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Un colectivo de organizaciones de la Universidad de Puerto Rico (UPR) demandó hoy al gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, al presidente de la UPR, Migue Muñoz, y a otros funcionarios del Gobierno para exigir acceso a la información pública relacionada con el inventario del caudal de bienes muebles e inmuebles de la institución.

En rueda de prensa frente al Tribunal de San Juan, la profesora Nora Rodríguez, explicó que la información había sido requerida a los funcionarios pero que ante su negativa a proveer los documentos radicaron esta mañana un recurso extraordinario en el tribunal para intentar obligarlos.

“Detrás de la negativa de la UPR y del Gobierno a mostar la información solicitada, simultáneamente se han dado a conocer extrañas transacciones y movimientos de manera furtiva que ponen sobre alerta a la comunidad universitaria en cuanto al manejo del capital y recursos de nuestra centenaria universidad”, afirmó Rodríguez, portavoz de la Confederación de Asociaciones de Profesores y Profesoras Universitarios (CONAPU).

Las otras organizaciones demandantes son la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Hermandad de Empleados Exentos  no Docentes (HEEND), el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras y el Comité de Representación Estudiantil de Río Piedras.

Rodríguez mencionó que recientemente los administradores de la UPR vendieron en $250,000 un barco RV Chapman de 38 metros de eslora y que estiman estaba valorado en más de $3 millones. Agregó que vendieron en $11,000 otro barco RV Pezmar de 20 metros.

Según la profesora, estas embarcaciones eran propiedad del Programa de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Los demandantes entienden que el programa está siendo desmantelado, y aseguraron que se ha reducido en más de 80% la cifra de egresados al éste no contar con las facilidades que requiere la enseñanza y  práctica en dicha disciplina.

De otra parte, Rodríguez cuestionó y censuró expresiones públicas de la presidenta de la Junta de Síndicos de la UPR, Ygrí Rivera, y de Muñoz, quienes fungen como defensores de los terrenos  y la estación experimental de la UPR en Gurabo que el alcalde de dicho municipio intenta permutar.

“Es inverosímil que una junta que ha ostentado tan estrecha comunicación con la Fortaleza y la alta jerarquía del Gobierno, se muestre ignorante a este tipo de transacción que vulnera su facultad decisional como corporación pública”, afirmó Rodríguez.

A preguntas de la Prensa, el licenciado Luis Antonio Pabón Rojas, quien presentó el recurso extraordinario, aseguró que no descartan acudir a los tribunales nuevamente de aprobarse una resolución legislativa que obligaría a la UPR a permutar los terrenos de Gurabo. Las expresiones surgieron precisamente en momentos en que el Senado podría presentar para su aprobación en ese cuerpo esta tarde una medida que permitiría la permuta.


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