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En los últimos años el Departamento de Educación (DE) ha sido consistente en demostrar un pobre nivel de cumplimiento en sus servicios de educación especial, de acuerdo con el más reciente informe de la monitora nombrada por el Tribunal local como parte de un pleito de clase, que en noviembre cumplirá 31 años activo, y que ya incluye a más de 130,000 personas.

El informe, radicado el 29 de abril de 2011 y del cual El Nuevo Día obtuvo copia a través de los padres del pleito de clase Rosa Lydia Vélez y otros v. Educación, corresponde al año fiscal 2009-2010. En este se señala, además, que Educación es incapaz de generar información suficiente y fidedigna sobre la operación del programa.

“La auténtica columna vertebral de este proceso (de monitoría) son los niños de educación especial, que parece estarán condenados a continuar recibiendo servicios mediocres y defectuosos de una agencia que debe saber muy claramente el tipo de servicio que tiene que ofrecer, ya sea por moral, por mandato legal o porque es su obligación irrefutable como entidad del Estado”, recalcó la monitora Priscila Negrón Morales el 5 de agosto en un memorial explicativo.

Esta información surge en vísperas de que dos delegaciones del Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) visiten la Isla. La primera visita, que se dará del 2 al 7 de octubre, se concentrará exclusivamente en monitorear el cumplimiento con la Ley para la Educación a Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés). El 17 y 18 de octubre el secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan, encabezará otra delegación que realizará audiencias sobre la educación en Puerto Rico en general.

La monitora estatal fue nombrada por el Tribunal en el 2002 como parte del pleito Rosa Lydia Vélez para velar por el cumplimiento de las estipulaciones acordadas ese año entre las partes. El avance ha sido tan poco que el año pasado el Tribunal ordenó un Nuevo Modelo de Monitoría que requirió contratar a 12 peritos, seis recomendados por los demandantes y seis del Gobierno, que desde julio ayudan a la monitora a depurar la información sobre las áreas de cumplimiento con respecto a las estipulaciones.

El informe de abril, que cubre los años 2009-2010, refleja que de las 87 estipulaciones del 2002, 60 aún requieren corroboración y, de estas, 39 mostraban un nivel de cumplimiento bajo lo aceptable. Entre los señalamientos figuran: 15,752 expedientes sin monitorear; 8,750 programas educativos individualizados (PEI) sin revisar; 5,147 estudiantes elegibles que no reciben servicios; 7,988 sin ubicar, y 9,628 que necesitaban servicios de asistencia tecnológica, aunque su expediente no lo reflejaba.

El inicio de la lucha

El 14 de noviembre de 1980 ocho personas demandaron a la agencia en reclamo de los servicios de educación especial que por ley tenía que proveer. En el 1981 el caso se convirtió en un pleito de clase.

Mientras por los pasados 30 años el programa de educación especial de Educación ha sido eje de fiscalización estatal mediante este pleito con logros parciales, a nivel federal se encuentra en su momento más crítico.

En julio, el Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) le impuso a Educación condiciones especiales en el uso de fondos para servicios garantizados por la Ley IDEA.

En el plano local, la monitora recalcó en su informe que “la mayor limitación que ha confrontado el proceso de monitoría (estatal) desde sus inicios ha sido la cantidad y la calidad de los datos que somete Educación”.

El secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez, reaccionó al informe criticando el que la monitora varíe las puntuaciones que otorga en distintos momentos a la misma información provista por el DE.

En una resolución de febrero de 2010 el propio Tribunal reconoció que “el historial de este caso demuestra, fuera de toda duda, que aunque el presupuesto destinado a la Subsecretaría Auxiliar de Educación Especial ha aumentado consistentemente, no así el nivel de cumplimiento con la sentencia. Además, a pesar de que existe una sanción de $2,000 diarios por el nivel de incumplimiento, ello no ha producido resultados positivos”.

El Tribunal se refirió a las multas que paga Educación desde el 2006 debido a su incumplimiento con esta población.

Por otra parte, Marta Díaz, miembro del Comité Timón de Madres y Padres del Pleito, aseguró que los funcionarios del USDE desconocen las interioridades del pleito local ni los resultados de las monitorías.

“Nos confirmaron que Educación nunca les ha dado copia de los informes de la monitora para ellos comparar si son los mismos números (de cumplimiento) que les dan ellos”, afirmó Díaz.

No acaba el caso

En noviembre de 2010 el gobernador Luis Fortuño dio a entender que el pleito de clase había finalizado, mientras el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, aseguraba que las partes llegarían a un acuerdo antes de que finalizara ese año.

Sin embargo, tan reciente como el 15 de septiembre, los abogados que representan al Estado se negaron en corte a realizar el pago de indemnizaciones por “daños y perjuicios por concepto de daños morales o de sufrimiento y/o angustias mentales”.

“El gobernador ha sido bien claro en que quiere terminar este caso, pero de una forma justa y razonable. Si hay que indemnizar se indemnizará”, señaló ayer el secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez.

Explicó que es la clase demandante la que tiene que demostrar lo que es justo pagar a cada persona según sea el caso.

Esfuerzos por tener una reacción de La Fortaleza resultaron infructuosos.


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