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La degradación del crédito de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por parte de la agencia acreditadora Moody’s Investors Services podría usarse de justificación para que la gerencia de la institución continúe recortando clases, fusionando programas y congelando plazas, coincidieron los economistas Carlos Colón de Armas y Argeo Quiñones Pérez.

En entrevista con El Nuevo Día para analizar el informe, los catedráticos del Recinto de Río Piedras indicaron que esta determinación encarecerá el costo de tomar prestado para la UPR.

Aseguraron también que la situación fiscal de la institución sigue precaria a pesar del plan de estabilización fiscal de la administración.

El pasado 22 de noviembre, Moody´s degradó los bonos con fondos garantizados de Baa1 a Baa2 y devaluó los bonos serie 2000A, cuya fuente de repago proviene de ingresos de arrendamiento de la UPR, de la clasificación Baa2 a Baa3.

“La degradación de la UPR refleja la degradación de la clasificación del Gobierno de Puerto Rico a Baa1 y su perspectiva negativa, que provee cerca del 75% de los recaudos operacionales de la Universidad, junto a un estado de situación muy débil y una liquidez extremadamente pequeña”, reza la decisión de Moody's.

El lenguaje “ofrece una justificación para reducir la UPR”, afirmó Quiñones, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales.

En la página 2, el informe además consignó que la UPR inició una evaluación de los programas académicos para determinar cuáles se podían eliminar o consolidar y aumentó el cupo de estudiantes por clase.

“Anticipo que esta opinión se pueda usar como excusa para ciertas decisiones. No me sorprendería que se use para cancelar secciones y programas”, señaló Colón de Armas, profesor de Finanzas de la Facultad de Administración de Empresas, al tiempo que dijo que en el último proceso de prematrícula hubo una merma significativa de clases.

Mirada al financiamiento

Pero las observaciones de Moody´s también podrían allanar el camino para cambiar la forma de financiamiento del sistema universitario público. La UPR recibe el 9.6% de los ingresos que entran al fondo general los dos años previos al momento del cálculo.

Ante el planteamiento de dependencia podría surgir una propuesta para reducir la aportación estatal y obligar a la institución a buscar fuentes alternas de ingresos como alzar los costos de matrícula u obligar a los Departamentos a aumentar sus ingresos de propuestas “como condición para su existencia”, según Quiñones.

Ambos economistas rechazaron las medidas fiscales propuestas por la gerencia de la UPR para atender el déficit millonario que enfrenta la institución porque se vulnera la excelencia académica.

A cambio, Quiñones propuso realizar esfuerzos para recuperar los casi $300 millones que la UPR tiene en cuentas por cobrar y que ayudarían a aliviar el problema de flujo de efectivo.

Colón de Armas, por su parte, recomendó aumentar el número de estudiantes, pero no bajando los índices de admisión, sino recuperando a los alumnos que abandonaron el sistema.

Para el semestre en curso, la UPR calculó una matrícula de 57,000 estudiantes, según Moody´s. Esta cifra constituye una merma dramática de los 65,669 estudiantes que había en el año fiscal 2009-2010.

Colón de Armas, uno de los autores de “La Universidad: Sumando Ganamos Todos” también volvió a plantear una de las sugerencias de dicha propuesta: estabilizar las finanzas de la UPR con una asignación gubernamental de $150 millones para luego, en un ambiente de confianza, iniciar un diálogo en la comunidad universitaria para discutir e identificar las medidas fiscales para esta crisis.

Además, planteó que la nueva presidencia de Luis Berríos en la Junta de Síndicos ofrece una posibilidad para cambiar el rumbo de la institución.

“Creo que Luis Berríos sería una agente catalítico para cambiar el enfoque actual” afirmó Colón de Armas

No se afectó la calidad

Berríos rechazó la reducción en los cursos y secciones y el deterioro en la calidad académica de la institución.

“Es un hecho que hay menos estudiantes y eso muchas personas se lo adjudican al conflicto (estudiantil), porque históricamente se reduce la matrícula después de una huelga. Si hay menos estudiantes, va a haber menos demanda de cursos”, dijo Berríos.

“He dialogado con el Presidente (Miguel Muñoz) y la rectora (Ana Guadalupe de Río Piedras) y me garantizan que mientras haya una demanda razonable los cursos se van a abrir, pero no puedes abrir un curso para dos estudiantes. No es viable ni económica ni académicamente”, agregó.

Sobre las medidas que podrían mejorar la salud fiscal de la UPR, mencionó una ley aprobada recientemente para que los ciudadanos puedan aportar dinero a través de la planilla.

Berríos también iniciará esfuerzos para lograr mayores aportaciones de la empresa privada y promoverá la UPR a través de una campaña de medios para aumentar la matrícula de estudiantes.

Tampoco descartó una revisión de la ley universitaria.

“Nuestra ley es antigua. Es de la década del 60. Hay que sentarse y mirar qué cambios se pueden hacer. Hay que sentarse con el Ejecutivo y el legislativo para ver cómo se pueden mejorar la economía y las finanzas de la UPR”, afirmó Berríos.

La UPR en números

74.7%

ingresos de la UPR que provienen del gobierno central


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