Niegan algún discrimen contra la Isla

WASHINGTON – En medio de una creciente presión para que se otorguen mayores recursos y se cree un plan federal abarcador contra el tráfico de drogas por Puerto Rico, representantes del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos rechazaron ayer ante el Congreso cualquier percepción de que desatienden la seguridad en la Isla.

“Asignamos los recursos dependiendo de las amenazas que existen”, sin discriminar contra Puerto Rico por el hecho de que no es un estado, dijo el contralmirante William Lee, responsable de las Operaciones de la Guardia Costanera, al declarar en una audiencia del subcomité de Investigaciones de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Lee respondió a preguntas específicas del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien le advirtió que a pesar del alto número de incautaciones de cocaína en la zona de Puerto Rico, la Guardia Costanera no tiene un avión de vigilancia en la Isla y dedica muchísimas más horas a la vigilancia marítima entre Miami y Cayo Hueso que a las costas puertorriqueñas.

En el caso del sur de Florida, dijo el contralmirante Lee, la vigilancia marítima también incluye evitar la entrada ilegal de personas.

El intercambio entre Lee y Perluisi, quien fue invitado a la audiencia, reflejó en gran medida el choque de opiniones que existe entre los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU. sobre la atención y los recursos que le dedica el Ejecutivo federal a combatir el creciente uso de la Isla como puente de los carteles de la droga hacia el este de Estados Unidos.

“Hacen falta más recursos”, no necesariamente más fondos, dijo, por su parte, el gobernador Luis Fortuño.

A preguntas de los miembros de la subcomisión, Fortuño indicó que cuando se ha reunido con funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama para llevarle su reclamo ha logrado tener encuentros “muy agradables, sin resultados”.

Un día después de que un comité de la Cámara baja federal encaminó un lenguaje que ordenaría a la Oficina del Zar Antidrogas de la Casa Blanca crear la iniciativa que el gobierno boricua reclama, Fortuño habló sobre la “escena de horror” que ha creado el narcotráfico en Puerto Rico, donde en 2011 fueron asesinadas 1,136 personas, el total más alto de la historia, y una persona muere cada siete horas y media.

Como ha hecho su gobierno a través de cartas y reuniones con el Ejecutivo federal, el gobernador defendió ante los legisladores que se ordene una escalada en el número de agentes federales de ley y orden, que se llenen las vacantes que existen en las oficinas de la Isla y se diseñe la estrategia que han bautizado como la “Iniciativa Frontera del Caribe”.

Un problema para EE.UU.

“Puerto Rico sirve como la última línea de defensa en el Caribe para prevenir la entrada de drogas y violencia a los EE.UU. continentales”, dijo Fortuño, quien el miércoles se reunió con varios de los miembros del subcomité que examinó la situación de Puerto Rico.

Desde el inicio de la audiencia, el presidente del subcomité de Investigaciones de Seguridad Interna, el republicano Michael McCaul (Texas), quien llegó al Congreso con la clase de 2005 de la que Fortuño formó parte como comisionado residente, se expresó solidario con los argumentos de las autoridades puertorriqueñas.

“Una vez están en Puerto Rico las drogas han cruzado nuestras fronteras”, reconoció McCaul, quien ha tenido interés en asuntos de terrorismo e hizo la advertencia de que no es alocado pensar en que en algún momento, como se alega intentó un grupo iraní con un cartel mexicano, “terroristas” pidan la ayuda de narcotraficantes.

Aunque dos demócratas -Bennie Thompson (Mississippi) y William Keating (Massachusetts)- mostraron preocupación sobre las denuncias en torno a los problemas institucionales de la Policía de Puerto Rico, todos los miembros del subcomité coincidieron en que urge atender los reclamos del Gobierno de Puerto Rico.

“Creo que es una zona que se pasa por alto”, insistió McCaul, una posición que también afirmaron otros congresistas, como los republicanos Billy Long (Missouri) y Tom Marino (Pensilvania), y el demócrata Keating, portavoz de la minoría en la subcomisión.

“Es un asunto que no se debe colocar debajo de la alfombra”, indicó Long.

Coordina la Casa Blanca

En su ponencia conjunta, los representantes de las agencias federales indicaron que en el comité interagencial de la Casa Blanca sobre Puerto Rico se creó un grupo a cargo de “coordinar” los asuntos de seguridad en la Isla.

Esa subunidad es encabezada por el secretario asociado de Justicia federal, Tony West, uno de los nuevos copresidentes del grupo interagencial de la Casa Blanca sobre Puerto Rico.

A ese grupo se sumó hace unos meses un representante del Departamento de Estado federal, que coordina la iniciativa contra el narcotráfico para la Cuenca del Caribe, que existe para las naciones caribeñas independientes.

Recientemente, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, -cuya oficina ha considerado convocar a una cumbre de seguridad en la Isla-, abrió la puerta al diseño de una nueva estrategia general para Puerto Rico, pero el asunto no termina de cuajar.

“Integrar toda la región (caribeña, incluido Puerto Rico) como una sola área, es probablemente algo que requiera trabajo”, reconoció, sin embargo, Michael Kostelnik, comisionado adjunto de la Oficina de Aire y Mar de la Patrulla de Fronteras, quien tuvo que dar explicaciones sobre el cierre, en 2010, de una base de operaciones en San Juan.

Kostelnik, quien se jubiló como mayor general de la Fuerza Aérea, indicó que debido a limitaciones fiscales cerraron la base que menos producía, pero reubicaron sus funciones y equipos -aunque con cuatro empleados menos- en las instalaciones que mantienen en Ponce, Fajardo y Mayagüez.

“Tenemos pedazos de esa estrategia (abarcadora) en marcha”, dijo a El Nuevo Día, al terminar su testimonio, la boricua Janice Ayala, quien es directora adjunta para Operaciones Domésticas de la Agencia de Inmigración y Aduanas, y trabajó cuatro años y medio en Puerto Rico.

Su oficina, dijo, ha estado trabajando de cerca con los departamentos de policía de Puerto Rico, San Juan y Guaynabo en los esfuerzos por desmantelar las actividades de ‘gangas’ criminales que operan en comunidades de la Isla.

No hay más fondos

Uno por uno, los representantes del Departamento de Seguridad Interna advirtieron, además, que no conocen que hayan fondos sin utilizar en sus oficinas que puedan destinarse a programas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Antes de terminar su testimonio, Fortuño, quien regresaba ayer mismo a San Juan, llamó la atención a uno de los asuntos que considera refleja la ausencia de una coordinación general dentro del Gobierno federal en torno al narcotráfico alrededor de la Isla: la falta de un buen sistema de datos, que provea los estimados que le permitan a las propias autoridades conocer mejor la magnitud del problema.