Debaten sobre la ciudadanía estadounidense (horizontal-x3)
Charles Venator Santiago, a la izquierda, debatió, entre otros, con el presidente senatorial sobre el origen de la ciudadanía estadounidense. (Suministrada)

¿Pierden los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense si Puerto Rico se convierte en un país soberano?

La respuesta es que los puertorriqueños que ostentan la ciudadanía no la perderán, ni sus hijos, pero sus nietos sí, según el historiador e investigador Charles Venator Santiago.

Ayer, el académico disertó sobre la raíz constitucional de la ciudadanía durante la charla “A 100 años del Acta Jones: Ciudadanía ¿permanente o rescindible?”, celebrada en la Universidad del Este (UNE), en Carolina.

“Las investigaciones disponibles demuestran inequívocamente que los ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño tienen derecho a una ciudadanía permanente de los Estados Unidos si Puerto Rico se convierte en una república soberana o un estado-nación independiente”, afirmó el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Connecticut.

Citando el caso Afroyim v. Rusk, que estableció que a los ciudadanos de Estados Unidos no se les puede despojar de su ciudadanía involuntariamente, Venator Santiago postuló que los ciudadanos estadounidenses nacidos en la Isla podrían reclamar protecciones de derechos civiles garantizadas en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal o por la legislación extendida a Puerto Rico.

Como parte de su análisis, señaló que la primera generación de hijos heredaría la ciudadanía.

“El problema no es tanto ese primer grupo (los hijos), es los que vienen después (la segunda generación o nietos)”, afirmó como parte del conversatorio organizado por el Senado de Puerto Rico y el Instituto de Política Pública del Sistema Universitario Ana G. Méndez.

"A su hijo sí, a esa primera generación (usted podría pasarle la ciudadanía), de ahí en adelante el hijo suyo tendría que residir en Estados Unidos para poder transmitirla", agregó a preguntas de El Nuevo Día.

La conversación, que contó con las intervenciones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el juez asociado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Torres, el profesor de la UNE José Rivera González y el profesor Jesús Rodríguez Urbano, de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, inició con un recorrido histórico de las leyes que han otorgado a los puertorriqueños algún tipo de ciudadanía.

“La Ley Jones de 1917 no fue ni la primera ni la última ley que otorgaba a los puertorriqueños una ciudadanía estadounidense”, indicó el historiador.

Apuntó que, desde que el Congreso de Estados Unidos ratificó en 1898 el Tratado de París, ha promulgado al menos 11 leyes con disposiciones de algún tipo de ciudadanía y ha debatido 101 medidas legislativas sobre el tema.

El Artículo IX del Tratado de París y la sección 7 de la Ley Foraker, de 1900, crearon la ciudadanía puertorriqueña.

El Congreso también ha concedido a través del tiempo cuatro tipos de ciudadanía a Puerto Rico: la ciudadanía puertorriqueña, la ciudadanía estadounidense por naturalización individual, por naturalización colectiva y por nacimiento.

“Es posible identificar al menos 10 interpretaciones de la situación de los ciudadanos estadounidenses nacidos en Puerto Rico”, afirmó ante un auditorio que contó con políticos, académicos y jueces asociados del Tribunal Supremo.

Siguiendo esa línea, sostuvo que una interpretación propone que la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda XIV es la fuente constitucional de la ciudadanía  de los Estados Unidos en Puerto Rico.

Señaló también que predomina una interpretación articulada por el Servicio de Investigación del Congreso en un memorándum del 1989 para los debates sobre el proceso plebiscitario.

Esa interpretación consignó que la Cláusula de los Territorios fue la fuente constitucional del estatuto de ciudadanía para Puerto Rico.

“Consecuentemente, el Congreso podría promulgar legislación que impusiera la expatriación involuntaria de los ciudadanos nacidos en Puerto Rico si el archipiélago se convirtiera en un estado-nación soberano o independiente”, indicó Venator Santiago.

Pero el constitucionalista José Julián Álvarez González impugnó la postura del Servicio de Investigación.

“Su argumento se basa en el reconocimiento de que la Corte Suprema, a través de jurisprudencia, ha extendido el derecho al debido proceso de ley a los puertorriqueños, lo que debería prevenir o impedir al Congreso expatriar a todas las personas nacidas en Puerto Rico luego de que Puerto Rico adquiera la independencia o soberanía”, argumentó Venator Santiago.

El debate sobre el origen de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños también se coló en el plebiscito de status que se celebrará el próximo 11 de junio en la carta que el Departamento de Justicia envió al gobernador Ricardo Rosselló.

“Una de las preocupaciones planteadas en la carta era la afirmación de que la condición de estado era la única opción de estatus para retener la ciudadanía estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó la reclamación del gobierno puertorriqueño porque bajo la ley actual, los puertorriqueños tienen un derecho estatutario incondicional a la ciudadanía de nacimiento”, afirmó Venator Santiago.


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