El alcalde de Peñuelas exige acción del gobierno tras decisión de Boston (horizontal-x3)
El alcalde comentó que enviaría anoche una carta al primer ejecutivo para solicitarle una reunión para discutir el tema cuanto antes. (Archivo/GFR Media)

La determinación del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston que invalidó las ordenanzas municipales de Peñuelas y Humacao en contra del depósito de cenizas de carbón obliga al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares a darle fuerza estatutaria a su política en contra del uso de ese residuo como material de relleno en el País.

A esa conclusión llegó ayer el alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, al conocer el fallo que emitió en su contra el foro apelativo federal en la demanda presentada por  la empresa AES Puerto Rico para que se le permita depositar nuevamente las cenizas en dos vertederos de ese pueblo, y en otro relleno sanitario en Humacao. 

La determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston fue divulgada ayer, pero fue emitida el martes, justo cuando el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, afirmó durante una vista pública del Senado que la política del gobierno es exportar ese material “independientemente de que las cenizas no sean tóxicas y se puedan depositar” en la Isla.

En la audiencia pública, se discutían tres proyectos de ley para prohibir el depósito de los residuos de la quema de carbón.

“La clave aquí es que AES con quien establece negocio es con el gobierno de Puerto Rico, y el gobierno, la política pública es exportar las cenizas fuera. Si AES dice ahora ‘el tribunal me validó’ está diciendo ‘no me importa lo que diga el gobierno, con quien tengo negocio’”, indicó a El Nuevo Día el alcalde peñolano.

Comentó que enviaría anoche una carta al primer ejecutivo para solicitarle una reunión para discutir el tema cuanto antes. 

El fallo del Apelativo en Boston revirtió una decisión del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, que había favorecido a los gobiernos municipales en su afán por mantener fuera de sus territorios las cenizas que produce AES, con sede en Guayama. 

El tribunal apelativo federal dejó claramente establecido en su orden que la autorización que ha dado la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a la disposición de las cenizas en los vertederos de Humacao y  Peñuelas tiene más peso que las ordenanzas aprobadas en ambos municipios. 

“Tras un cuidadoso análisis, concluimos que las ordenanzas locales (municipales) no se pueden ejecutar hasta el punto que conflijan directamente con las leyes del Estado Libre Asociado, según promulgadas por la JCA”, reza la orden judicial de 33 páginas.

AES, que vende a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cerca del 17% de la electricidad que se consume en la Isla, celebró la determinación judicial federal. “Según siempre hemos expresado, la verdad, la ley y el orden habrían de prevalecer”, manifestó Manuel Mata, presidente de AES Puerto Rico, en declaraciones escritas.

No fue posible obtener una reacción inmediata de la JCA, pues los miembros de su Junta de Gobierno aún analizan la orden judicial, indicó a este medio Aniel Bigio, portavoz de la agencia.


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