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El 1 de mayo miles de personas se manifestaron en contra de las medidas de austeridad que se le han impuesto a la Isla. (Xavier García)

Sobre una docena de agrupaciones cívicas puertorriqueñas firmaron una declaración de rechazo contra entidades que, consideran, han decidido "reprimir" y "criminalizar" el derecho a protestar en la Isla a pesar de que esta acción es un derecho constitucional.

"Estamos de cara a una crisis humanitaria de grandes proporciones. Si repasamos lo que hemos vivido en los primeros cuatro meses del 2017, veremos un mapa de destrucción social y económica. Y sin embargo, se pretende reprimir a quienes protestan y trabajan para encontrar respuestas que beneficien a todos los sectores", cita el escrito.

Entre los grupos que firmaron la declaración, están el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, el Proyecto Matria y de Somos [email protected], del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, el Campamento contra la Junta, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Partido del Pueblo Trabajador y el Comité de Acción Legal.

Además, varias asociaciones universitarias y legales como la Clínica de Asistencia Legal, la Clínica de Derecho Ambiental, y el Movimiento Pro-Justicia Social, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y los Profesores Autoconvocados en Resistencia Solidaria, se unieron al respaldo.

Según la declaración de rechazo, el gobernador Ricardo Rosselló, al igual que de otras corporaciones, principalmente el Banco Popular, se han unido para impedir las acciones de protesta de la sociedad y criminalizar a las organizaciones que lideran los procesos de movilización ciudadana en la Isla, por lo que determinaron de manera unánime un boicot a la entidad bancaria.

En la declaración, se destaca cómo el pasado 1 de mayo -fecha de la huelga general – donde miles de personas se manifestaron en contra de las medidas de austeridad que se le han impuesto a la Isla, el Banco Popular "decidió usar sus privilegios y el sistema de justicia para paralizar a organizaciones y líderes que convocaron al pueblo a movilizarse".

"Hay que mantener vivos los reclamos de justicia, salud, educación, vivienda y trabajo digno. De eso se trataba el 1 de mayo, de eso trata el momento actual. No hay mayor violencia que aquella que priva derechos humanos fundamentales como lo son la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la dignidad humana", se expresa en el documento.


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