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Junta de Gobierno de la UPR analiza en qué áreas se harán los recortes (horizontal-x3)
La UPR falló en entregar un plan fiscal a 10 años para el 30 de abril, luego que la Junta de Gobierno rechazara el documento que elaboró la administración universitaria. (Wanda Liz Vega Dávila)

El rechazo a un plan fiscal a 10 años para la Universidad de Puerto Rico (UPR) no impedirá que la institución tenga que imponer medidas de austeridad en los próximos meses para poder operar, pues desde ya trabajan en la confección de lo que será su presupuesto para el próximo año fiscal con millonarios recortes.

Pero los ajustes en este presupuesto no necesariamente seguirán las mismas estrategias de ahorro que durante meses se discutieron como parte del diseño del plan fiscal que el sistema universitario debía entregar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado domingo, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Carlos Pérez Díaz.

Aunque no han tenido acceso al presupuesto gubernamental que la administración del gobernador Ricardo Rosselló entregó el domingo a la JSF, se sabe que este contendrá una reducción de $149 millones en la asignación que recibe el sistema universitario directo del Fondo General, señaló Pérez Díaz.

“No es lo mismo un plan fiscal que un presupuesto. Ahora tenemos que ir línea por línea a ver dónde se hacen los recortes. Ya el trabajo se había comenzado. Originalmente, cuando el recorte (ordenado por la JSF) era de $300 millones (en dos años), estuvimos trabajando para conseguir recortes de $150 millones (para el 2018)”, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno.

Al momento, los datos que han recibido es que se mantendrán las partidas que recibe la institución producto de leyes especiales -como fondos de la Compañía de Turismo bajo la Ley de Juegos de Azar- y mediante asignaciones de la Asamblea Legislativa, indicó Pérez Diaz.

La UPR falló en entregar un plan fiscal a 10 años para el 30 de abril, luego que la Junta de Gobierno rechazara el documento que elaboró la administración universitaria.

El plan que no fue aprobado contenía recortes anuales que ascenderían hasta $241 millones a partir del sexto año, una propuesta que se trabajó luego que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) presentara otra para imponer recortes de hasta $512 millones para el año fiscal 2025-2026.

Queda en manos de la JSF confeccionar el plan fiscal para la UPR, pero al momento la administración del sistema universitario no ha tenido comunicación con el organismo que controla las finanzas del País, señaló Pérez Díaz.  

“Entendemos que los consultores de la Junta de Supervisión Fiscal estarán trabajando un posible plan fiscal para la UPR que eventualmente pueda ser certificado. En algún momento, debe haber reuniones entre la UPR y representantes de la JSF al respecto”, precisó el director de la Oficina de Finanzas de la UPR, Norberto González. 

“Si hubiésemos aprobado un plan fiscal, quizás habría reuniones para discutirlo y dialogar. Pero ahora no tenemos nada”, indicó Pérez Díaz.

Con dinero para pagar. Contra la UPR pesan dos demandas a nivel federal por la falta de pagos a sus acreedores, una de ellas radicada por el síndico que custodia los fondos que adeuda la institución, el US Bank, detalló Pérez Díaz. 

La UPR tiene los fondos para pagar sus deudas y ha separado el dinero mensualmente en una cuenta en la banca privada, pero no puede hacer llegar el dinero a sus acreedores debido a la paralización de pagos impuesta por la Ley de Moratoria. 

Al expirar el lunes la paralización de litigios contra el gobierno que impuso la Ley federal PROMESA, el sistema universitario se encuentra en una posición de incertidumbre.

“Preguntamos si podíamos empezar a hacer los pagos, pero nos han dicho que, por el momento, no”, señaló Pérez Díaz.

Dado a que cuenta con los fondos para cumplir con sus acreedores, la UPR no tiene “necesidad inmediata” de acogerse al Título III de PROMESA como lo hizo ayer el gobierno, sostuvo, por su parte, González.


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