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Miembros del liderato novoprogresista de la Cámara de Representantes frenaron ayer la "errada" versión senatorial que establecería un nuevo Código Penal de "mano dura".

"Lo voy a chequear todo. Un Código Penal es un proyecto bien grande, no es una ley que se pueda aprobar en un descargue", puntualizó la presidenta de la Cámara, Jenniffer González.

Más lejos fue la presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico, Liza Fernández, al decir que los senadores erraron al eliminar del Código los agravantes en crímenes cometidos por razón de orientación sexual, género y origen étnico.

"Para mí fue un error eliminar ese agravante del Código", expresó. Ante la selectividad en esa eliminación, hará una revisión completa del Código en audiencias que inician mañana.

"Si se iba a decidir que se dejarían los agravantes solamente en las Reglas de Procedimiento Criminal, se debió eliminar el artículo de los agravantes completo o si se van a dejar en las Reglas, entonces, en el Código se debieron dejar todos", precisó Fernández. La eliminación de los agravantes en crímenes contra minorías es una de varias controversias que la versión senatorial del Código ha levantado.

Otras críticas a la revisión senatorial del Código es que prohíbe el aborto a pesar de que es permitido a nivel federal; reduce las penas contra policías o funcionarios gubernamentales que cometan delitos durante una investigación y elimina la figura del cooperador en la comisión de crímenes.

Movida contradictoria

 

Esos aspectos fueron denunciados por miembros de la delegación popular.

El representante popular Charlie Hernández -quien en el 2004 estuvo al frente de la revisión del Código Penal como presidente de la Comisión de lo Jurídico-, dijo que parte del problema de la nueva legislación radica en su filosofía contradictoria de "mano dura".

La revisión incluye aumentos en las penas por la comisión de delitos, lo que el gobernador Luis Fortuño ve como disuasivo para los que contemplen cometer crímenes.

Hernández apuntó, sin embargo, que el alza en las penas sería neutralizada por la Ley 208 del 2009, la cual reduce en entre 60 a 84 días anuales el periodo de cárcel de los confinados considerados rehabilitados, que estudien o trabajen.

El legislador echó mano de datos que la Administración de los Tribunales presentó en las vistas conjuntas del Código Penal, los cuales muestran una baja en los casos criminales presentados ante los tribunales. Por ejemplo, en el año fiscal 2004-2005 se registraron 38,290 denuncias, mientras que del 2010 al 2011 se presentaron 26,348, señaló.

"El nuevo Código crea una apariencia de mano dura, mientras les abren las puertas a los convictos con una ley que permite las bonificaciones y, de paso, no están arrestando, no están procesando", afirmó Hernández.

Leniente con policía corrupto

 

De acuerdo con Hernández, la propuesta para el nuevo Código es leniente con los policías y funcionarios del gobierno que cometen delitos mientras realizan investigaciones. Por ejemplo, el Código vigente impone tres años de prisión al policía que obtenga una orden de allanamiento falsa o haga un arresto ilegal. Pero si se adopta la revisión del Senado, el policía delincuente cumpliría solo la pena fija de un año de prisión.

"La mano dura no era tan dura cuando era contra policías abusadores", dijo.

El representante denunció la eliminación de la figura del cooperador en un crimen. Esta es la "persona que pudo haber evitado que se cometiera un delito y no actuó", según definido por el Tribunal Supremo en el caso contra los policías Carlos Sustache y Zulma Díaz, acusados de cooperar en el asesinato del ciudadano Miguel A. Cáceres.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado, José Emilio González, apuntó que lo que se busca es igualar la figura del cooperador con la persona que cometió el crimen. "Si nos ponemos de acuerdo para ir a matar a una persona, el que guía el carro es un cooperador del que haló el gatillo. Ahora el cooperador es como el autor; ambos responden por el asesinato", apuntó.

Pero Hernández insistió en que González confundió el coautor de un crimen con la figura del cooperador.

Minorías desprotegidas

 

Mientras, legisladores de ambos partidos debatieron la intención del Senado de eliminar la tipificación del crimen de odio que data del 2002.

La representante Albita Rivera llamó "inmoral" al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por legislar en contra de los homosexuales mientras otorga un donativo de $80,000 a un centro de ayuda a esta comunidad en Hato Rey, del cual Rivera es madrina. Agregó que los dominicanos quedarían indefensos.

Mientras, Rivera Schatz atacó en el hemiciclo al senador popular Eduardo Bhatia, quien denunció la controvertible enmienda.

Le cuestionó su récord legislativo, lo llamó "ignorante" y afirmó que la delegación popular está compuesta por "demagogos, incompetentes y malos". Y alegó que el Senado nunca cambió el lenguaje del Código Penal aprobado en el 2004.

Bhatia dijo por escrito que "Rivera Schatz nuevamente recurre al insulto destemplado, al no encontrar argumentos inteligentes para justificar la eliminación como agravante de ciertos crímenes de odio del Código Penal".

Añadió que Rivera Schatz "no pudo explicarle al país por qué se eliminó en el Senado las protecciones a víctimas por razón de orientación sexual, género, identidad de género y origen étnico".

Dijo que "al contrario, negó que esto se eliminó … No lo puede justificar, porque es injustificable y constituye un acto vergonzoso en la historia del país, darle la espalda a la protección de derechos humanos".

Mientras, el senador González alegó que el renglón "condición social" cobija a las víctimas que pertenecen a minorías.


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