El Colegio de Abogados rechaza las expresiones del gobernador (horizontal-x3)
Las expresiones del mandatario surgen luego de los actos de vandalismo aparentemente perpetrados por manifestantes enmascarados en distintas estructuras de la Milla de Oro en Hato Rey. (Especial El Nuevo Día / Ingrid Torres)

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) alertó que las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló en torno al rol de la Rama Judicial, tras los eventos de vandalismo durante el Paro Nacional  fueron indebidas y recodó que la Rama Ejecutiva no tiene inherencia en el proceder de la judicatura.

“Les garantizo a ustedes. Se los garantizo a ustedes que vamos a tener todos los elementos, que vamos a tener los arrestos y que vamos a tener los casos listos. Ahora bien, también le toca a los tribunales asumir su responsabilidad”, dijo Rosselló ayer durante una conferencia de prensa.

Las expresiones del mandatario surgen luego de los actos de vandalismo aparentemente perpetrados por manifestantes enmascarados en distintas estructuras de la Milla de Oro en Hato Rey. Tras la intervención policíaca hubo un saldo de 13 detenidos.

“En su comunicación televisada de ayer lunes, el gobernador emitió un mensaje que bien pudiera interpretarse como una presión indebida hacia la judicatura. Hizo un llamado a los tribunales a ‘asumir su responsabilidad’ en el trámite adjudicativo contra personas acusadas de delito por los sucesos de violencia ocurridos en la manifestación del Primero de Mayo, como si quienes integran la Rama Judicial hubieran evadido tal responsabilidad en el pasado o pudieran estar renuentes a ejercerla en el presente o futuro,” indicó el presidente del Colegio, Alejandro Torres Rivera en declaraciones escritas.

El colectivo recordó en el comunicado que al Estado le corresponde probar la culpabilidad de los detenidos y que los casos se adjudicarán a base de la prueba que el Tribunal reciba, y no a base de presiones externas.

“De la misma manera que la Rama Judicial no puede intervenir, salvo en el ejercicio de los poderes constitucionales que le permite la interpretación de las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa y sanciona la Rama Ejecutiva, esta última no tiene autoridad constitucional alguna para indicarle a la Rama Judicial cómo ésta debe proceder en el ejercicio de sus poderes y prerrogativas constitucionales”, enfatizó el licenciado.

“Esa función de adjudicación debe ser una libre, ajustada al derecho y sostenida por la prueba desfilada ante ellos en el proceso judicial”, añadió.

El CAAPR consideró, además, que lesiona y erosiona la independencia judicial afirmar, en un mensaje público al País en lo que concierne a sus funciones como adjudicadores, que “el pueblo los está observando”.

“Mal puede llamarse democracia aquel sistema donde la judicatura rinda sus prerrogativas y su independencia adjudicativa a los otros poderes constitucionales”, indicó Torres Rivera.


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