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Desde su génesis, sus opositores le auguraron la muerte. Ahora, la administración gubernamental de turno da pasos dirigidos hacia ese rumbo, pero no lo oficializa aún.

El gasoducto es el polémico proyecto que le ha valido múltiples críticas al gobierno de Luis Fortuño no por asuntos políticos sino por la poca planificación, las posibles consecuencias, los daños ambientales y el gasto monumental de dinero que implica su construcción. Ahora, el mismo Fortuño ha dicho que está disponible para considerar nuevas opciones. Precisamente, en marzo recibirá esas opciones -que apuntan al uso de barcazas para suplir de gas a las centrales de Palo Seco, Cataño, San Juan y Mayagüez- de parte del presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz.

“Creo que eso (el gasoducto) va a morir. Es un natimuerto. Cínicamente llegué a pensar que nunca pensaron en hacerlo sino que es una manera de mover dinero a las compañías de publicidad, las que hicieron gestiones... Son mucho más viables las barcazas”, dijo la planificadora ambiental, Marian González.

Aunque repiten que evalúan otras alternativas más económicas, rápidas y amigables con el ambiente, tanto Ortiz como el director ejecutivo de la AEE, Otoniel Cruz, aseguran que el gasoducto sigue en pie. “Es el único proyecto que tenemos ya encaminado y con todos los permisos, excepto el del Cuerpo de Ingenieros”, dijo Cruz.

“Lo que estamos es mirando opciones. Se ha hablado de las barcazas preferiblemente. Lo que queremos es que él (Fortuño) tenga un abanico de opciones”, agregó Ortiz.

Aseguró que, de dejarse a un lado el gasoducto, las expropiaciones que se realizaron pueden revertirse. Además, dijo que “mucho del dinero que se ha invertido, se invierte en cualquier proyecto en términos de 'do diligence'”.

Fue en julio del 2010 que el gobernador anunció el gasoducto y para viabilizarlo declaró una emergencia energética. En abril de ese mismo año, la AEE -bajo el mando de Miguel Cordero- firmó un contrato de $8.8 millones con Ray Engineers PSC para diseñar el gasoducto.

La construcción de un tubo que en 92 millas recorrería 13 municipios desde Peñuelas hasta San Juan, impactaría 1,672 cuerdas de terreno, 235 ríos y humedales, así como 369 acres de cuerpos de agua fue bautizada por el gobierno como Vía Verde. Bajo ese nombre se comenzó una campaña publicitaria -incluida en las facturas mensuales de la luz- que levantó críticas por su costo y contenido.

Se estima que hasta ahora se han invertido $50 millones en ese proyecto. Para el País era desconocido que el proyecto -que se planteaba daría un alivio en la factura de 20%- saldría en $800 millones. Se presentó como la transición hacia la energía renovable.

Pero el proyecto -que debía comenzarse a construir en enero de este año- aún espera por el permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE).

Permisología circunvalada

La forma en que se manejó la adquisición de los permisos tiene una moraleja, a juicio del científico Ariel Lugo. “Esta situación del gasoducto ha expuesto las debilidades de depender de los federales para proteger el ambiente. Los puertorriqueños tienen que defender su entorno porque ni los federales ni los estatales pueden defenderlo”, señaló.

“Todas las agencias estatales claudicaron a sus responsabilidades y le dieron el apoyo sin pensarlo. Ahí el sistema estatal falló completamente porque no hicieron su trabajo. La gran sorpresa fue cómo funcionó el Gobierno federal que resultó que es igual”, agregó Lugo.

Recordó que el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre se opuso al gasoducto y luego -tras presión del gobierno de turno- “tuvo un reversazo”.

Algo similar sucedió con la Agencia federal de Protección Ambiental en Puerto Rico que aprobó de forma condicional la construcción del gasoducto.

Criticó que el USACE enviara un resumen de “doce páginas de un proyecto supercomplicado” que concluye preliminarmente que el gasoducto no representa impactos significativos.

Para el planificador José Rivera Santana el proceso de planificación del gasoducto fue “fatulo”. Explicó que cuando el mismo gobernador dijo que hay que buscar otras formas para llevar el gas natural a las plantas de la AEE, reconoce que las agencias pertinentes no hicieron su trabajo. “Eso precisamente es lo que se supone que haga el proceso de planificación”.

Pero la celeridad con la que se gestionaron los permisos no fue lo único que levantó críticas, también lo hizo la declaración de emergencia energética que firmó Fortuño. “Para este caso no se justificaba la Orden Ejecutiva”, sostuvo Rivera Santana.

“Esto de gobernar con estados de emergencia lo único que hace es circunvalar la otorgación de permisos”, dijo Arturo Massol, miembro de la Comisión Técnica y Científica de Casa Pueblo. Esa organización ha liderado en gran medida la lucha en contra del gasoducto.

“Fue un fraude insistir e invertir tanto dinero en la vía incorrecta. Se han perdido casi $50 millones y el riesgo que enfrentamos con este gobierno -que no tiene credibilidad- es el despilfarro de más millones de dólares del pueblo”, puntualizó Massol.

Por eso, aseguró que la piedra en el camino para que, de manera oficial se dé por muerto el gasoducto, está en La Fortaleza.

