Desde el 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de octubre de 2016, que fue cuando culminó el periodo de auditoría de la OCPR, esa oficina regional no contaba si quiera con un director en la división de Conservación de Carreteras y mejoras permanentes. (horizontal-x3)
Desde el 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de octubre de 2016, que fue cuando culminó el periodo de auditoría de la OCPR, esa oficina regional no contaba si quiera con un director en la división de Conservación de Carreteras y mejoras permanentes. (Suminis

La falta de personal y de supervisión en la oficina regional del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en Arecibo generó dilapidación de fondos públicos y problemas en las vías de tránsito, según se desprende de un informe de auditoría que la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy.

De hecho, desde el 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de octubre de 2016, que fue cuando culminó el periodo de auditoría de la OCPR, esa oficina regional no contaba si quiera con un director en la división de Conservación de Carreteras y mejoras permanentes, por lo que las labores de dirección las hacía el jefe del Área de Conservación de Carreteras.

El propósito principal de la oficina regional, según se explica en el documento de la OCPR, “es preservar y mantener la red de carreteras y puentes en un estado de calidad óptima para ofrecer al público un tránsito cómodo y seguro. Para facilitar dicha encomienda, la oficina regional mantiene cinco oficinas en Arecibo, Ciales, Naranjito, Utuado y Vega Baja”.

No obstante, de estas cinco oficinas, tres están cerradas- la de Ciales, Utuado y Vega Baja- y en condiciones de abandono, según constataron los auditores de la Oficina del Contralor.

Estas tres oficinas fueron cerradas, pero dejaron dentro de ellas equipo de oficina o de trabajo, que según observaron los auditores estaban sin limpiar y en deterioro. Además, en algunas había equipo con desperfectos mecánicos que fue abandonado, sin que se le hicieran reparaciones o decomisaran, y en otras, había herramientas de construcción como palas rastrillos y equipo de desyerbo que también fueron abandonados.

No solo se desatendió equipo, también en esas oficinas quedaron abandonados documentos relacionados a proyectos de construcción y reparaciones.

En el caso de la oficina de Ciales, después que se hizo una inversión para la construcción de una estructura de bloques y hormigón, la dejaron sin terminar.

“La Oficina de Vega Baja fue cerrada el 22 de noviembre de 2013, por el entonces director regional, por falta de personal para atender esa zona y no se tomaron las medidas pertinentes para conservar la misma”, destaca el informe. “A esta Oficina le forzaron los portones de entrada, le robaron las ventanas y el cableado eléctrico, y le dejaron expuestas las conexiones eléctricas y los circuitos”, añade.

Así también, las oficinas de Utuado y Ciales fueron cerradas, pero al 17 de junio de 2016 contaban con servicios de energía eléctrica, agua y telefonía. Mientras que la oficina de Vega Baja fue cerrada el 22 de noviembre de 2013, pero el servicio de electricidad no fue dado de baja hasta el 21 de agosto de 2015 y el servicio de agua potable fue cancelado el 3 septiembre de2015.

“Nuestros auditores no pudieron cuantificar el gasto incurrido para dichos servicios, ya que el Departamento no pudo proveernos la información que les fue requerida”, menciona el documento publicado hoy.

Durante los años fiscales del 2013-14 al 2015-16, las asignaciones presupuestarias de la oficina regional de Arecibo ascendieron a $2,156,3573, indica el informe del Contralor. El DTOP tiene siete oficinas como estás a través de la isla.

Paseíto en lancha de cachete

Por otro lado, el informe de auditoría señala que desde el 9 de agosto de 2001 no se cobraba por el servicio de lanchas en el embarcadero del Lago Dos Bocas, a pesar de que el servicio es gratuito únicamente para los residentes de los barrios Caniaco, Don Alonso, Limón y Sabana Grande del Municipio de Utuado, y del barrio Río Arriba del Municipio de Arecibo, quienes quedaron aislados cuando la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico construyó la represa.

Como ejemplo, la OCPR señaló que desde enero a marzo de 2016, las lanchas realizaron 262 viajes y transportaron 3,175 pasajeros, de los cuales 3,131 no eran residentes de esos barrios. Por lo que, de enero a marzo de 2016, el DTOP dejó de ingresar al menos $3,131, estimó la OCPR.

“Se estableció una tarifa para los usuarios no residentes, la cual se utilizaría para cubrir los gastos de transportación y mejorar el servicio que se presta”, se explica en el informe. “Para el año fiscal 2015-16, se realizó un proyecto de mejoras a las instalaciones del Embarcadero y se construyó el paseo Lago Dos Bocas a un costo total de $157,645”, agrega.

Para prestar los servicios, hay dos lanchas y en el área del embarcadero hay un área para que los visitantes aborden las lanchas, un salón para celebrar actividades, oficinas y almacenes, entre otras áreas. El embarcadero tiene un funcionario a cargo, cuatro empleados y dos operadores de embarcaciones.

En ese mismo año fiscal se gastaron $38,486 en compra de combustible y $43,404 para la adquisición de piezas para el mantenimiento de las embarcaciones. También se incurrió en gastos limpieza y mantenimiento de áreas verdes, seguridad, adquisición de materiales y artículos de oficina, y gastos de servicios. 

“El encargado de la oficina regional le indicó a nuestros auditores que no resultaba costo efectivo el nombramiento de recaudadores para cobrar por el servicio de transportación brindado, ya que el total a recaudar no cubriría el gasto de nómina en el que se incurría”, menciona el documento.

Por otro lado, los auditores encontraron falta de supervisión y mantenimiento en obras realizadas para mejoras en las carreteras como cunetones y pocetos pluviales, que estaban cubiertos por vegetación, tierras y hojas lo que afectaba su drenaje.

“La falta de mantenimiento a estos drenajes ocasiona, entre otros problemas, inundaciones y desprendimientos de tierra, lo que conllevala utilización de más recursos y mayor presupuesto para corregirlos”, advierte la auditoría. 


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