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El gobierno destina $326 millones para mejorar los caminos en toda la Isla. (Luis Alcalá del Olmo)

El 6 de abril, la Policía adjudicó a un cráter en la carretera, como la causa de un accidente que tuvo un motociclista que sufrió heridas graves. Según el informe policiaco, ocurrió en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 168.1 en San Germán, donde José Méndez Patiño cayó en un hoyo en el camino, perdió el control de la motora y cayó al suelo.

Ni en la Policía ni en la Comisión para la Seguridad en el Tránsito existen estadísticas oficiales sobre accidentes graves o fatales ocasionados por hoyos en la carretera, pero el sargento Javier Fuentes, de la División Tránsito San Juan, tiene su propia lista. 

Según él, solo en el tramo del expreso Las Américas frente al centro comercial del mismo nombre ocurrieron 14 accidentes debido a hoyos o grietas sobre el pavimento en el mes de marzo. Hasta la semana pasada, la cifra de abril iba por ocho.

“Casi siempre, al caer en los hoyos, tienen desperfectos mecánicos. Una vez fui una tarde y había una dama con los dos aros de un lado dañados. Era de Arecibo, y tuvo que montar el carro en la grúa. Las personas se molestan porque saben que no es un hoyo de ayer, sino una problemática que viene de meses”, dijo.

Tan grave es el asunto, que su jefa, la teniente Rosa Sánchez, le escribió una carta al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para informar sobre el problema.

El sargento Fuentes se sabe de memoria los tramos más accidentados en el expreso Las Américas, donde, según el titular de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, existe un problema crónico debido a desagües tapados.

Fuentes, por un lado, comentó que, a la altura de Plaza Las Américas, tanto en dirección hacia Minillas como hacia Caguas, hay tanto cráteres como grietas, particularmente en los carriles del centro.

Otro tramo problemático se ubica en el mismo expreso, enumerado PR-18, a la altura del antiguo Oso Blanco, en dirección a Caguas. 

“Tan reciente como el 26 de marzo, ocurrió un accidente en horas de la tarde con unos motociclistas. Cayó una muchacha al pavimento. Gracias a Dios que los carros no le pasaron por encima”, recordó el sargento, que recorre esa vía a diario como parte de sus trabajos de patrullaje. 

La carretera PR-1, entre Río Piedras y Caguas; la PR-10, entre Ponce y Adjuntas; ciertos segmentos de la PR-52 y la 65 Infantería también están en pésimo estado. 

Un cambio de amortiguadores del carro puede salir, como poco, en $150 cada uno, sin incluir el costo de mano de obra, indicó Rafael Beltrán Peña, presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico. 

Beltrán Peña aclaró que caer en un cráter en la carretera también pueden provocar destrozos en el tren delantero de un vehículo y el sistema de arranque.

“Y ahora las gomas son más caras. El problema es que las carreteras en Puerto Rico pueden inutilizar un vehículo”, opinó.

Hay dinero

Pero, según el director de la ACT y secretario del DTOP, el gobierno tiene el dinero para hacer las reparaciones, por lo que hay una luz al final del túnel que podría ser divisada por los conductores del país en agosto o septiembre. 

Las dependencias que dirige tienen la responsabilidad de darle mantenimiento a todas las carreteras enumeradas excepto cuatro: la PR-22, la PR-5, la PR-33 y la PR-34, estas últimas dos en Caguas.

Las primeras dos las maneja la empresa privada Metropistas, en un acuerdo con el gobierno bajo el modelo de alianza público privada.

“No hay forma de que diga otra cosa: las carreteras están en el peor estado de su historia, graves, es una situación crítica. Más allá de un asunto de comodidad… representan un problema de seguridad para los conductores. Estamos hablando de que ocurren (accidentes) frecuentemente, cuando vas guiando, caes en el hoyo, se explota la goma, rompes el aro y quedas en medio de la carretera”, dijo Contreras Aponte.

La ACT y el DTOP tienen a su disposición —siempre que los proyectos cuenten con la aprobación de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés)—, $400 millones que el gobierno no reclamó por los pasados años. A esa suma, se le añaden otros $552 millones por asignaciones anuales federales correspondientes a este cuatrienio.

Eso es sin contar con el llamado ‘Trumpazo’, la propuesta del presidente Donald Trump de invertir $1 millón de millones (trillion, en inglés) en obras de infraestructura de todo tipo.

“Tengo que presentar un listado de proyectos que tienen que estar en el ‘Statewide Transportation Improvement Program’. Esa lista se hace con los alcaldes y otras agencias”, comentó el ejecutivo al explicar que la acumulación de los $400 millones en los años anteriores se debió a que varios proyectos de infraestructura de carreteras, que no detalló, se estancaron por diversas razones, como fallos en el diseño.

“Si no se es diligente y no se corrigen las fallas, el proyecto se detiene por completo y no se usa el dinero”, dijo.

Conteras Apote, quien indicó que al asumir la jefatura del DTOP y del ACT no tenían proyectos en inventario para presentar, comentó que ya se reunió con el personal de la FHWA en Hato Rey.

“Hicimos un itinerario y fuimos proyecto por proyecto. Explicamos lo que sucedió y cómo lo vamos a remediar”, dijo. 

Conteras Aponte indicó que, por lo pronto, están rellenando (‘bacheando’) cráteres en la PR-18, aunque reconoció que se trata de un trabajo remediativo.

“No es sólo repavimentación, sino también los desagües que se están tapando. Hay que hacer un estudio para ver cuál es el problema y hacer un proyecto completo”, dijo.

Aclaró también que los trabajos en repavimentación, seguridad y rotulación que realizan en el expreso Baldorioty de Castro y que se extienden hasta la carretera PR-66 comenzaron en el 2014 y terminan el año que viene.

Ya para junio, aseguró, deberán entregar las primeras propuestas a la FHWA y, de ser aprobados, los fondos se desembolsarían entre agosto y septiembre, cuando comenzarían las obras.

“Son proyectos... para toda la isla, no sólo el área metropolitana”, dijo. “El dinero lo tenemos, y hay que usarlo”.

En mayo del año pasado, el entonces gobernador Alejandro García Padilla declaró un estado de emergencia en la ACT, encargada de todas las carreteras con peaje, salvo las privatizadas. Esta corporación pública alcanzó los $2,200 millones en deuda pública en el 2012 sin tener una fuente de repago.

Se anticipa que, en la cumbre sobre alianzas público privadas que celebrará el gobierno a partir de mañana, se contemple la posible privatización del expreso PR-52.


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