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La Junta de Gobierno del CRIM decidió no aumentar las tasas tributarias de las propiedades muebles e inmuebles. (horizontal-x3)
La Junta de Gobierno del CRIM decidió no aumentar las tasas tributarias de las propiedades muebles e inmuebles. (Archivo / GFR Media)

 La Junta del Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) determinó ayer por unanimidad no aumentar las tasas de impuesto de la propiedad mueble e inmueble ni promover o favorecer una medida a esos efectos. 

De esta forma, el CRIM dejó atrás la posibilidad que evaluaba de aumentar  el arbitrio de la propiedad a  11.83% o a  12.83%. Decidió absorber el impacto de perder $350 millones de subsidio del Estado a partir del próximo 1 de julio como parte de los ajustes que impone el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal.

Sin embargo, la decisión del CRIM no impide que cada uno de los 78 municipios ponga en vigor medidas para cobrar por servicios esenciales por los que  hoy no cobran. En esa línea,  municipios como Arecibo aprobaron ordenanzas  para cobrar por el recogido de basura, mientras que Cabo Rojo venderá  bolsas plásticas exclusivas para el recogido de desperdicios sólidos. 

“La Junta resolvió que no va a proponer, no va favorecer ni a promover ningún aumento a la tasa contributiva de la propiedad mueble o inmueble. Esto es  tomando en consideración, obviamente, la situación fiscal del País, la situación financiera de los ciudadanos y que podemos continuar esfuerzos para lograr mayor eficiencia en los recaudos y recobros del CRIM”, explicó el  presidente de la Junta del CRIM, el alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo.

La Junta consideró que un alza en la tasa tendría un efecto adverso en el mercado de las compraventas de propiedades residenciales y comerciales, y en los ciudadanos, indicó el alcalde de Bayamón y miembro de la Junta del CRIM, Ramón Luis Rivera Cruz, quien presentó la moción que dio paso a la resolución aprobada. 

A modo de ejemplo, dijo que el aumento en impuestos a la propiedad mueble e inmueble podría impulsar una baja en la venta y alquiler de propiedades, incluso de aquellas arrendadas a través del programa de Sección 8. Además, indicó que solo del 2015 al 2016 -y sin aumento en arbitrios a la propiedad- subió un 21% la ejecución de propiedades por parte de la banca.   

“El CRIM ha demostrado  que es una organización que vela por el interés de los ciudadanos de Puerto Rico al no favorecer un aumento en el impuesto de la propiedad mueble e inmueble. Creo que ha sido un acto de madurez y un acto que demuestra que estamos en sintonía con los efectos negativos que eso puede tener”, sostuvo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. 

De este modo, la eficiencia del CRIM será maximizada mediante diversas estrategias para  allegar más dinero a las arcas de la corporación. Para ello, aplicará un  proceso de reingeniería enfocado en agilizar los procesos, lo que puede incluir inversión en tecnología y tener la ayuda directa de recurso humano de  los municipios para la tarea de identificar  las propiedades que actualmente no  pagan. 

Ese será uno de los esfuerzos para paliar la pérdida de los $350 millones en subsidios del Estado junto con la búsqueda de propiedades exoneradas sin que les   corresponda ese privilegio, aquellas que tributan al CRIM pero no han sido retasadas tras experimentar mejoras  que implican extensión de pies cuadrados y  culminar el proceso de propiedades que fueron tasadas pero aún no tributan.

“La meta es buscar recuperar $350 millones que vamos a perder. Ese es el esfuerzo inicial, pero creemos que con la eficiencia, vamos a sobrepasar esa cantidad”, dijo Carrasquillo, quien no quiso proveer estimados   de cuánto podrían recaudar porque solo manejan proyecciones.

La Junta del CRIM también encarriló ayer el proceso para la venta de su cartera de deudas morosas, mediante una solicitud de cualificación  para una compañía de asesoría financiera. Esta gestión, explicó Carrasquillo, debe estar completada antes de que se acabe el año. “Según estudios o evaluaciones preliminares que hemos hecho, hay una gran probabilidad de que se puedan cobrar unos $600 a $800 millones”, dijo.        

Esta semana, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que estudios preliminares de su equipo fiscal apuntaban a que  con las propiedades “que no son visibles al CRIM”, los recaudos de esa corporación podrían aumentar hasta $200 millones. Dejó en manos de los alcaldes escoger el mecanismo para sustituir la pérdida de los ingresos del Estado.

Solo un 49% de la propiedad inmueble en Puerto Rico tributa al CRIM, que tiene ingresos anuales  de cerca de $1,000 millones en propiedad mueble e inmueble. Si capturara la totalidad de las propiedades inmuebles que deben tributar, eso representaría $790 millones anuales. Hoy día, en ese renglón recauda unos $608 millones anuales. 

Un 58% o 752,497 propiedades tienen exención -total o parcial- en el pago de arbitrios al CRIM.

Para el 1 de julio, los municipios dejarán de recibir la mitad de los subsidios estatales, es decir $175 millones. El resto lo dejan de ingresar a sus arcas para e el año fiscal 2018-19. 

Notificados por el Ejecutivo de esa pérdida, contemplada en el plan fiscal, los alcaldes, a través del CRIM, modelaron los posibles escenarios. Calcularon cuánto perderían restando las diferentes partidas (rentas netas, propiedades exoneradas o una combinación de estas) que  integran los $350 millones que pierden del Gobierno central. Esa cifra es parte de los $409 millones que en total reciben los municipios del Estado. 

Hecho ese análisis, el CRIM escogió  que los primeros $175 millones que perderán saldrán del dinero  combinado que reciben. Es decir, por rentas netas ($41.9 millones) y como compensación por exoneraciones a la propiedad ($133 millones). Este último renglón  tendría  la mayor carga, pues les representaría $793 millones de $938 millones que iban a recibir en julio si no se hubiera eliminado el subsidio estatal. 

“La partida que escogimos era la fórmula que menos efecto tiene sobre la mayoría de los municipios”, explicó Carrasquillo.

El alcalde de Bayamón reconoció que esta opción afecta a los municipios grandes como el suyo. Pero recalcó que para el próximo año fiscal, cuando dejan de recibir la totalidad de los $350 millones, “el cantazo será mayor para los municipios pequeños”.  

Es así que el mayor impacto de esta reducción recae sobre San Juan ($21 millones),  Carolina ($11 millones), Bayamón ($10 millones), Caguas ($6 millones), Ponce ($6 millones), Guaynabo ($5 millones), Toa Baja ($4 millones) y Mayagüez ($3 millones), entre otros.

“Ya para el segundo año (fiscal 2018-19) ahí sí va a haber un efecto más serio para los municipios pequeños. Pero esperamos que las medidas que vamos a tomar ya estén produciendo resultados para el segundo año. Y hay que evaluar cómo se van a distribuir esos ingresos nuevos para que haya proporcionalidad”, dijo Carrasquillo.

Por eso  los tres alcaldes puntualizaron que es imperativo que los ejecutivos municipales reduzcan gastos o busquen otras alternativas de recaudos. Por ejemplo, San Juan redujo gastos en tres meses por $14 millones y aumentó sus patentes. Cidra eliminó las fiestas patronales y puso un detente a la entrega de beca a estudiantes, mientras que Bayamón cortó gastos en mantenimiento y limpieza.


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