Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, presentó el Proyecto de la Cámara 812. (horizontal-x3)
Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, presentó el Proyecto de la Cámara 812. (Gerald López Cepero)

Un proyecto de ley ante la consideración de la Cámara de Representantes busca “atemperar y esclarecer” la definición de la zona marítimo terrestre, lo que ha levantado una bandera de alerta de que pudiera tratarse del más reciente intento de privatizar las playas.

El P. de la C. 812 , de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, plantea que la definición actual de la zona marítimo terrestre data del siglo 19 y está enfocada en su administración conforme a los intereses comerciales y económicos de la zona.

Propone, por lo tanto, una definición “que no menoscabe los derechos de titularidad que son constitucionalmente protegidos, y permitir el disfrute tradicional de recreo por el público de la playa seca”.

Ese concepto de “playa seca” es, precisamente, el que preocupa a expertos como el oceanógrafo físico Aurelio Mercado, quien estima que, con la nueva definición, la zona marítimo terrestre, que es un bien de dominio público, mediría -en promedio- apenas cuatro pies de ancho.

El resto del área de costa, advirtió Mercado, podría privatizarse.

“El (nuevo) deslinde de la zona marítimo terrestre se tiraría hasta donde llega la marea más alta o la más alta en todo el año. El resto de la playa seca, que se llama así porque la marea no la moja -pero el oleaje sí la moja-, pasaría a ser propiedad privada”, reiteró el catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (UPR-M).

“Es un chiste” 

En términos similares se expresó el director del Programa Sea Grant de la UPR-M, Ruperto Chaparro, quien señaló que la Constitución del Estado Libre Asociado garantiza el acceso público a las playas.

“Estamos hablando de bienes de dominio público, es decir, que no son propiedad de alguien en particular. Esa garantía se tiene que mantener. Pero con esta legislación, parece que lo que están buscando es venderles las playas a hoteles y condominios, y que solo tengan acceso a playas de arena seca quienes se queden en esos hoteles o compren apartamentos en esos condominios”, dijo.

Chaparro, incluso, ató el P. de la C. 812 a las disposiciones de la ley federal PROMESA, que facultan a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a establecer como política pública la venta o traspaso de activos naturales, incluyendo las playas, a fin de allegar fondos para pagar la deuda pública.

“Es un absurdo todo esto que se está proponiendo. En tiempos de estrechez económica, la única alternativa de recreación para la ciudadanía va a ser ir a las playas, pues no tendrán dinero para ir a cines o teatros. Este proyecto de ley es un chiste; es como obligarte a ir a la playa y poner la toalla en la arenamojada”, agregó.

“Naturaleza privada” 

Ni Mercado, ni Chaparro participaron en la vista pública en la que se discutió el proyecto, celebrada el pasado 18 de abril. Denunciaron que la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes no hizo las debidas convocatorias.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación y la Autoridad de los Puertos sometieron memoriales explicativos a la Comisión.

Tania Vázquez, secretaria del DRNA y presidenta de la JCA, alertó, por ejemplo, que el P. de la C. 812 “no arroja luz sobre muchos de los vacíos existentes” en torno a la definición de la zona marítimo terrestre.

“Nada existe en nuestro ordenamiento jurídico que establezca o defina el alcance de lo que sería considerado ‘playa seca’ y de los derechos individuales que ampararían a los propietarios de estas. Es importante señalar que el proyecto de ley ante nuestra consideración, estaría excluyendo del dominio público a la porción de la playa tipificada como ‘seca’, lo que haría que existan porciones de playa de naturaleza privada”, expuso Vázquez.

Al momento de este informe, Méndez no ha estado disponible para entrevista.

La investigación ISLA ¿SIN PLAYAS?, de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo, encontró que, por los pasados 18 años, la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico ha incumplido con el mandato de la ley que la creó para asegurar la conservación, el libre acceso, el desarrollo ordenado y la seguridad en las playas del país.

Se constató, además, que la Junta de Playas, adscrita al DRNA, ha estado prácticamente inoperante, sin liderato y con un mísero presupuesto que, además, fue invertido parcialmente en gastos cuestionables, no relacionados a la protección de las costas.  


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