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Buscan ayudar a Servicios Legales (horizontal-x3)
La resolución del representante independentista Denis Márquez fue presentada a mediados del mes pasado. (Archivo / GFR Media)

La Cámara de Representantes se apresta a realizar un inventario de las instalaciones públicas que actualmente se encuentran desocupadas para auscultar la posibilidad de que sean utilizadas por la Corporación de Servicios Legales.

La intención detrás de la Resolución de la Cámara 355, de la autoría del representante independentista Denis Márquez, es identificar mecanismos para allegar los servicios legales que presta la entidad sin fines de lucro a más municipios y, al mismo tiempo, abaratar los costos, pues su presupuesto operacional se encuentra amenazado bajo la administración del presidente Donald Trump.

“Estamos buscando alternativas para seguir bajando costos… El acceso a la justicia incluye hacer accesibles las oficinas de Servicios Legales. Uno ve edificios vacíos por la Isla, y estamos buscando esa posibilidad, enfocando, uno, en el costo, pero también en que puedan lograr acceso, que la gente pueda llegar a esas oficinas”, indicó ayer el legislador a El Nuevo Día.

“Lo que estamos buscando son alternativas, ya sea de intercambio, de arrendamiento a costos menores y algunos modelos de usufructo podrían hacerse”, abundó.

Según la exposición de motivos de la legislación, la Corporación de Servicios Legales, que brinda representación legal en casos civiles a la población indigente, cuenta con 17 centros de servicio alrededor de la Isla. La pieza destaca también que, de acuerdo con el presupuesto del presente año, los gastos de alquiler por esas instalaciones ascienden a $464,564, y si se añaden los costos de mantenimiento, el monto llegaría a $807,915.

La resolución fue presentada por Márquez a mediados del mes pasado, y el viernes la Comisión cameral de Asuntos Internos se reunió para refrendarla, trámite necesario para que pueda pasar ante la consideración del pleno. Una vez se apruebe en sesión, la medida pasaría a manos de la Comisión de lo Jurídico, que se encargaría de encauzar el inventario de propiedades en unión a la Comisión de Transportación e Infraestructura.

En marzo pasado, cuando Trump anticipó su plan presupuestario, propuso eliminar todo financiamiento a la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos. La entidad en Puerto Rico recibe alrededor de $11 millones de la oficina central, en Washington D.C., lo que representa cerca de dos terceras partes de su presupuesto.


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