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El Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico discute hoy el anejo que acompañará el informe de seguimiento que se sometió a la Middle States Comission on Higher Education. El documento de ocho páginas añade datos que no se incluyeron en el informe sometido por la rectora Ana Guadalupe el pasado 1 de marzo.

Menciona que una de las preocupaciones mayores de la comunidad universitaria ha sido el uso de la fuerza como un método para la resolución de conflictos en el recinto riopedrense. Indica, por ejemplo, que se contrató a una compañía privada de seguridad durante el conflicto estudiantil. “Una estrategia que lejos de contribuir a la estabilidad del ambiente académico, exacerbó la situación”, consigna el documento en la página 4.

Añade los incidentes de “brutalidad policiaca” ocurridos en confrontaciones entre la Unidad de Operaciones Tácticas, estudiantes y otros miembros de la Comunidad Universitaria. Plantea además que la intervención policiaca consigna el abandono a la política de no confrontación, una política institucional que restringía el uso de la Policía como método para resolver conflictos en el campus universitario.

Este informe se somete como parte del proceso de probatoria que enfrenta el recinto.
 


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