Los manifestantes rechazan la enmienda al Código Penal por considerarla una afrenta a la libertad de expresión, a su derecho a protestar, a su único mecanismo para evitar el carpeteo, entre otras razones. (horizontal-x3)
Los manifestantes rechazan la enmienda al Código Penal por considerarla una afrenta a la libertad de expresión, a su derecho a protestar, a su único mecanismo para evitar el carpeteo, entre otras razones. (Luis Alcalá del Olmo)

Un grupo de estudiantes enmascarados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en su mayoría de la Escuela de Derecho, se apostaron hoy frente al Capitolio para protestar contra las enmiendas al Código Penal.

Como parte de las enmiendas contenidas en el Proyecto de la Cámara 743, que hoy se discutirá en el Senado para aprobación, se incurriría en delito menos grave si se utiliza una máscara o cualquier otro disfraz que altere la apariencia física con el propósito de “evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito”.

Cubiertos sus rostros con pañuelos, antifaces o pintura, una docena de estudiantes se opusieron a la aprobación del proyecto, por considerarlo una afrenta a la libertad de expresión, a su derecho a protestar, a su único mecanismo para evitar el carpeteo, entre otras razones.

Para Loidymar Duprey, portavoz del grupo Movimiento Estudiantil de la UPR de Río Piedras, cada manifestante debe poder ejercer su derecho a proteger su identidad en el contexto de una protesta. 

“Esto es un esfuerzo del gobierno de seguir reprimiendo la voz del estudiantado y del pueblo. Estamos en desacuerdo con la medida, no vamos a renunciar a nuestro derecho de cubrir nuestra identidad”, sostuvo.

Además, catalogó de “capcioso” el hecho de que se vayan a aprobar las enmiendas al Código Penal a solo días de que se tenga que cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones de abrir los portones de la UPR en Río Piedras.

El proyecto de ley también añade un nuevo artículo al Código Penal para prohibir la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios gubernamentales al público.

“Es un paquete legislativo que va dirigido hacia la criminalización de la protesta. Entre las enmiendas, está reinsertar el artículo 200 –la Ley Tito Kayak- que se encontró inconstitucional… porque tenía un efecto neutralizador, eso significa que con la existencia de ese delito las personas se van a sentir cohibidas de ejercer un derecho fundamental que es la libertad de expresión”, sostuvo el estudiante de derecho, René Sagardía.


💬Ver 0 comentarios