Investigación revela suficiente evidencia de que el representante cometió varios delitos
Por Israel Rodríguez Sánchez / El Nuevo Día
El Departamento de Justicia pidió hoy la asignación de un fiscal especial independiente (FEI) para investigar al representante José Luis Rivera Guerra, informó el secretario de la agencia, Guillermo Somoza Colombani.
El titular indicó que la investigación cubriría asuntos relacionados a la obtención de los permisos de construcción de la vivienda del representante en Aguadilla, posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, entre otros asuntos.
Según la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División de Integridad Pública del DJ, surge de la investigación que Rivera Guerra no divulgó información sustancial, como el costo, el gasto y la deuda incurrida en la construcción de la piscina en su residencia de Aguadilla en los informes financieros que presentó en la Oficina de Ética Gubernamental correspondientes a los años 2007 al 2010, por lo que existe causa suficiente para creer que el representante infringió el artículo 4.11 (A) de la Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985 (Ley de Ética Gubernamental).
Asimismo, el informe concluye que Rivera Guerra infringió las disposiciones de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico al utilizar como residencia principal una estructura sin el permiso de uso que expide la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Añade el informe, que con relación al servicio de agua potable el legislador incurrió en delito menos grave al tener una derivación en violación a la ley y reglamentos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
En enero pasado, el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista, Luis Fortuño, refirió el caso del legislador a Justicia.
Este es el segundo golpe que recibe esta semana el legislador estadista, ya que ayer el Tribunal Supremo ratificó una decisión del Tribunal Apelativo que lo deja fuera de la papeleta de las elecciones del 6 de noviembre.
Rivera Guerra estuvo bajo el escrutinio público luego de que trascendiera que no tenía los permisos correspondientes para su vivienda en Aguadilla y que no era cliente de la AAA en otra residencia en Moca.
El legislador también enfrenta una demanda por cobro de dinero por la construcción de la piscina en su casa de Aguadilla. Presuntamente debe $8,800.
También había trascendido que el contratista William Rivera construyó la piscina supuestamente a cambio de que el representante lo ayudara a conseguir un préstamos de $174,000 con el Banco de Desarrollo Económico (BDE), que le fue denegado.