Juan Rosario, de Misión Industrial, no ve lógica alguna en que el aparato gubernamental haya demorado un año en aceptar lo que se le dijo desde que se propuso el gasoducto: que no era viable. Recordó que en ese entonces se mencionó la idea de llevar gas natural a las centrales de la AEE mediante barcazas. “Creo que este cambio de posición -de que no lo van a poder montar- obedece a que van a traer otra cosa”, afirmó sin más detalles.

Despilfarro sin prioridades

El dinero erogado en el gasoducto del norte junto con el que se gastó para un gasoducto del sur, que no progresó bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, se estima en los $100 millones.

El dinero desembolsado en el gasoducto pudo servir para otras necesidades apremiantes del País, dijo el economista Carlos Soto Santoni. “Como dirigente de un país tienes que tener las prioridades claras. Si bien es cierto que es una prioridad bajar el costo de la luz en Puerto Rico, también es cierto que se han hecho decenas de estudios sobre ese tema. Lo del gas natural no es que sea malo (pero) hay alternativas mucho más económicas. Desde el principio se sabía que había alternativas más económicas como las barcazas”.

“Dónde están las prioridades de este país. Hay un problema grande en criminalidad, en educación... Para empezar, no se hubiera tenido que despedir a tanta gente (empleados del Gobierno) de cantazo, unos cuantos salarios se hubieran pagado de ahí”, continuó.

¿Se repite la historia?

Los entrevistados concurrieron en que el gas natural es una buena opción para la transición de un combustible fósil a energía renovable. Sin embargo, esbozaron dudas respecto a la planificación, la transparencia y el empuje casi inexistente hacia la energía renovable. El planificador Félix Aponte opinó que tomará de 30 a 40 años hacer esa transición.

Actualmente, el País depende en un 70% del petróleo y sus derivados para generar electricidad. Se estima que si el gasoducto se concreta, en el 2014 la dependencia del gas natural sería de 71%. Por lo tanto, hay quienes se preguntan si echar mano al gas natural no es repetir la misma historia de 1960 cuando Puerto Rico recurrió al petróleo y sus derivados para generar energía y sigue preso del mismo.

“Veo que están enfatizando mucho en el gas natural. Tampoco podemos poner todos los huevos en la misma canasta”, dijo la planificadora ambiental González.

Mientras, Aponte reconoció que el gas es menos contaminante, más barato y seguro si se transfiere (comprimido), en vez de por un tubo, a través de barcazas a las centrales de la AEE. Pero cuestionó el tipo de contrato que se haga y las repercusiones para Puerto Rico. Por eso, dijo es imperativo el análisis y escrutinio público. “No sabemos a quién se le está comprando, quién es el intermediario, las condiciones de esa contratación, si eso nos obliga y no hay flexibilidad para tomar decisiones en el futuro”, dijo.

Otra pregunta mandatoria es dónde está la política pública de diversificación energética. “Falta un plan comprensivo que no solo atienda la parte tecnológica y económica sino los factores ambientales y sociales”, sostuvo el ingeniero electricista, Efraín O’Neill, exdirector del Instituto Tropical de Energía, Ambiente y Sociedad.

Ni el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Energéticos, Luis M. Bernal Jiménez, ni nadie de su equipo estuvo disponible para entrevista. Tampoco proveyeron estadísticas sobre cuán encaminado está el País hacia la energía renovable. En cambio, la AEE proveyó un listado de más de 20 empresas con las que generarían energía renovable.

El que sea la AEE la parte contratante es contradictorio para Lugo. “Eso asegura que la transición es una hipocresía hasta que no conservemos. Esas plantas van a estar en gas natural por muchas décadas. Somos una civilización de energía fósil. Hay que conservar y bajar el nivel de vida que tenemos en el uso de la energía”.

Juan Rosario explicó que para que, de 20 a 25 años, al menos, hasta un 70% de nuestra energía sea producida por el aire, el sol y el agua, es imperativo transformar la AEE, cuya ley orgánica de 1940 estipula que no puede tener pérdidas. Por lo tanto, toda pérdida pasa a sus 1.5 millones de abonados. “Si crece la energía renovable y se reducen sus ingresos, se lo tiene que pasar a sus abonados”.

La realidad es, según Rosario, que Puerto Rico no está donde debería estar. “Estamos produciendo 2% con energía renovable”. Agregó que como el gas es más barato que los derivados del petróleo, puede haber ahorros anuales de $600 millones, “que se deben usar para energía renovable”. “Si hubiéramos empezado a hacer el trabajo hace 20 años, nosotros probablemente tendríamos (ahora) 20% a 25% de energía renovable”, lamentó. El porcentaje, dijo, sería más que países como Alemania y España que ya tienen un 15%.

O'Neill recordó que la Ley de Diversificación Energética establece que, para el 2035, un 20% de la energía sea producida con fuentes alternas al petróleo. “Creo que esa meta podría ser más agresiva, de 30% o 40% si le añadimos esfuerzos agresivos de conservación y eficiencia energética”.

Por ser año eleccionario y luego del cambio de postura con el gasoducto, la planificadora González dijo que es tiempo de exigir acciones planificadas y pensadas que no vuelen con los cambios de gobierno.

Y es que la historia del País, como recordó Lugo, refleja lo contrario. “La política del agua y el Plan de Uso de Terrenos son importantísimas, pero están en proceso de hacerse. Llevan años y nunca se terminan. Mientras tanto, opera el revolú que le conviene a ciertas partes de la sociedad. Hay chavos para lucrarse del revolú. La organización es lo que no hacemos”.


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