(horizontal-x3)
Los bonos de Cofina tienen sistema de repago en el que los recaudos del IVU se usan primero para cubrir lo que se le debe a los bonistas y el dinero que sobre es el que pasa al gobierno. (Shutterstock)

El manejo de la deuda de Puerto Rico bajo un proceso de bancarrota territorial implica un camino lleno de incertidumbres legales que solo ofrece dos garantías: los bonistas no tendrán más opción que negociar y los recortes en deudas irán más allá de lo que se debe a Wall Street.

Por un lado, el proceso de Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), en teoría, provee para que las reclamaciones de cobro contra el gobierno se vean paralizadas en lo que se consigue una reestructuración de las operaciones y la deuda gubernamental.

Por consiguiente, los primeros afectados en el proceso son los mismos acreedores del gobierno, incluyendo a aquellas personas y compañías que tienen contratos con las agencias y corporaciones públicas, ya que sus pagos por servicios ya prestados podrían retrasarse o hasta recortarse al final del proceso, explicó el abogado experto en procesos de quiebra Rolando Emmanuelli. 

Al mismo tiempo, los procesos de bancarrota, como el que se establece bajo el Título III, proveen para que se cuestionen los   gastos del deudor que no sean indispensables. Por eso, gran parte del debate sobre el Plan Fiscal y la Ley PROMESA gira alrededor de cuál servicio es esencial para el gobierno.

“Todo aquello que no sea servicio gubernamental esencial se va a afectar. El problema ahora mismo es que nadie sabe qué no es esencial porque no se ha definido”, dijo el economista Antonio Fernós Sagebien.

En el Plan Fiscal certificado, se ofrece un esbozo general sobre lo que constituye un servicio esencial. No obstante, el escrito se limita a establecer unos criterios básicos.

Se trata de un asunto que, si no lo define el gobierno, terminará resolviéndolo el juez que se asigne al caso, dijo Emmanuelli.

Ahora, esta decisión, según la Ley PROMESA, debe respetar las prioridades del gobierno establecidas a través de la Constitución y sus leyes. Entre esas prioridades está, por un lado, el repago de la deuda constitucional y, por otro, los programas que permiten que el gobierno cumpla con lo establecido en la Carta de Derechos de los ciudadanos, documento que promete, entre otras cosas, seguridad, salud, educación y bienestar social.

“Son conceptos generales, pero uno podría sospechar que se podría poner en riesgo los donativos del gobierno a entidades que no cumplan directamente con estos criterios”, dijo Fernós Sagebien, al estimar cuáles servicios podrían considerarse no esenciales.

Del mismo modo, las personas o empresas que tengan negocios con el gobierno podrían ver sus contratos cancelados en medio de la reestructuración de operaciones y deudas, si el tribunal considera que no son de primordial importancia.

De hecho, esas prioridades serán gran parte de la discusión legal que se podría esperar bajo un Título III. Emmanuelli opinó que, por ejemplo, de las primeras cosas que tendrá que dirimir el tribunal, será la controversia de prioridad en repago entre los bonos de obligaciones generales (GO’s) y los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Los bonos de Cofina tienen sistema de repago en el que los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) se usan primero para cubrir lo que se le debe a los bonistas y el dinero que sobre es el que pasa al gobierno.

Este sistema recae bajo una estructura legal en la que los recaudos del IVU no son considerados ingresos del gobierno hasta que llegan al Fondo General. Los bonistas de los GO's, que tienen la principal garantía constitucional, cuestionan la legalidad de este esquema, puesto que ese repago proviene de la capacidad legal del gobierno de imponer contribuciones. Se trata del mismo poder que provee los ingresos para pagar los GO's.

La administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares no ha tomado posición sobre la controversia. No obstante, el Plan Fiscal certificado bajo PROMESA provee para que el Departamento de Hacienda saque dinero del Fideicomiso de Cofina si necesita atender una insuficiencia de fondos. Esto ha sido interpretado por los bonistas como una violación a los acuerdos entre el gobierno y el tribunal. Por eso, ayer un grupo de bonistas de Cofina demandaron al gobierno y reclamaron al tribunal una sentencia que declare ilegal esta práctica. Se amparan, en parte, a que la Ley PROMESA establece que en el manejo de la deuda se deberá respetar las prioridades de repago y no se podrán pasar los activos de una estructura a otra. “Esto es un tema importante porque lo que se resuelva va a establecer la prioridad en el repago de Cofina, que es una de las deudas más grandes que tiene el gobierno", dijo Emmanuelli al estimar que este tipo de controversias podría llegar a los más altos foros judiciales.

Y esa prioridad va a ser lo que determine que tajada le tocará a cada cual. En el caso bancarrota de la ciudad de Detriot, en el estado de Michigan, los bonos con más protecciones legales tuvieron un recorte en la deuda menor que aquellos que estaban desprovistos de protecciones o respaldos especiales, explicó Emmanuelli.

El abogado, sin embargo, estimó que los recortes en Detroit, que en algunos casos sobrepasaron el 50% del valor original del bono, fueron así de severos porque el gobierno municipal no tenía muchos activos qué vender para generar el dinero necesario para repagar a los bonistas.

Este, sin embargo, no es el caso del gobierno de Puerto Rico. Entre los activos del gobierno están múltiples terrenos, estructuras, playas, servidumbres, empresas públicas, entre muchos otros.


💬Ver 0 comentarios