Fracasa el sistema de agua potable del País (horizontal-x3)
Entre las deficiencias del agua que llega hasta las casas y comercios de Puerto Rico, según el informe, se encuentra la presencia de coliformes fecales, arsénico, plomo, cobre y otros contaminantes. (Archivo/GFR Media)

Los sistemas  de agua potable del País presentaron la mayor cantidad de violaciones a regulaciones federales entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos. 

Según un informe divulgado ayer por tres organizaciones ambientales que realizan trabajo académico y comunitario, en total, 99.5% de las personas en Puerto Rico consumieron en el 2015 agua que incumplía con diversos parámetros de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, por sus siglas en inglés), lo que pudo poner en riesgo la  salud de toda la población.  

El informe “Amenaza a domicilio: infracciones del sistema de agua potable de Puerto Rico” surge de un estudio de las organizaciones no gubernamentales Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), El Puente: Enlace Latino de Acción Climática y la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA).

Entre las deficiencias del agua que llega hasta las casas y comercios de Puerto Rico, según el informe, se encuentra la presencia de coliformes fecales, arsénico, plomo, cobre y otros contaminantes. El informe también alertó sobre la  falta de análisis sobre  la calidad del agua y la carencia de reportes sobre  fallas en el sistema.

Según el documento, el 69.4% de la población  -equivalente a 2.4 millones de personas- se abasteció en el 2015 de sistemas de agua infectados con altos  niveles de contaminantes.

 “Lo que nos preocupa mucho es que tantas personas en la Isla que dependan de agua potable estén tomando agua que no  estén manejando bien ni se estén tomando medidas para asegurar que se mida su calidad”, indicó David Ortiz, director de la organización comunitaria El Puente.

El sistema con la mayor cantidad de infracciones  fue el del área Metropolitana, que suple, según datos del informe, a 1,064,730 personas. Allí se encontraron 64 infracciones, entre estas, violaciones a las Normas de Plomo, Cobre y Arsénico, además de la presencia de bacterias coliformes y otros contaminantes orgánicos.

“El sistema de agua de Puerto Rico está fracasando y requiere de una inversión seria para asegurar agua potable segura y limpia para la Isla”, sostuvo en declaraciones escritas Erik Olson, director del Programa de Salud del NRDC, una organización con sede en Nueva York.

De acuerdo con el análisis realizado, del 2005 al 2015, en Puerto Rico se identificaron 33,842 infracciones a la Ley de Agua Potable Segura. En el 2015 solamente, se reportaron 545 violaciones a estándares de salud en 201 de las 406 redes de abastecimiento en la Isla. Además, se reportaron 607 infracciones a la Norma de Plomo y Cobre en 158 redes de abastecimiento de agua que le prestaron servicios a 3,379,808 personas.

“Todas excepto una de dichas infracciones se debieron a la falta de pruebas para detectar plomo o por la omisión de rendir informes a las autoridades y de avisar alpúblico al detectar problemas en el sistema”, indica el documento, que también advierte que hubo muestras de agua que sobrepasaron el “Lead Action Level” de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Este hallazgo fue de particular importancia para Ortiz, quien tildó la situación como una “crisis de agua como ninguna otra en los Estados Unidos”. 

Validación a medias

 Aunque varios funcionarios del gobierno de Puerto Rico validaron en parte los hallazgos del informe, advirtieron que la mayoría de los incumplimientos están relacionados con la falta de monitoreo y notificación pública del estado en que se encuentran los sistemas de agua del País.

“El agua (potable en Puerto Rico) es apta para beber, no representa un riesgo a la seguridad (de las personas)”, insistió el ingeniero Elí Díaz Atienza, quien preside la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Aunque admitió que “hubo un por ciento reducido de violaciones por niveles elevados de contaminantes”, llamó la atención a que el informe no detalla si los sistemas en los que se detectaron violaciones son parte de los 164 que pertenecen a la AAA o si son de los 302 que operan de forma privada.

Además, observó que, si  el análisis de las organizaciones hallaba una infracción en alguna de las redes que suplen a un sistema, extendía sus efectos a  los usuarios de toda esa estructura en lugar de limitarlos al lugar donde se encontró la violación.

Díaz Atienza reconoció que, debido a la crisis fiscal, la AAA no está realizando obras de infraestructura mayores, sino reparaciones y mejoras operacionales menores, y recalcó la importancia de que la corporación pública pueda acceder a fondos federales que encaminen el Plan de Mejoras Capitales.

El ingeniero Javier Torres, director de la División de Agua Potable del Departamento de Salud, coincidió en que una violación en un punto de muestreo no afecta la totalidad de la población que se abastece de esa fuente. Además, comentó que el informe no indica las acciones posteriores que se tomaron tras el reporte de las violaciones. Sin embargo, insistió en que se necesita una inversión de dinero para reparar la infraestructura  que, por su uso operacional, se deteriora.

Urgen soluciones

Para Arturo Massol, portavoz de la organización comunitaria Casa Pueblo, afirmar que  99.5% de la población se ha afectado por violaciones a la calidad del agua potable del País es un argumento peligroso que puede llevar a soluciones equívocas.

 “Sí, hay asuntos puntuales que atender, pero la clave está en proteger las cuencas hidrográficas que suplen esas plantas (de agua potable)”, subrayó.

Desproteger estas cuencas, afirmó, se traduce en un esfuerzo de potabilización mayor del agua que a la larga cuesta más dinero.

A su juicio, el gobierno ha invertido en una infraestructura de agua que cumple su fin a pesar de enfrentar algunas dificultades. Lamentó, noobstante, que el agua potable en Puerto Rico tenga  que cumplir con ciertos estándares federales que no se ajustan a ambientes tropicales como el de Puerto Rico.

 Aunque Massol aceptó que ocurren violaciones de ciertas regulaciones, indicó que algunas obedecen a eventos ocasionales, como la turbiedad y la gran cantidad de sedimento  que se puede observar en el agua tras un epidosio de lluvias fuertes.

“Por eso (considero que) hay que tener cuidado (con el informe) porque podría crearse una crisis para justificar (el uso de) agua embotellada y que el País siga endeudándose en más infraestructura”, señaló.

Para la licenciada Evelyn Rivera Ocasio,  quien preside el capítulo local de  la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), las conclusiones del informe son “alarmistas”  y no toman en consideración que el sistema de la AAA es uno de los más complejos entre todas las jurisdicciones de los Estados Unidos.

“Si bien es cierto que las violaciones reportadas ocurrieron,  el informe se limita a recomendar la inversión de capital para desarrollar proyectos de mejoramiento a la infraestructura para el tratamiento de agua potable”, indicó Rivera Ocasio, quien  deploró que el documento no presente otras soluciones que aborden el problema medular que, a su juicio,  realmente tiene el País: la protección integral del recurso agua.

Además, la abogada recordó que, hace dos años,  el País encaró una de las  más grandes sequías en su historia y que, actualmente, enfrenta un complicado panorama financiero.

“Todos podemos poner nuestro grano de arena para asegurar que el agua que consumimos y usamos sea segura”, dijo.


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