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Ramírez citó específicamente la sección 625 del capítulo 600 de la reforma federal, el cual establece que antes de proceder con el uso de agentes químicos, la Uniformada debe tener el personal médico disponible para atender cualquier emergencia. (Ramón Tonito Zayas)

Aunque reconocen que ha habido “un cambio” en el comportamiento de los policías de línea, el director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez, señaló hoy varias violaciones a la reforma federal durante el Paro Nacional del pasado 1 de mayo, como el despliegue de guardias sin identificar, el uso de gases lacrimógenos y el que algunos de los oficiales llevaron desplegados en sus uniformes el símbolo de “punisher”.

El licenciado Ramírez mostró, además, preocupación por el uso de vídeos, fotografías y “testigos oculares”, por parte de la Policía, para identificar a personas que pudieron haber incurrido en la comisión de algún delito durante la multitudinaria actividad en vez de detenerlas en el momento de los hechos. 

“Vimos un poco de todo. Vimos muchas violaciones con relación a la reforma de la policía en el sentido de que hay unos protocolos establecidos, como el uso de placa, la identificación con nombre y un gran número de policías no estaba identificado. Aun cuando el comportamiento de muchos de los policías de línea, según mi experiencia, por lo general fue superior a lo que había sido en el pasado, si no están identificado y no tienen placa, es un problema”, sostuvo.

Igualmente, se expresaron intranquilos ante la elevada movilización policiaca o “show of force” con la intención de intimidar o criminalizar la protesta y lamentaron que el enfoque de la manifestación haya sido los incidentes que ocurrieron una vez culminados los actos oficiales, algunos de los cuales podrían ser delictivos.

“Estas actividades tienen que darse con respeto a la diversidad de opiniones y no criminalizar al contrario simplemente por enviar un mensaje contra el Estado”, estableció Ramírez durante una conferencia de prensa. 

La ACLU tuvo desplegado cerca de una veintena de observadores durante el Paro Nacional que concluyó con unas manifestaciones en donde hubo daños a la propiedad, cometidos por un reducido grupo de los miles de ciudadanos que se dieron a la actividad convocada por grupos sindicales en protesta a las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno, a la Junta de Supervisión Fiscal y a los recortes que se plantean para la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

Además de que algunos oficiales no estaban identificados, Ramírez denunció otras violaciones, como el uso de gases lacrimógenos y balas de goma sin tomar las debidas medidas de precaución y el despliegue de agentes encubiertos. “Esta idea de que un policía en ropa civil no es un encubierto tiene validez si se identifica como policía”, planteó.

Ramírez citó específicamente la sección 625 del capítulo 600 de la reforma federal, el cual establece que antes de proceder con el uso de agentes químicos, la Uniformada debe tener el personal médico disponible para atender cualquier emergencia. Dijo que no hubo ningún intento de cumplir con esa orden.

Sobre el símbolo de “punisher” señaló que el uso del mismo está desautorizado y aun así “muchos” lo llevaron, particularmente las unidades especializadas.  “Viene con una idiosincrasia de cómo la policía hace su trabajo y es castigar”, explicó el licenciado Diego Corral al agregar que se trata del personaje principal de un comic, un justiciero que toma la ley en sus manos.

Corral levantó bandera sobre el hecho de que la información inicial ofrecida por los agentes sobre hacia dónde serían movilizados los detenidos, posteriormente resultó errónea en múltiples instancias. No obstante, reconoció que “dentro de todo” la Policía le dio acceso a observar los incidentes, les permitieron comunicación con los arrestados y fueron “cordiales” en su trato hacia los observadores.

A juicio de la licenciada Nora Vargas, quien también estuvo de observadora, una de las áreas en las que la Policía necesita refuerzo es en entender que en este tipo de actividad no solo están desplegados para proteger la propiedad sino también la vida de cada uno de los allí presente.

“Hemos visto cambios en la forma y manera en que aceptan unas intervenciones por parte de los observadores…todavía hay trabajo para hacer que entiendan que los policías están ahí para protección de los manifestantes y no solo de la propiedad”, insistió Vargas.

Reconoció que hay que atender y discutir sobre la violencia suscitada, pero sin perder de perspectiva cuál era el verdadero mensaje de la actividad, el cual, a su juicio, se cumplió. “Hay actos de violencia por personas que entienden que son mecanismos legítimos de promover cambios sociales, estemos de acuerdo o no, uno tiene que darse el espacio y considerar qué está pasando”, expresó.

“La violencia se da en un contexto porque el Estado está incurriendo en violencia cuando usa su poder con su fuerza de represión o el cuerpo policiaco que tiene para hacerlo…cuando usa su poder para quitarle derechos adquiridos a sus trabajadores, afectar la educación pública, afectar los servicios de salud, imponer unas medidas de austeridad y se rehúsa, a pesar de los reclamos de distintas entidades, a que se audite la deuda”, abundó la licenciada.

“No vamos a enfocarnos sólo en las ventanas sino en porqué estamos aquí, porqué hemos llegado a eso, cuáles son los reclamos del pueblo. Nos preocupa que nos enfoquemos en la represión o si en la Policía cumplió o no con la reforma. Esto va más allá de la reforma”, puntualizó Vargas.

La Policía reacciona

En unas declaraciones escritas enviadas este miércoles en la tarde, la Policía de Puerto Rico agradeció "el reconocimiento de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el sentido de que ha habido grandes avances en el manejo de situaciones conflictivas".

"Todas las acciones de la Policía de Puerto Rico son producto de un proceso de estudio. Hemos sido sumamente enfáticos en cumplir nuestro deber, a la vez que se cumple con los requerimientos de un acuerdo federal que impide la violación de derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza", lee el documento, que sostiene que los agentes reciben continuamente adiestramientos en todos los aspectos de la ley y el orden, "incluyendo en las diferentes variaciones  del uso de la fuerza".

"Los derechos civiles dejan de serlo cuando se abusa de ellos y la Policía de Puerto Rico no renunciará a su responsabilidad", cierra el comunicado, no sin antes decir que la labor de esa agencia "no es criminalizar, es buscar el cumplimiento de la ley y orden".


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