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El senador Abel Nazario radicó la resolución 41 para investigar el desempeño del Consejo de Educación de Puerto Rico. (Archivo GFR Media)

Mientras la dirección del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) busca reenfocar su misión hacia la evaluación cualitativa de programas académicos, representantes de dos universidades privadas del país exigieron que el cuerpo se limite a realizar su función de expedir licencias de forma más ágil y costoefectiva.

Así trascendió en la segunda vista pública de la Comisión de Educación para discutir la resolución 41, de la autoría del senador Abel Nazario, la cual ordena investigar el desempeño del CEPR en términos de su creación, su situación operacional y financiera y sus metas cumplidas, a los fines de identificar acciones que apoyen su gestión.

Jorge Crespo Armáiz, vicepresidente de planificación del Sistema Universitario Ana G. Méndez, criticó que el CEPR siga atendiendo asuntos relacionados con la acreditación de las instituciones de educación superior, en contradicción con el Plan de Reorganización #1 del 2010.

“Aunque claramente se establece que los procesos de acreditación son voluntarios, dentro de los procesos de licencia y autorización el Consejo continúa evaluando aspectos cuya naturaleza es de acreditación. A estos efectos, se debe eliminar del reglamento toda referencia al término acreditación o sus derivados para evitar confusión e intromisión en estos aspectos”, sostuvo el administrador académico.

Sin embargo, en la primera vista pública para atender la resolución, la directora ejecutiva interina del CEPR, María Varas García, opinó que el cuerpo debía encargarse más de la acreditación y menos del licenciamiento.

De esa forma, sostuvo, no se duplicarían esfuerzos de las agencias de gobierno que expiden los permisos de uso, a la vez que se privilegiaría la evaluación de la calidad de la enseñanza como norte para fortalecer el sistema.

Por su parte, el vicepresidente de asuntos académicos de la Universidad Politécnica, Miguel Riestra, sugirió que el CEPR abandone el modelo de “peer evaluation”, o evaluación entre pares, al seleccionar personal de otras instituciones educativas para evaluar y autorizar la licencia de otras instituciones y para autorizar nuevos programas, concentraciones y especialidades.

Reforzar el proceso de licenciamiento

No obstante, en el renglón de licenciamiento ambos coincidieron en que el CEPR debe seguir cumpliendo con su función, ya que la licencia - que establece los requisitos mínimos con los que debe contar una institución educativa para operar- es requisito para obtener la acreditación de agencias regionales que permiten acceso a los fondos federales Título IV como la Beca Pell y los préstamos estudiantiles.

Sin embargo, Crespo Armáiz subrayó la lentitud de losprocesos de evaluación y de renovación de licencias, los cuales, según su experiencia, a veces no cumplen con los términos establecidos dentro del propio reglamento del CEPR. Para subsanar la situación, recomendó que se revisen y simplifiquen los procesos de solicitud de nuevos programas, enmiendas y renovación a licencias, y se establezca un tiempo fijo para que el CEPR conteste, o de lo contrario, la solicitud quede aprobada.

Ambos también pidieron que se revisen los costos de los cargos que cobra el CEPR por los diversos procedimientos que tiene a cargo, los cuales consideran "excesivos".

“El Consejo cobra aproximadamente $5,000 por cada nuevo programa. En estos momentos de crisis donde las universidades están reevaluando sus ofrecimientos, consideramos que este costo es muy alto”, sostuvo Riestra.

A su vez, Crespo Armáiz pidió fortalecer la función regulatoria del CEPR sobre la proliferación de programas académicos similares en una misma región geográfica, ya que “atenta contra la sostenibilidad de las instituciones y limita la disponibilidad de centros de práctica y profesores”.


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