribución sobre ingresos para los individuos y las corporaciones.

Los incentivos contributivos fue otro gran tema de discusión. El grupo abogó porque el gobierno fiscalice mejor el uso de los incentivos y que se promueva que las empresas con algún beneficio contributivo tengan que hacer negocios con las empresas locales.

No obstante, advirtieron que no se deben tocar los beneficios que se han probado que mueven la economía y producen empleos.

“El problema con los incentivos es como el IVU, que no se fiscalizan. Muchos de esos incentivos están bien diseñados y bien legislados, pero no se fiscaliza si las compañías están haciendo lo que se debe”, dijo Cañellas.

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