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Larrieux es una de los aproximadamente 50.000 haitianos que viven y trabajan de forma legal en Estados Unidos. (horizontal-x3)
Farah Larrieux posa para una foto en su casa de Miramar, Florida. (AP)

MIRAMAR, Florida — Farah Larrieux teme estar a punto de ser expulsada tras más de una década viviendo y trabajando en Estados Unidos. La protección migratoria concedida a ella y a otros muchos haitianos tras el terremoto de 2010 podría verse revocada próximamente.

El equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe anunciar para el 23 de mayo si mantiene el Estatus Protegido Temporal para unos 50,000 haitianos que viven y trabajan de forma legal en el país. Sin este programa, podrían verse de pronto en riesgo de deportación.

Un destacado funcionario de inmigración ha alegado que Haití es lo bastante estable como para que sus ciudadanos ya no necesiten protecciones ante la deportación. Según emails a los que tuvo acceso The Associated Press, funcionarios nombrados por Trump están buscando pruebas de que los inmigrantes haitianos hayan cometido delitos antes de anunciar la decisión.

El gobierno del expresidente Barack Obama extendió varias veces la protección para los haitianos, y Florida se convirtió en un hogar permanente para Larrieux, aunque ella viviera bajo una protección “temporal”.

“Estoy planificando mi vida, asentándome. Puedo decirle que me estoy estabilizando a nivel financiero, pero ahora no sé qué va a pasar en los próximos tres meses”, señaló.

Larrieux llegó a Florida en 2005, pero cuatro años más tarde estaba divorciada y deprimida. Su visa había caducado y su solicitud de un permiso de residencia había sido rechazada. Las protecciones tras el sismo fueron como un salvavidas: consiguió un permiso de conducción de Florida, regresó a la escuela y abrió una empresa promotora de artistas haitianos de entretenimiento desde su casa en Miramar.

“Fue un renacimiento”, señaló.

La pobreza, la inestabilidad política, los problemas de infraestructura y el brote de cólera en Haití ya no justifican un programa creado para países en crisis, indicó James McCament, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

“Estos innumerables problemas que persisten en Haití son problemas continuados que han existido durante muchos años antes del desastre de 2010”, indicó McCament en un comunicado interno del 10 de abril recogido en un primer lugar por USA Today. Su recomendación era poner fin a esta protección cuando expire el 22 de junio, y dar hasta enero a los ciudadanos haitianos para que se marchen de forma voluntaria.

AP tuvo acceso a correos enviados entre el 7 de abril y el 1 de mayo, en los que la responsable de política del USCIS preguntaba varias veces a su personal con cuánta frecuencia se había condenado por delitos a haitianos amparados por el programa y cuántos habían disfrutado de prestaciones sociales. Sus empleados respondieron que esos datos no estaban disponibles o eran difíciles de encontrar en documentos del gobierno.

La agencia declinó hacer comentarios sobre “documentos previos a decisiones”. La portavoz del USCIS, Sharon Scheidhauer, señaló que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, no ha tomado una decisión en lo referente a Haití.

Tener antecedentes penales descalifica a un aspirante al Estatus Protegido Temporal, y las personas adscritas al programa no pueden recibir prestaciones públicas.

Trump “no va a poder encontrar las pruebas que busca, y si lo hace, son noticias falsas”, afirmó el martes Cheryl Little, de Americans for Inmmigrant Justice.

Líderes de la comunidad haitiano-estadounidense afirmaron que deportar a personas establecidas con propiedades, empresarios, estudiantes, contribuyentes y padres de niños nacidos en Estados Unidos podría acabar con sus remesas, asestando un golpe económico a un país donde el terremoto mató a 300.000 personas, el cólera ha dejado al menos 9.500 muertos desde 2010 y otras 546 personas murieron después de que el huracán Matthew tocara tierra en octubre.

Defensores de derechos de los inmigrantes señalan que la economía estadounidense también sufriría. Deportar a los haitianos afectados podría costar 469 millones de dólares, y a lo largo de la próxima década se perderían 428 millones de dólares en contribuciones a la seguridad social y Medicare, según estimaciones del Inmmigrant Legal Resource Center.

Sólo en Walt Disney World se verían afectados casi 500 empleados, según UNITE HERE, el sindicato de trabajadores de limpieza y servicios del parque de diversiones.

“Estas personas están trabajando. Están contribuyendo. Tienen vidas aquí”, dijo Marleine Bastien, de Haitian Women of Miami. “Esta es una de las crisis más graves que hemos enfrentado desde el sismo”.

La protección temporal permite vivir y trabajar en Estados Unidos a inmigrantes de países afectados por conflictos armados o desastres naturales. Para adscribirse al programa, los haitianos tenían que residir en el país antes del 12 de enero de 2011. Los permisos de residencia y empleo se renuevan cada 18 meses.

Ira Mehlman, portavoz de la Federation for American Immigration Reform, que defiende políticas estrictas de inmigración, señaló que los haitianos no deberían haber contado con privilegios permanente.

“Siempre ocurrirá algo en Haití”, dijo Mehlman. “A menos que las cosas sean absolutamente perfectas, cosa que nunca fueron y nunca serán, habríamos tenido que permitir que la gente se quedara aquí de forma indefinida”.

Estas protecciones amparan a ciudadanos de otra docena de países. No está claro si el USCIS también preguntó sobre sus antecedentes penales. El comunicado de McCament no se refería a las protecciones que expiran el año que viene y que afectan a casi 355.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y El Salvador, que han disfrutado de ese estados protegido durante casi 20 años. Los inmigrantes de los demás países incluidos llegaron hace menos tiempo y en menor número.

Trump impresionó a los haitiano-estadounidenses como candidato republicano a la presidencia.

En general, esta comunidad en su mayoría negra, que representa al 1,8% de los votantes de Florida, había apoyado a los demócratas. Pero durante el mandato de Obama, el gobierno redobló sus esfuerzos para deportar a haitianos que no podían acogerse a la protección temporal, en especial miles de personas congregadas en la frontera de California con México el pasado otoño. Además, algunos acusaban a las iniciativas benéficos de Hillary Bill Clinton en Haití de fallos humanitarios y económicos en el país.

“Los haitiano se merecen algo mejor, que yo pretendo darles”, dijo Trump en la Pequeña Haití de Miami en septiembre. “Yo seré su campeón”.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y otros demócratas escribieron a Kelly y al secretario de Estado, Rex Tillerson, pidiendo una extensión de la protección a los haitianos. Un grupo bipartisano de legisladores de Florida y el Congressional Black Caucus, un grupo de parlamentarios negros, enviaron cartas similares.


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