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La directora ejecutiva de la entidad, Zulma Rosario. (Suministrada)

El expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, no será el único querellado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por las presuntas ilegalidades detectadas en el Programa de Becas Presidenciales, pues la directora ejecutiva de la entidad, Zulma Rosario, confirmó hoy, miércoles, que muy pronto tomará acción contra otras personas vinculadas con las irregularidades.

Rosario se amparó en la confidencialidad de la pesquisa que conduce la OEG para no divulgar los nombres de las personas implicadas, pero aseguró que cuentan con evidencia robusta para procesarlos administrativamente por presuntas violaciones a la “Ley de Ética Gubernamental”.

“Adelantarle a cualquier persona quiénes son las personas que estamos investigando es derrotar la investigación. ¿Qué ocurre cuando las personas potencialmente investigadas advienen en conocimiento de ello? Ocurre lo que sabemos, los documentos se alteran, desaparecen, los testigos son manipulados, así que tenemos que ser extremadamente cuidadosos con hacer expresiones públicas que pongan en riesgo la investigación”, manifestó la funcionaria a preguntas del representante Guillermo Miranda, presidente de la Comisión cameral de Educación, Arte y Cultura.

Reconoció que, desde que las irregularidades fueron destapadas, y la UPR y el Departamento de Justicia encauzaron sus respectivas investigaciones, han trascendido públicamente varios nombres de funcionarios de la pasada administración universitaria. No obstante, insistió en guardar silencio respecto a si alguno está bajo el foco de la OEG, y dejó entrever que se podrían sumar otros nombres.

“No puedo decir que ninguno de esos está siendo investigado porque son personas, en aquel momento, administradores de la UPR en diferentes lugares y etapas del proceso de otorgamiento de las becas, pero no quiere decir que esos sean los únicos. Hemos recopilado información, y esa información eventualmente desembocará en otras querellas”, subrayó.

A finales de septiembre pasado, la OEG presentó una querella contra Walker Ramos por alegadas violaciones a la “Ley de Ética Gubernamental” por, entre otras cosas, utilizar los deberes y facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a dos de los becarios, por provocar la pérdida de $63,200 en fondos públicos por otorgar el beneficio en violación a las normas aplicables, y de esa manera, poner en duda su imparcialidad e integridad en el puesto.

Ese proceso administrativo fue paralizado el mes pasado por el Tribunal de Apelaciones a petición del expresidente de la UPR, quien presentó un recurso de revisión judicial. Rosario dijo que, cuando se produjo esa suspensión, la OEG se encontraba lista para celebrar una audiencia en la que un oficial examinador pudiera aquilatar la prueba obtenida y escuchar la defensa de Walker Ramos.

De igual forma, el Departamento de Justicia anunció hace un mes que refirió a Walker Ramos ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, al igual que al ex rector del Recinto de Río Piedras Carlos Severino y al expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez, por alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

El informe del DJ señala también que Walker Ramos pudo haber incurrido en acciones criminales mediante malversación de fondos públicos.

La OEG aguardará por que la OPFEI actúe sobre esos referidos antes de presentar cualquier querella contra algún otro funcionario. 

“Si el DJ, en su investigación, refiere al FEI, eso va significar que el Tribunal de Apelaciones paraliza las querellas. Queremos ver cómo se desarrolla el referido al FEI para. entonces, proceder con la radicación de querellas. No queremos que la misma se vea afectada por no utilizar estratégicamente nuestro conocimiento”, puntualizó Rosario.


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