Cathrynn Brown, una legisladora republicana de Nuevo México, presentó un proyecto de ley que requeriría a víctimas de violaciones e incesto a llevar su embarazo a término con el fin de utilizar el feto como prueba de un juicio por asalto sexual.

El proyecto de ley, de ser aprobado, catalogaría el aborto como un delito grave de tercer grado de "manipulación de pruebas".

"La manipulación de las pruebas incluirá el reclutamiento o la facilitación de un aborto, u obligar o coaccionar a otro para obtener un aborto de un feto que es el resultado de la penetración criminal sexual o incesto con la intención de destruir las pruebas del delito", dice el proyecto de ley.

Por su parte, Pat Davis de la organización ProgressNow New Mexico, la cual está opuesta al proyecto de ley, le dijo al portal Huffington Post, que el proyecto es “claramente inconstitucional”.

"El proyecto de ley convierte a las víctimas de violación e incesto en criminales y les obliga a convertirse en incubadoras de evidencia para el estado", dijo Davis.

No obstante, la legisladora hizo hincapié en que presentó el proyecto con el objetivo de castigar a la persona que comete incesto o violación, y que luego se facilitará un aborto para destruir la evidencia del crimen.