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Los proyectos que desarrollarían las empresas privadas incorporarían “requisitos de flexibilidad” para permitir la integración de más generación con fuentes alternas, dijo el director ejecutivo de la AEE. (GFR Media/Archivo)

Tras pactar un acuerdo de reestructuración con sus principales acreedores y acorde con las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya ha recibido “notas de interés” de varias compañías privadas que quieren desarrollar proyectos de generación en la Isla, confirmó ayer el director ejecutivo de la corporación pública, Ricardo L. Ramos.

El acercamiento de estas empresas, de las que Ramos no ofreció nombres ni procedencia, se da mientras la AEE se prepara para acudir, por primera vez desde 2013, a los mercados de capital en un intento de emitir hasta $8,350 millones en bonos.

“El apetito ya está. Hay inversionistas que quieren desarrollar proyectos de infraestructura para la AEE bajo las condiciones actuales. Ciertamente, el interés mejoró con la firma del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) y porque no formamos parte del Título III (quiebra territorial) del gobierno”, dijo.

Ramos se refirió a que el RSA provee para que la corporación pública solicite, en o antes del próximo 1 de julio, el proceso del Título VI de la ley federal PROMESA, a fin de llevar a cabo una “reestructuración consensuada” con sus principales acreedores (bonistas, aseguradoras y líneas de crédito de combustible).

Sobre los proyectos que desarrollarían las empresas privadas, indicó que estarían “a tono” con el Plan Integrado de Recursos de la AEE, que contiene las mejoras a la red eléctrica por los próximos cinco años. “Son, mayormente, proyectos de generación por ciclos combinados, con una eficiencia cercana al 54%, y usando combustibles como gas natural y gas propano. La eficiencia actual es de 34%”, indicó.

Agregó que los proyectos también “permitirían cumplimiento” con los Estándares de Emisión de Mercurio y Tóxico de Aire (MATS, en inglés), promulgados por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, inglés) para reducir la contaminación atmosférica y el calentamiento global. “Estamos hablando de proyectos que nos evitarán multas millonarias, que, de nosotros tener que pagarlas, se verían reflejadas en el costo energético”, advirtió Ramos.

Flexibilidad

En términos de tecnología, sostuvo, los proyectos incorporarían “requisitos de flexibilidad” para permitir la integración de más generación a base de fuentes renovables. “Estas nuevas plantas, por ejemplo, van a tener que prender y apagar rápido, y van a tener que ser igualmente eficientes tanto a 50% como 100% de producción. Necesitamos tecnología que se acople a la variabilidad (intermitencia) de las fuentes renovables”, dijo.

¿Cuándo los proyectos estarían en funcionamiento?, preguntó El Nuevo Día, a lo que Ramos respondió que, posiblemente, dentro de tres a tres años y medio. Dijo que el pasado 28 de abril, cuando la JSF aprobó con enmiendas el plan fiscal de la AEE, autorizó quelos proyectos se rijan por el Título V de PROMESA, quelos tipifica como “críticos” y viabiliza un proceso expedito de permisos.

“Habíamos presentado un escenario más tradicional, pero la JSF nos pidió que redujéramos en 50% el ciclo de permisos y en 25% el ciclo de ejecución. Eso nos coloca con los proyectos en funcionamiento dentro de tres a tres años y medio”, recalcó.

“Cuando se logre la emisión de bonos, podremos conseguir dos cosas: que surjan más proponentes, y que el costo de los proyectos baje... en consecuencia, mi costo de la alianza público privada también se reducirá”, agregó Ramos.

Septiembre

El funcionario contó que, a partir del 1 de julio, cuando se active el proceso del Título VI de PROMESA, las negociaciones “irán dirigidas en un 99%” a lograr la emisión de los llamados bonos de reestructuración. La expectativa de la AEE es que la transacción se logre la primera semana de septiembre.

En síntesis, se trata de un intercambio de “deuda mala” por “deuda buena”. La emisión de bonos se haría a través de la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, creada por la Ley 4-2016 para absorber la deuda de la AEE.

La emisión sería mediante el mecanismo de titulización (“securitization”), que significa que tendría una fuente de repago asegurada; en este caso, la factura de luz. Para ello, la Comisión de Energía de Puerto Rico ya aprobó la fórmula para un “cargo de transición”, que los 1.5 millones de clientes de la AEE empezarían a pagar tres meses después de la emisión.

Fernando Padilla, director de reestructuración bajo la oficina del director ejecutivo de la AEE, estimó que la emisión de bonos oscilaría entre $7650 millones y $8,350 millones. La diferencia estriba en que, bajo la ley PROMESA, podría obligarse a que el 30% de los acreedores que no es parte del RSA también reestructure su deuda.

“El dinero se destinaría a la inversión en alianzas público privadas para los proyectos de generación, mayormente a eso”, dijo Padilla.

Ramos, entretanto, insistió en que la firma del RSA y la aprobación del plan fiscal de la AEE “nos encaminan mejor” a la emisión de bonos. “Ambas cosas tienen un impacto positivo en la reputación de la AEE, y se va a ver reflejado en las notas de crédito”, señaló, en referencia a que es necesario que las agencias calificadoras les otorguen a los nuevos bonos una nota de inversión o “investment grade”.

La AEE ha intentado sin éxito lograr la emisión de bonos desde el último trimestre del año pasado. La situación para la corporación pública se complicó cuando, el pasado 30 de septiembre, la JSF la incluyó en la lista de entidades cubiertas por PROMESA. La transacción, por lo tanto, necesita el aval del ente que controla las finanzas del País.

La última emisión de bonos de la AEE fue en verano de 2013, por $633 millones. Esa transacción, al igual que otra similar un año antes, son objeto de una investigación de la Comisión de Intercambio y Valores (SEC) por presuntas irregularidades.


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